La compañía Instalaza, en quiebra técnica

Los responsables de Defensa, conscientes de la repercusión financiera de la decisión, han mantenido reuniones con la dirección de Instalaza para buscar medidas que pudieran aliviar sus consecuencias económicas aunque, al parecer, no se ha llegado a resultados satisfactorios. Fuentes solventes aseguraron que, en cualquier caso, el Gobierno español comunicó a la empresa que se opondría a cualquier intento de vender la patente o la tecnología de la MAT-120 a terceros, por entender que eso iría directamente contra las condiciones suscritas en el Tratado de Dublín. Al mismo tiempo, entablaron negociaciones para intentar concederles en compensación contratos para la destrucción de este tipo de municiones pero las conversaciones no habrían avanzado ante la imposibilidad de Instalaza de afrontar las inversiones en maquinaria que requería este tipo de actividad.

La otra empresa que también se ha visto afectada directamente por la decisión del Gobierno de prohibir las municiones de racimo, Expal, sí ha logrado, por su parte, acuerdos con el Ministerio de Defensa para hacerse cargo de la desmilitarización de las bombas cluster que tenía la Fuerza Aérea española en almacenaje y cuyo coste podría superar los dos millones de euros. Además de las municiones para morteros MAT-120, Instalaza fabrica otros productos como granadas de mano Alhambra, sistemas contracarro C90-CR y Alcotan-100, así como distintos dispositivos de visión nocturna para los mismos. Fundada en 1943, Instalaza tiene sede social en Madrid pero sus centros de producción se encuentran en Zaragoza.