El empleo público en las comunidades autónomas crece un 29% en sólo tres años

Terremoto en el volumen y la distribución del empleo público. Los datos que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el número de asalariados que trabaja para las comunidades autónomas ha crecido en los últimos tres años un 28,8%. Es decir, dos veces y media más de lo que ha aumentado el empleo asalariado en el conjunto de la actividad económica. En concreto, la población por cuenta ajena al servicio de los gobiernos regionales ha pasado de 1.20 millones a 1,55 millones entre el primer trimestre de 2005 y el mismo periodo de este año, lo que significa, según la Encuesta de Población Activa, que más de la mitad de los 2,87 millones de empleados públicos trabaja ya para los comunidades autónomas.

El crecimiento del empleo autonómico no puede achacarse a la asunción de nuevas competencias. Desde el año 2005 apenas se han aprobado traspasos adicionales, como se pone de manifiesto al comprobar que el empleo público en la Administración Central (que lógicamente deber caer a medida que se ceden competencias) se mantiene prácticamente igual. La plantilla de los servicios centrales del Estado -lo que realmente depende de la Moncloa- ha descendido en 21.000 personas en tres años, lo que representa la existencia de un 4% menos de empleados públicos que los que había en 2005. El empleo en las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones) ha descendido, igualmente, un 0,9%, lo que significa que las comunidades autónomas, al contrario de lo que ha hecho el resto de las administraciones, se han comportado de una forma abiertamente expansiva en cuanto a política de contrataciones, en particular aquellas con nivel de renta per cápita más bajo respecto de la media del país.

Los datos de la EPA muestran que cuatro de las comunidades más ‘pobres’ -Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha- son, precisamente, las que tienen una nómina más abultada de empleados públicos (incluyendo todas las administraciones). En el conjunto de España, el 14% de los ocupados trabaja para el sector público en cualquiera de sus formas, pero en el caso de Extremadura este porcentaje se eleva al 21,6%. A continuación se sitúa Castilla y León, donde el 15,4% de los que tienen trabajo (tomando como referencia el Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas) está empleado para el sector público. Tras ellas se sitúan, por este orden, Andalucía y Castilla-la Mancha, con valores próximos al 15%.

El polo opuesto

En el lado contrario, las regiones con menos empleados públicos respecto a la ocupación total son Cataluña (7,9%), Baleares (9,5%) y la Comunidad Valenciana (10,1%), precisamente tres de las regiones con mayor nivel de renta disponible de sus habitantes. El caso de Madrid, donde el 13,2% de sus ocupados trabaja para cualquier de las administraciones es peculiar debido al peso de la capitalidad de la nación.

Si el análisis se hace teniendo en cuenta únicamente el número de empleados públicos que trabaja para el gobierno regional, el resultado es similar. En Extremadura nada menos que el 10,9% de los ocupados trabaja para el Ejecutivo de Mérida, por encima del 7,9% de Castilla-La Mancha y el 7,8% de Castilla y León, en ambos casos muy cerca de Andalucía y Asturias (por encima del 7,5%).

En el lado contrario se sitúan Aragón, Cataluña y Baleares, donde menos del 5% de los ocupados está al servicio de los respectivos gobiernos regionales.

Factores como la inmigración (que influye en la extensión de servicios públicos como la sanidad o la educación), el tamaño del territorio o el envejecimiento de la población pueden explicar las diferencias interregionales en cuanto a las necesidades de plantilla de empleados públicos, pero sólo en parte. En la mayoría de los casos, tiene más que ver el hecho de que en las regiones donde el número de empleados públicos es mayor se ha creado en los últimos años menos puestos de trabajo que en las que tienen un menor número de funcionarios.

Hay que tener en cuenta que desde el primer trimestre de 1996 al cuarto de 2007, el empleo público (incluyendo todas las administraciones) ha crecido un 28,7%, prácticamente la mitad de lo que lo ha hecho el empleo privado, que ha aumentado (datos de la EPA), nada menos que un 56,7%. Por lo tanto, las comunidades autónoma más dinámicas son las que han podido reducir en mayor medida el peso de las plantillas públicas respecto a la ocupación total.

Los datos de la EPA, en cualquier caso, reflejan la existencia de 318.618 empleados públicos más de los que refleja el boletín que semestralmente elabora el Ministerio de Administraciones Públicas. El Instituto Nacional de Estadística refleja 2.873.000 empleados públicos, mientras que el Gobierno reconoce únicamente 2.554.582 trabajadores a su servicio.