Cisma empresarial por la movilización de los autónomos contra el Gobierno

“Es bueno que CEOE y Cepyme no se unan a nuestra protesta. Así la sociedad española se dará cuenta de que hay vida más allá de ellas”, afirmaba ayer a El Confidencial Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que encabezará una concentración el 26 de marzo frente al Congreso de los Diputados para exigir medidas más enérgicas del Gobierno en favor de su colectivo. Era su forma de responder a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que horas antes no sólo había rechazado secundar la protesta, sino que acusaba a ATA de utilizar las siglas de la patronal.

Amor, que está sobre todo apoyado por las patronales de pymes de Baleares (Pimeb) y de Cataluña (Pimec), asegura que la plataforma que encabeza representa a una cuarta parte de los empresarios del país y quiere trasladar a la Cámara un documento en que se piden medidas no demasiado novedosas: aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social, reformas fiscales y laborales, así como que se ataje la elevada morosidad. Nada nuevo bajo el sol. Medidas del mismo jaez de las que llevan meses solicitando CEOE y Cepyme. Cambia la forma. Tras meses de amenazas, por fin una parte de los empresarios se pone detrás de una pancarta.

Y es que la apuesta de Amor constituye un órdago para las patronales, a las que obliga a tomar posición. Algo nada fácil ya que tanto CEOE como Cepyme son actores principales de un tocado proceso de diálogo social con sindicatos y gobierno, en el que se les exige un nivel de responsabilidad que excluiría cualquier tipo de movilización. La cuestión que se les plantea es si otros, más hábiles, aprovechando el descontento de una pequeña y mediana empresa que ve que los créditos no llegan y los cierres se disparan, pueden capitalizar ese exceso de celo, ese cuidado institucional. En un mundo al revés, en el que son los empresarios y no los sindicatos los que se plantean las protestas, más de uno puede quedar fuera de juego.

Amor había invitado a Gerardo Díaz Ferrán, presidente de CEOE, y al de Cepyme, Jesús Bárcenas, a ponerse “en la cabecera” de la manifestación. Una imagen impensable. Aunque Díaz Ferrán ha guardado un cauteloso silencio y parece mirar muy de lejos el ofrecimiento de Amor, la organización de Bárcenas, a la que más de cerca tocan estas propuestas en tanto representante por excelencia de la pequeña y mediana empresa, ha sido clara: “Ni compartimos ni vamos a participar en las estrategias de confusión y movilización que las organizaciones convocantes de estos actos están propiciando”.

¿Quién está detrás?

Ahora bien, ¿es capaz Amor de plantear por sí solo una estrategia tan calculada? Según fuentes conocedoras de cómo nace la convocatoria, lo único que ha hecho el presidente de ATA es hacer suyo un movimiento de mayor alcance. Y es que el núcleo del mismo estaría en Pimec, que agrupa a 300.000 empresarios en Cataluña especialmente descontentos con la situación económica. La patronal catalana sería la espoleta de una convocatoria que ATA no pensaba acometer por ahora. No en vano el propio Amor comparecerá el próximo día 1 de abril en el Congreso, apenas cuatro días después de la parada.

“Lo razonable era esperar. Por lo menos a que pasara la comparecencia. Te explicas ante los grupos parlamentarios, dejas bien clara tu posición y luego, si no te hacen caso, tomas las medidas oportunas. Pero no parece muy razonable hacerlo antes. Lo que pasa es que Pimec, que en principio quería restringir sus movilizaciones a Cataluña, decidió que era necesario darles más alcance. Y Amor no podía quedar fuera de unos actos convocados por una asociación que está integrada en ATA. Quien verdaderamente lanza el pulso a Cepyme, y por extensión a CEOE, es la patronal catalana”, explican estas fuentes.

En su comunicado de ayer, Cepyme, junto a la Federación Española de Autónomos (CEAT), explican que ambas son organizaciones empresariales responsables e independientes en sus propias tomas de decisión, y en ningún caso se van a adherir a iniciativas promovidas por organizaciones con las que discrepan y de las que se diferencian permanentemente en cuanto a fines, objetivos y métodos de defensa de los intereses de los pequeños empresarios y autónomos. Una brecha en toda regla.