Fomento estrechará el cerco a las finanzas de las aerolíneas por si afectan a la seguridad
Febrero de 2008. Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, anuncia la creación de una Agencia Estatal de Seguridad Aérea, separándola de la Dirección General de Aviación Civil.
Febrero de 2008. Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, anuncia la creación de una Agencia Estatal de Seguridad Aérea, separándola de la Dirección General de Aviación Civil. Será antes del 2 junio. Hoy, tres meses ya fuera de plazo, el organismo sigue sin arrancar, aunque debería ser por poco tiempo. Y es que los Presupuestos del Estado no sólo le conceden una asignación para el año próximo de 54,7 millones de euros -en torno al 35% más que en 2008-, sino que fijan su hoja de ruta, en la que destaca el mandato de reforzar el control sobre las finanzas de las aerolíneas para medir “la posible incidencia en la seguridad de sus operaciones”.
La creación de la Agencia, planteada tras el caso de Air Madrid, se ha venido demorando, sobre todo por la falta de una financiación adecuada. El accidente de Spanair en Barajas volvió a poner sobre la mesa el retraso en su puesta en marcha, hasta el punto de que la ministra tuvo que responder por dicha demora en su comparecencia ante el Congreso para explicar los detalles del siniestro. “Las cosas a su debido tiempo”, aseguró entonces Álvarez, explicando que el proceso electoral había paralizado el desarrollo del organismo y que, en todo caso, su creación era clave para paliar y afrontar la falta de inspectores cualificados.
Según el programa de los Presupuestos en que se recogen las líneas maestras que regirán la Agencia en 2009, destaca la intención de potenciar la eficacia de las sanciones que se impongan a las aerolíneas y compañías del sector “como factor de disuasión para la comisión de infracciones en la normativa de seguridad”, así como la elaboración de un sistema de información, mediante indicadores, que permita tener “un conocimiento lo más completo y actualizado posible sobre la seguridad con que efectúan sus actividades las empresas”.
Un planteamiento que ha suscitado temores. Por ejemplo, el sindicato de pilotos (Sepla) ya advirtió de la necesidad de que “las políticas sancionadoras tengan, como único fin, el adecuado control de la actividad dentro de los márgenes legales, y no una función recaudatoria en sí misma”. Y es que además de las transferencias consignadas en los Presupuestos, la Agencia obtendrá ingresos por las sanciones impuestas, la liquidación de precios públicos y por el cobro de las tarifas por la realización de sus actividades.
Febrero de 2008. Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, anuncia la creación de una Agencia Estatal de Seguridad Aérea, separándola de la Dirección General de Aviación Civil. Será antes del 2 junio. Hoy, tres meses ya fuera de plazo, el organismo sigue sin arrancar, aunque debería ser por poco tiempo. Y es que los Presupuestos del Estado no sólo le conceden una asignación para el año próximo de 54,7 millones de euros -en torno al 35% más que en 2008-, sino que fijan su hoja de ruta, en la que destaca el mandato de reforzar el control sobre las finanzas de las aerolíneas para medir “la posible incidencia en la seguridad de sus operaciones”.