Solbes irrita a Cataluña y Baleares con un modelo de financiación que no aporta ni un euro adicional

La guerra está servida. Si el vicepresidente Solbes pensaba que con la publicación de las balanzas fiscales y con la presentación -ayer- de las bases del nuevo modelo de financiación el ‘sudoku’ autonómico estaba en vías de solución, lo cierto es que ha ocurrido todo lo contrario. “Le ha salido el tiro por la culata”, en palabras de uno de los mayores expertos del país en financiación autonómica. Cataluña y Baleares -ambas gobernadas por socialistas- se despacharon ayer a gusto contra un gélido y pobre documento del que únicamente se desprende que el Gobierno no está dispuesto a ofrecer recursos adicionales a las comunidades autónomas. Al menos hasta que “las disponibilidades presupuestaria”, como dice la comunicación, lo permitan. Algo que hoy por hoy se antoja imposible.

Antoni Castells, el conseller de Finanzas de la Generalitat de Cataluña -hombre pausado donde los haya- habló ayer de un documento “decepcionante, insuficiente y preocupante”, mientras que Francesc Antich, el presidente balear dijo que no era “de recibo” que Baleares, la comunidad “más solidaria” y que cuenta con la “peor” balanza fiscal del Estado, sea “maltratada” por el nuevo sistema de financiación autonómica.

Detrás de las quejas de Cataluña y Baleares no parece que haya solamente un movimiento táctico de cara a unas negociaciones que formalmente comenzarán la semana que viene. Por el contrario, se constata un mar de fondo contra un nuevo modelo de financiación que por el momento sólo ha esbozado Solbes, pero que no incorpora ningún avance significativo respecto de la situación actual. Más parece, dicen las fuentes, que Solbes se ha querido quitar de en medio el problema para justificar que se cumple la fecha del 9 de agosto -incluida en el ‘Estatut’- para sellar el nuevo marco de relaciones financieras entre Cataluña y el Estado. La elevación hasta “el entorno del 50%” de la participación de las CCAA en el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales se considera un asunto menor, toda vez que no representa un cambio de modelo, como reclaman Cataluña y Baleares.

El decálogo autonómico

Realmente, esa es la única novedad del documento, toda vez que en el decálogo presentado ayer a la prensa se incide en principios que ya garantiza la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), tales como la suficiencia financiera, la lealtad institucional o la garantía de financiación de los servicios públicos fundamentales. “Nada nuevo bajo el sol”, dicen esas fuentes, para quienes lo más relevante es el hecho de que el Gobierno no haya detallado cómo va a financiar el espectacular aumento de la población que se ha producido en España (casi cinco millones de habitantes más) desde 1999, año base del modelo vigente. Sobre este punto, el Ministerio de Economía se limita a decir que

“se buscará un acuerdo para ponderar las variables de distribución, especialmente la población”. Se trata de un compromiso tan vago que no gusta a casi nadie, salvo a las CCAA con menor presión demográfica, caso de Asturias o Castilla y León, que quieren una mayor ponderación de otras variables.

El documento, por el contrario, sí ha gustado a Andalucía y Castilla-La Mancha, que hablan de que “la música suena bien”, en palabras de una portavoz de la Junta andaluza. Detrás de esta posición, según las fuentes consultadas, puede encontrase un hecho. Ambos territorios prefieren que se mantenga el statu quo actual antes que ir hacia un nuevo modelo que beneficiaría a las CCAA con mayor nivel de renta, y cuyo esfuerzo fiscal es muy superior al de otras regiones (Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana o Baleares). Para dar gusto a todas las partes, el documento habla de que el nuevo modelo “tendrá en cuenta el esfuerzo fiscal” de cada comunidad autónoma, pero sin dar más detalles. Habla, igualmente, de que ninguna comunidad autónoma se verá perjudicada por el nuevo sistema, pero en términos absolutos, no relativos, lo que irrita especialmente a Cataluña.

Y desde luego a quien no gusta el documento es al Partido Popular, que ya ha enfilado la proa. Cristóbal Montoro dijo ayer que se trata de un “pésimo inicio”, detrás de la cual se teme que haya una subida de impuestos para los españoles. Montoro subrayó, informa Efe, que su partido está “profundamente decepcionado” porque el Gobierno sólo ha sido capaz de ofrecer un modelo “lleno de imprecisiones, de generalidades y de banalidades” que no contentan a nadie. “Sólo hay unanimidad en el descontento”, aseguró Montoro.