Es noticia
Cataluña pide a Solbes que la solidaridad regional se limite a los servicios públicos esenciales
  1. Mercados
  2. Finanzas personales
EN LUGAR DEL PIB PER CÁPITA

Cataluña pide a Solbes que la solidaridad regional se limite a los servicios públicos esenciales

La batalla por el nuevo modelo de financiación hace tiempo que ha comenzado, pero las propuestas concretas sobre qué reformas son necesarias para actualizar el sistema

Foto: Cataluña pide a Solbes que la solidaridad regional se limite a los servicios públicos esenciales
Cataluña pide a Solbes que la solidaridad regional se limite a los servicios públicos esenciales

La batalla por el nuevo modelo de financiación hace tiempo que ha comenzado, pero las propuestas concretas sobre qué reformas son necesarias para actualizar el sistema son todavía un secreto. Ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas -más allá de las declaraciones de principios- han enseñado sus cartas. El único que lo ha hecho hasta ahora es el conseller de Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, que ya ha reunido a su grupo de expertos más cercanos para diseñar la estrategia de negociación con ‘Madrid’. Y entre las propuestas que Cataluña propondrá al ministro Solbes (cuando formalmente comiencen las negociaciones) se encuentra la necesidad de limitar el llamado Fondo de Suficiencia a la financiación de los servicios públicos esenciales.

Según fuente solventes, se trata de que el Estado garantice exclusivamente la financiación de una serie de servicios esenciales para los ciudadanos en materias tan sensibles como la sanidad y la educación, lo que significa que a partir de un determinado nivel de prestaciones sean las propias comunidades autónomas las que aporten sus propios recursos para hacer frente a los aumentos del gasto.

Cataluña está descontenta con el hecho de que algunas comunidades autónomas ‘tiren con pólvora ajena’, dicen las fuentes, ya que prometen prestaciones que no pueden pagar a sus ciudadanos ni siquiera las regiones ‘ricas’, que, en última instancia, son las que costean la financiación autonómica. Y es que en algunas regiones consideradas ‘pobres’ el nivel mínimo garantizado (en asuntos como la asistencia sanitaria o el sistema educativo) es, incluso, superior a las regiones consideradas nominalmente ‘ricas’, pero que se ven obligadas a destinar parte de sus recursos a mejorar las prestaciones en otras comunidades.

La tesis de Castells se basa en que la función de la solidaridad regional (para lo que nació el Fondo de Suficiencia) no es estimular el crecimiento del PIB o el desarrollo económico de los territorios (esa es una función de otro tipo de fondos), sino garantizar una serie de servicios mínimos en el conjunto del Estado, lo que supone un enfoque radicalmente distinto respecto del actual, en el que el PIB regional es el instrumento básico para articular las políticas de solidaridad.

Se trata de un asunto extremadamente delicado, toda vez que el volumen del Fondo de Suficiencia durante el año 2005 (hoy se conocerán los datos correspondientes a 2006) representa nada menos que 28.690 millones de euros, lo que supone el 3,2% del Producto Interior Bruto (PIB) de ese año. Una cantidad verdaderamente relevante que hoy se reparte fundamentalmente en función del PIB per cápita regional, lo que explica que las comunidades ‘nominalmente’ más pobres sean las que más reciben.

Financiación garantizada

Un reciente informe publicado por el economista Miguel Ángel García Díaz en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) -dependiente de Hacienda- estima que el peso del Fondo de Suficiencia sobre la financiación garantizada supera en varias comunidades el 40%. A la cabeza de ellas está Extremadura, con el 62,3% 100 de sus ingresos totales, Castilla-La Mancha (49,6%), Galicia (49,4%), Andalucía (47,7%) y Castilla y León (44,8%), mientras que tienen saldo negativo Baleares (-202 millones de euros) y Madrid (-162 millones de euros), al obtener estos territorios una mayor recaudación con los tributos cedidos que sus necesidades garantizadas de gasto. El saldo negativo es ingresado por estas Comunidades en las arcas de la Administración General del Estado, lo que significan que sólo ellas son ‘autosuficientes’.

Según el autor, las cifras correspondientes al año 2005 muestran que comunidades con una elevada capacidad fiscal propia (caso de Cataluña o Madrid) alcanzan al final del proceso una “posición desfavorable” sobre la media (índice inferior a 100). La conclusión que extrae es la siguiente: “Al igual que podía ser discutible en términos de equidad mantener una posición privilegiada por el hecho de ser más ricas, tampoco es razonable, bajo el mismo concepto de equidad, la situación actual, donde se ven perjudicadas en el trato en relación con el resto”.

“Cabría recordar, insiste, que el sistema de financiación autonómica juega el papel de garantizar los recursos para que los ciudadanos puedan acceder a un similar nivel de bienes y servicios públicos cuando realizan un esfuerzo fiscal similar, y no está pensado para cubrir las deficiencias en la capacidad de generar riqueza, es decir, no es una política específica de desarrollo regional que deben estar articuladas en otros ámbitos de actuación”.

Los mecanismos para articular la solidaridad regional serán, por lo tanto, la ‘estrella’ del nuevo modelo de financiación. Y como novedad se plantea la posibilidad de que algunas comunidades autónomas reclamen que los territorios forales financien el Fondo de Suficiencia, del que en el modelo vidente están excluidas.

Esto significa que entre sus aportaciones a la caja común, por lo tanto, no se incluye ningún pago dirigido a las políticas de solidaridad aplicadas en el resto del territorio, ya sean competencia del Gobierno central o del resto de las comunidades autónomas, salvo el pago porcentual al Fondo de Compensación Interterritoral (FCI). Es decir, los territorios forales no participan de ninguna manera en la solidaridad interregional, lo que explica en buena medida que los recursos por habitantes dupliquen a la media del conjunto del Estado. En el caso del País Vasco, 4.712 euros de gasto público por ciudadano, frente a los 2.094 euros que se destina en el resto del Estado.

Cataluña, por razones de oportunidad política, no parece que vaya a abrir esa batalla contra los regímenes forales en estos momentos, por lo que es probable que se limite a sugerir la incoherencia del sistema fiscal, que beneficia claramente a las comunidades con concierto. Desde Barcelona se da por hecho que el Gobierno central está dispuesto a revelar en los próximos días su nuevo modelo de financiación con el objetivo de que pudiera estar listo -otra cosa es que esté vigente- antes del 9 de agosto, que es la fecha dada por el ‘Estatut’ para aprobar los términos en que se plasmará la ‘solidaridad’ regional. Se espera que en los próximos días Solbes dé a conocer sus propuestas.

La batalla por el nuevo modelo de financiación hace tiempo que ha comenzado, pero las propuestas concretas sobre qué reformas son necesarias para actualizar el sistema son todavía un secreto. Ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas -más allá de las declaraciones de principios- han enseñado sus cartas. El único que lo ha hecho hasta ahora es el conseller de Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, que ya ha reunido a su grupo de expertos más cercanos para diseñar la estrategia de negociación con ‘Madrid’. Y entre las propuestas que Cataluña propondrá al ministro Solbes (cuando formalmente comiencen las negociaciones) se encuentra la necesidad de limitar el llamado Fondo de Suficiencia a la financiación de los servicios públicos esenciales.