Los ejecutivos de las grandes empresas se escudan en el código del buen gobierno para blindarse en el cargo

En los últimos días se ha repetido una práctica muy poco edificante por parte de dos grandes empresas españolas: utilizar el código de buen gobierno para colar de rondón algo que no tiene nada que ver con éste –y que se opone a códigos anteriores-, como es la perpetuación en el cargo de los presidentes.

La semana pasada lo hizo Francisco González, presidente de BBVA, cuando anunció el retraso de la edad de jubilación del presidente hasta los 70 años. Y ayer siguió sus pasos César Alierta, que directamente eliminó el límite de 65 años que existía en los estatutos de Telefónica. A partir de ahora, la presidencia de la operadora pasa a ser vitalicia si la junta general no lo impide.

Con todo, lo peor de estos cambios en los estatutos no es que los presidentes se perpetúen en el cargo, sino que lo hagan escudándose en el código unificado de buen gobierno, el famoso Código Conthe. La práctica es la siguiente: se realizan varias modificaciones menores en los estatutos para adecuarlos al código –referidas a las competencias del consejo de administración, su composición, las funciones que desarrollan las Comisiones de Auditoría y Control, y Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno- y se mete en el pack lo del fin de las limitaciones de edad.

Acto seguido, se emite una nota de prensa diciendo que “los estatutos de la empresa se adaptan al código de buen gobierno” y los medios oficialistas titulan así sus informaciones. De esta forma, se vende como un avance en las buenas prácticas empresariales.

BBVA hizo su anuncio el viernes por la tarde –tras el cierre de la bolsa-, en un momento de éxodo generalizado para el puente de Navidad. Y Telefónica lo hizo ayer, 26 de diciembre, día festivo en el mercado, y también por la tarde.

El Código Olivencia limitaba la edad

La limitación de edad era una de las recomendaciones del primer código de buen gobierno español, el Código Olivencia de 1998. Literalmente, éste decía que “deben adoptarse algunas medidas que faciliten la sustitución de los consejeros de más edad, aun cuando dentro de ellas se otorgue a la sociedad un margen de maniobra para que pueda aprovechar la veteranía de ciertos consejeros. En este sentido, parece recomendable establecer una edad prudencial de retiro, que probablemente podría ser de 65 a 70 años, para los consejeros ejecutivos y para el Presidente, y más flexible para el resto”.

El siguiente texto sobre buen gobierno, el Informe Aldama de 2003, quitó esta recomendación por una serie de razones, algunas un tanto peregrinas: “La creciente esperanza de vida, la naturaleza liberal o privada del cargo y las responsabilidades en el proceso de selección que tiene el Consejo”. Así, lo único que recomendaba era que la sociedad que adopte una política en este punto, debe establecerla con claridad en su normativa interna. El Código Conthe optó por no hacer ni siquiera referencia a la cuestión de la edad.

Aun así, es evidente que la edad es uno de los temas polémicos en lo que a buen gobierno se refiere. Y también está claro que, si la edad es un criterio de buen gobierno, es para limitarla, no para ampliarla sine die.