Las licitaciones se hunden por los problemas para adaptarse a la nueva Ley de Contratos Públicos

Es como la llegada del calor en julio. A nadie le sorprende pero no deja de ser agobiante. La entrada en vigor el 1 de mayo de la nueva Ley de Contratos Públicos ha tenido los efectos pronosticados por el sector, esto es, un verdadero desplome de las licitaciones en el primer mes de aplicación de la norma. El esperado frenazo, que durará mientras las diferentes administraciones adaptan sus pliegos a la nueva reglamentación, resulta en este momento especialmente asfixiante si se tiene en cuenta que la obra pública era el pilar en que se confiaba para contrarrestar la ralentización de la inversión en vivienda.

Los concursos licitados en mayo por la Administración General del Estado apenas alcanzaron los 245,2 millones de euros, frente a los 1.334 millones de abril. Además, las comunidades autónomas y los ayuntamientos contribuyeron decisivamente en mayo al retroceso de los proyectos sacados a concurso, al registrar inversiones por valor de apenas 819,9 y 393,8 millones, respectivamente. Venían de licitaciones de 2.286 millones, las autonomías, y 1.281,1 millones, las corporaciones locales, en abril. “Es lógico –explican fuentes del sector-. Las administraciones sabían que la ley amenazaba y se apresuraron a licitar todo lo posible en los meses anteriores a su entrada en vigor. Habrá que ver en los próximos meses cómo evoluciona la cuestión, porque la nueva ley es compleja y la actualización podría llevar meses”.

Y es que, en total, la licitación tuvo en mayo su peor mes del ejercicio, con un total de 1.459 millones licitados, frente a los 4.901,2 millones de abril y los 6.644,2 millones en marzo. Sólo el Ministerio de Fomento, principal organismo licitador, redujo en seis veces la inversión a concurso, tras pasar de 730.455 millones en abril a 123.807 millones en mayo. En marzo había alcanzado la friolera de 3.315,9 millones de euros.

Un escenario poco halagüeño si se considera la advertencia del Banco de España, que en su último informe vincula decididamente la inversión pública al escenario político, algo que también ayudaría a explicar la bonanza de los últimos meses. “Si la inversión pública mantuviera la dinámica de los últimos años –muy ligada al ciclo electoral-, este componente no mostraría un mayor vigor en los próximos trimestres, si bien un cumplimiento más estricto de los calendarios de ejecución podría atenuar este efecto”.

Aplazar la norma

“Son cuestiones meramente técnicas, pero las comunidades autónomas las han tenido que adaptar y no es sencillo. Las constructoras pidieron un aplazamiento en la puesta en marcha de la norma porque se temían el frenazo”, aseguran las fuentes consultadas. La evolución de mayo condiciona los datos para todo lo que llevamos de año, en el que la licitación se sitúa en 19.565,2 millones de euros, frente a los 19.629 de los primeros cuatro meses de 2007, lo que arroja un descenso del 0,3%. Son los ayuntamientos los que más lastran la inversión sacada a concurso, con una caída del 25%; pasan de 5.750,4 millones el año pasado a tan sólo 4.312,5 millones en el presente ejercicio.

La comparación año a año tampoco mejora la percepción. Entre junio de 2006 y mayo de 2007 se licitaron obras por valor de 50.287 millones de euros, mientras que entre junio de 2007 y mayo de 2008 los concursos sólo ascendieron a 46.601,4 millones, lo que supone una caída del 7,3%. Por comunidades autónomas, son Madrid y Aragón las que presenta un descenso más apreciable de infraestructuras licitadas. En el primer caso, entre enero y mayo de 2008 únicamente salieron a concurso obras por valor de 1.029,8 millones, un 46,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. En el segundo, se pasó de 1.472,4 millones en los primeros cuatro meses de 2007 a 681,4 millones, una caída del 53,7%.