El Gobierno presenta las balanzas fiscales, pero sugiere que son papel mojado

Las balanzas fiscales nacen muertas. El Gobierno, según dijo ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, no tiene ningún interés en tenerlas en cuenta a la hora de negociar el nuevo modelo de financiación autonómica. Ni siquiera como material de trabajo.

El hecho de que fuera Ocaña y no el vicepresidente Solbes el encargado de presentar los resultados a los periodistas -y no en el Congreso de los Diputados-, da una idea del bajo perfil que ha querido dar el Gobierno a la publicación de las balanzas fiscales, un trabajo estadístico largamente demandado por los partidos nacionalistas a lo largo de la anterior legislatura. Ahora, sin embargo, están a punto de convertirse en papel mojado. “Espero que tras la publicación de las balanzas quede cerrado el debate”, aseguró Ocaña tras negarse una y otra vez a hacer una valoración política de los resultados más allá de lo obvio en un país con sistema fiscal de carácter progresivo. “Lo único que puedo decir es que la solidaridad funciona”, aseguró Ocaña aferrándose al guión previsto.

¿Y qué dicen las temidas balanzas fiscales? Pues más o menos lo que todo el mundo sabía a la luz de otros trabajaos académicos similares. En primer lugar, que la solidaridad interregional recae, fundamentalmente, en cuatro regiones: Madrid, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, por este orden, que en líneas generales reciben de la Administración central del Estado bastante menos de lo que pagan. En concreto, y según los casos, entre un 3% y un 9% de su PIB regional.

La segunda lectura de las balanzas fiscales tiene que ver con las regiones más beneficiadas, que en líneas generales son Extremadura, Asturias y Galicia, sin contar las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En esas tres regiones la solidaridad interregional (la diferencia entre lo que aportan y lo que reciben) representa entre un 7% y 15% de su PIB regional, lo que da idea del impacto del gasto público en su economía.

El caso de los territorios forales

Quiere decir esto que las comunidades autónomas más ricas son, igualmente, las que más aportan al equilibrio regional. Esta idea, sin embargo, es una verdad a medias. País Vasco y Navarra aparecen en todas las estadísticas oficiales como comunidades autónomas ‘ricas’, pero ocurre que gracias a sus sistema fiscal de carácter foral buena parte de sus ingresos se queda en sus territorios, por lo que su ‘esfuerzo’ en términos de solidaridad es exiguo. El caso más evidente es el del País Vasco, cuyos ciudadanos están a la cabeza en términos de renta disponible per cápita respecto del conjunto del Estado; pero, sin embargo, cuando se analizan las balanzas fiscales hay siete comunidades autónomas por delante en términos de solidaridad interregional.

Entre los especialistas hay un cierto consenso en utilizar dos enfoques para cuantificar las balanzas fiscales. El llamado enfoque monetario y el llamado flujo del beneficio. Y eso ha sido, precisamente, lo que ha hecho el Gobierno a la hora de fijar una metodología aceptada por todos, partiendo de la que asumió hace más de un año un grupo de trabajo creado en el seno del Instituto de Estudios Fiscales.

Según el enfoque del flujo monetario, se atribuye el gasto público a la región en la que se materializa el gasto, o dicho de otra manera, donde se localiza el personal, el uso de bienes corrientes y servicios, la percepción de las transferencias y la realización de las inversiones. Esto supone dar al criterio de flujo monetario un sentido ‘real’ frente a la alternativa de darle un sentido de ‘flujo de tesorería’, que llevaría a atribuir el gasto público en la región en la que el sector público efectúa el pago. Por ejemplo, en el caso de las compras de bienes y servicios se imputan en la región donde se utilizan, y no en la región donde se han adquirido y en el caso de las inversiones se imputan en la región donde se materializan.

Según el enfoque del flujo del beneficio, la asignación del gasto se realiza en la región donde reside el beneficiario, independientemente de donde se produce el servicio público o se realiza la inversión. En este caso, es necesario establecer hipótesis sobre el ámbito de los beneficiarios y sobre la cuantificación de los beneficios que los bienes y servicios les proporcionan.