Caso Gescartera: La Caixa y Caja Madrid pagan y la CNMV se va de rositas

Una sentencia “tranquilizadora” pero, como suele pasar para los afectados en cualquier proceso, incompleta. Y la pieza que falta en el puzle de condenas y sanciones por el 'caso Gescartera' no es otra que la mismísima Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), excluida desde el inicio de la vista oral “para evitar la acusación de responsabilidad civil subsidiaria del Estado”, según fuentes próximas al caso. Por su parte, quienes van a pagar el ‘agujero’ son La Caixa y Caja Madrid como responsables civiles subsidiarias. Entidades con solvencia que garantizan y calman, por el momento, las ansias de recuperar el dinero de los más de 4.000 inversores afectados por la estafa.

El que no se ha librado ha sido la cabeza de turco, Antonio Camacho, dueño de Gescartera junto a otras ‘personalidades’ vinculadas a la oscura agencia de valores. En la mañana del jueves, la Audiencia Nacional condenaba a Camacho a un total de 11 años de prisión, ocho por el delito de apropiación indebida y tres por falsedad documental. Asimismo, consideró a La Caixa y Caja Madrid como responsables civiles subsidiarios de un agujero de 87,99 millones de euros. De esta forma, las dos cajas se convierten en los paganini del caso Gescartera.

Con todo y con eso, queda mucho camino para cobrar las indemnizaciones ya que "la sentencia es tranquilizadora, pero el caso acabará con toda seguridad en el Supremo, tanto por las cajas como las personas condenadas", comentan fuentes solventes próximas al caso. De hecho, horas después de la lectura de la sentencia, La Caixa anunció su intención de recurrir el fallo mediante recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La entidad de ahorro catalana aseguró que se trata de una cuestión legal de alta complejidad que en estos momentos analizan sus servicios jurídicos.

Además de la CNMV, que avaló a Gescartera cuatro meses antes de descubrirse el desfalco, otras instituciones que también se han ido de rositas son la ONCE, HSBC, Deutsche Bank, Bankinter y Banco Santander. Por si alguien dudaba, el aún portavoz popular en el Congreso Eduardo Zaplana aseguró que este caso “no tuvo absolutamente nada que ver con la acción" del por entonces Gobierno de José María Aznar”.

Lectura de la sentencia

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal leyó de forma pública el fallo de la sentencia de 592 folios (ver texto íntegro), en la que absolvió a seis personas y condenó a otras ocho, a las que impuso un total de 52 años de cárcel. El tribunal presidido por Carmen Paloma González considera que los condenados despatrimonializaron la sociedad Gescartera, desviando los fondos que les habían confiado sus clientes. En concreto, los jueces señalan que los condenados "colaboraron manteniendo una situación aparentemente normalizada pero que en realidad constituía una mera fachada a cuya sombra se llevaba a efecto una premeditada, sistemática y persistente maniobra de desapoderamiento de los capitales y valores invertidos por los clientes".

En concreto, destacan la responsabilidad de Camacho, el número 2 de la agencia, José María Ruiz de la Serna, y el subdirector general, Francisco Javier Sierra de la Flor. Por ello, además de Camacho, el tribunal ha impuesto una pena de cárcel a José María Ruiz de la Serna, para quien dictó un total de 10 años y medio de prisión -7,5 años por apropiación indebida y 3 años por falsedad documental-.

Por su parte Aníbal Sardón, propietario de Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), sociedad vinculada a la agencia de valores Gescartera, fue condenado a nueve años de cárcel por apropiación indebida (siete años) y falsedad documental (dos años). El apoderado y subdirector general Francisco Javier de la Sierra Flor también fue condenado, en su caso a seis años y medio de prisión por la autoría de un delito continuado de apropiación indebida, al igual que el asesor fiscal Julio Rodríguez Gil, para el que la pena se queda en seis años al ser cooperador necesario.

Una de las personas que se mostró más turbada durante la lectura del fallo fue la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, condenada a una pena de tres años y seis meses de prisión por ser cómplice de un delito de apropiación indebida. Giménez-Reyna, para la que el Ministerio Público había solicitado ocho años de cárcel, podría tener que entrar en prisión, donde ya pasó cinco meses, si se confirma la pena impuesta. En su caso, el tribunal recuerda que por su condición de directora comercial no le era ajena la irregular actividad que en el seno de la empresa se estaba llevando a cabo en perjuicio de los clientes.

Caja Madrid Bolsa y La Caixa, responsables civiles subsidiarios

Por su parte, los empleados de La Caixa José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats, también fueron condenados a tres años de prisión por ser cómplices de apropiación indebida. El tribunal también ha considerado a Caja Madrid Bolsa y a La Caixa como responsables civiles subsidiarios del agujero patrimonial y de los daños, valorados en 87,99 millones de euros o 14.641 millones de pesetas. La razón esgrimida por el Tribunal reside en la jurisprudencia creada por la sentencia del Supremo de 20 abril de 2007, según la cual: "Son responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente, las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios".

Estas dos empresas podrían tenerse que hacer cargo de la mayor parte de esa cantidad, ya que los otros responsables civiles subsidiarios son las sociedades vinculadas a Gescertera (Gescartera Gesión, Bolsa Consulting, Bolsa Consulting Madrid, Breston, Promociones Andolini, Asesoría y Gestión de Patrimonios).

De esa cantidad también deberán responder civilmente de modo solidario todos los condenados, cuyo patrimonio es reducido, según las fuentes consultadas. Como medidas cautelares, se ha pedido la entrada en prisión tanto de Antonio Camacho, que no llegó a cumplir tres años de prisión, como José María Ruiz de la Serna, Francisco Javier Sierra de la Flor, Aníbal Sardón y Julio Rodríguez Gil. Todos ellos ya se encuentran entre rejas.