El Gobierno ZP cambia la Ley Concursal para favorecer a los bancos que refinanciaron sin medir los riesgos

El Gobierno ZP vuelve a cambiar las reglas del juego a mitad de partido para favorecer a los bancos. En este caso, se trata de la reforma de la Ley Concursal, incluida en el Real Decreto Ley de Medidas de Impulso Económico aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

Con la excusa de “dar más seguridad jurídica a las refinanciaciones de deuda para apoyar a las empresas viables, evitar concursos de acreedores innecesarios y agilizar los trámites de los despidos con el fin de que los trabajadores de empresas insolventes cobren más rápido”, lo cierto es que las modificaciones de la Ley Concursal vienen a satisfacer una de las principales demandas de las entidades financieras, toda vez que impide que las operaciones realizadas en los dos años anteriores a la declaración de insolvencia puedan ser anuladas por un juzgado mercantil al considerarlas perjudiciales para el resto de los acreedores.

Según el director general técnico del Ministerio de Justicia, Santiago Hurtado, tendrán ese escudo protector todas aquellas reestructuraciones que sean apoyadas por el 60% de los acreedores de una empresa, siempre que vayan acompañadas de un plan de viabilidad, de un informe favorable de un experto independiente y se deje constancia en escritura pública. Un porcentaje que, en muchos casos, lo conforman las propias entidades.

Tanto la patronal bancaria (AEB) como la patronal de las cajas (la CECA) pidieron a finales de 2008 al Gobierno que diera más seguridad a tales operaciones, para evitar casos como el de Martinsa-Fadesa, donde los administradores concursales han solicitado que se anulen las garantías que tomaron los bancos para asegurarse el pago de los créditos concedidos a la inmobiliaria.

No será retroactiva

La reforma de la Ley Concursal no será retroactiva, pero permitirá que todas aquellas refinanciaciones ya acordadas puedan regularizarse, siempre que la empresa no se encuentre ya en concurso de acreedores (como es el caso de Martinsa-Fadesa).

Entre otras medidas de calado, la reforma permitirá que la empresa que ha presentado un concurso de acreedores continúe tramitando los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ante la autoridad laboral pertinente mientras el juez no declare el concurso. Además, esta reforma de la Ley Concursal impulsará los convenios anticipados y las liquidaciones anticipadas de empresas.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, se mostró convencido de que el nuevo conjunto de medidas económicas que ha aprobado el Consejo de Ministros facilitarán la actividad de las empresas . En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Solbes destacó que la reforma de la Ley Concursal que recoge el Real Decreto Ley -que tiene como objetivo ayudar a mantener las empresas solventes en lugar de recurrir en demasía a los concursos- servirá para cambiar una norma que se ha mostrado como muy rígida en un momento como el actual.