Castellanos y los Kindelán se sientan en el banquillo por supuesto delito fiscal

El antiguo presidente del Grupo Recoletos Jaime Castellanos Borrego, junto al ex vicepresidente Javier Revuelta, el ex consejero delegado Alejandro Kindelán, y los ex directivos Luis Infante, José María García-Hoz y Juan Kindelán, se sientan desde el lunes en el banquillo de los acusados en la vista oral que en los Juzgados de lo Penal de Madrid se sigue contra ellos por un supuesto delito contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil. El juicio quedará hoy visto para sentencia.

El fiscal pide fuertes penas de 9 años de cárcel para Jaime Castellanos y Alejandro Kindelán, mientras que estudia sobreseer la causa en el caso de Javier Revuelta, vicepresidente no ejecutivo del grupo Recoletos cuando se cometieron los supuestos delitos contra la Hacienda Pública, relativos al IRPF de los ejercicios 1998, 1999 y 2000, tipificados en el artículo 305 del Código Penal -retenciones no efectuadas- al resultar fraude tributario cuantificado por la Agencia Tributaria en 1,2 millones de euros, además de delitos continuados de falsedad en documento mercantil de los artículos 392, en relación con el 390.2º y 74 del Código Penal.

El relato de los hechos denunciados -querella admitida a trámite en junio de 2003-, sostiene que durante los ejercicios de 1998 a 2000, Recoletos desglosó las retribuciones que hacía efectivas a varios de sus consejeros, de modo que sólo una parte figurara -y tributara- como rendimientos de trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El resto, pese a que materialmente era el mismo tipo de retribución, se facturaba como servicios de asesoramiento prestados por empresas constituidas y gestionadas por los acusados. Las cantidades defraudadas fueron 62.041.819 pesetas en el año 1998; 88.954.913 pesetas en 1999 y 89.570.803 pesetas en el 2000.

Gravamen distinto e inferior

De este modo, una parte importante de las retribuciones dinerarias percibidas por los consejeros de la sociedad tributaban a un tipo de gravamen distinto e inferior -en cuanto pago de servicios profesionales a otras empresas-, al que les hubiera correspondido como rendimientos de trabajo personal, de modo que Recoletos Grupo de Comunicación S.A. dejaba de retener -e ingresar- en la Hacienda Pública la parte correspondiente a esa porción de las retribuciones de su personal directivo, en las cuantías a que se refiere la denuncia.

Como consecuencia de lo anterior, Recoletos incluyó en su declaración de IVA una cuantía como soportada, que las sociedades creadas por aquéllos declararon como recibida en concepto de IVA. Al carecer de existencia real la contratación, las operaciones tampoco pueden considerarse sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

La facturación de los servicios a Recoletos se hacía por las otras sociedades denunciadas, pero no se corresponden con servicio ni pago real alguno. Dichas sociedades -Proyecto y Servicios Pyssa, IM11, Inversiones Cristina, Albor Asesoramiento e Inversiones y Paosar- son gestionadas directamente por los directivos citados. Ninguno de los encausados ha querido responder a las reiteradas llamadas efectuadas por este diario.