El Gobierno da marcha atrás en el tipo mínimo de Sucesiones

La alarma creada entre los grandes patrimonios por el 'regreso' del Impuesto de Sucesiones puede relajarse: el Gobierno ha dado marcha atrás en su proyecto de imponer un tipo mínimo estatal, incluso en las comunidades autónomas que lo habían suprimido como Madrid y Valencia. Ahora parece admitir su supresión junto a la del Impuesto del Patrimonio, aunque no habrá una decisión definitiva hasta que se cierre el nuevo modelo de financiación autonómica.

El Gobierno había planteado este tipo mínimo de Sucesiones porque estaba en el programa electoral del PSOE, pero es una decisión que debe adoptarse por consenso con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, en estos momentos, veo muy difícil que se alcance, reconoció ayer el director general de Tributos, Jesús Gascón.

Gascón añadió que es difícil que el Estado tome la iniciativa en este asunto al tratarse de un tributo cedido a las comunidades autónomas; si existe un consenso sobre la conveniencia de imponer un tipo mínimo, saldrá adelante, pero si las comunidades no lo ven, no tiene mucho sentido imponerlo.

Estas declaraciones chocan frontalmente con los mensajes que había trasladado hasta la fecha Economía a despachos de abogados y bancos privados. En dichos mensajes, el Ejecutivo se mostrada decidido a acabar con las situaciones de abuso (para algunos) o fraude (para otros) que consisten en la deslocalización ficticia de los contribuyentes, que se domicilian en una comunidad donde se ha suprimido este tributo aunque en realidad viven en otra. Entre los expertos se barajaban dos posibilidades principales: un tipo del 10% lineal o bien otro del 18% con un mínimo exento elevado.

El Impuesto de Sucesiones es un tributo estatal cedido a las comunidades autónomas, no un impuesto autonómico; eso significa que la competencia normativa sigue siendo estatal y que, por tanto, el Gobierno tiene potestad para imponer ese tipo mínimo estatal que no pudieran suprimir las comunidades. De hecho, Esperanza Aguirre y los que han seguido su ejemplo -incluyendo a Manuel Chaves y Emilio Pérez Touriño- no han eliminado el impuesto porque no tienen capacidad para ello; lo que han hecho es aplicar una bonificación al 99% de la cuota, aunque en la práctica da lo mismo. Entre los expertos se barajan dos posibilidades principales: un tipo del 10% lineal o bien otro del 18% con un mínimo exento elevado.

Ahora bien, desde el principio muchos sospechaban que la amenaza de un tipo mínimo no era más que un arma para la dura negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que será muy beneficioso para Andalucía y Cataluña por los compromisos recogidos en las reformas estatutarias. El hecho de que al final no haya tipo mínimo también genera problemas: era la vía para compensar la pérdida de ingresos derivada de la supresión del impuesto sobre el Patrimonio -Gascón reiteró ayer que no habrá que hacer declaración en 2009 porque la Ley se aprobará antes de fin de año- y del desplome de la recaudación del de Transmisiones Patrimoniales por culpa del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Pero para esto parece que el Gobierno también tiene ya la solución: incrementar la cesión del Impuesto sobre la Renta a las autonomías hasta el 50% de la recaudación (es decir, el 50% irá a la parte estatal y el 50% a la autonómica). Algo que, según Gascón, ya casi se da de facto: con el cheque bebé de 2.500 euros y la deducción de los 400 euros en las nóminas, la proporción se sitúa actualmente en un 55/45 a favor del Estado.