Ni defensa de la Industria, ni política europea: las dudas que deja el veto a la opa sobre Talgo

"España, destino atractivo para la inversión exterior", resaltaba la nota de prensa enviada este martes por el Ministerio de Economía en la que se anunciaba el veto del Gobierno a la opa presentada por el grupo húngaro Ganz MaVag Europe Private para hacerse con el control del fabricante de trenes Talgo.

El afán del Ejecutivo por poner en valor las fortalezas de España como receptor de inversiones extranjeras es bastante significativo. Especialmente porque el bloqueo a la compañía húngara resulta lo suficientemente controvertido —y opaco— como para que los inversores internacionales se vean obligados a, en el mejor de los casos, analizar si están pisando uno de los terrenos donde el Gobierno está dispuesto a actuar sin necesidad de dar explicaciones y, en el peor, llevarse su dinero a otra parte.

Al fin y al cabo, la decisión del Ejecutivo deja como claro damnificado al fondo húngaro, que había hecho una importante apuesta de crecimiento con Talgo como eje y que se ve forzado a reescribir su hoja de ruta. Pero en peor situación queda Trilantic, el fondo de inversión propietario de un 40% del capital de Talgo, que ve cómo se cierra de golpe su vía más clara de salida de una inversión que se ha prolongado por cerca de dos décadas. Hoy, antes de la apertura de mercado, los títulos que controla en el fabricante de trenes valen un 21,5% menos de lo que Ganz MaVag estaba dispuesto a pagar.

El Gobierno que dirige Pedro Sánchez ha justificado su negativa a la operación bajo el argumento de que "conllevaría riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público", planteamientos que quedan colgando sin mayor respaldo, dado que el Consejo de Ministros ha declarado la información contenida en el expediente como clasificada.

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Poco puede sorprender a estas alturas la decisión del Gobierno, que desde un primer momento ha dejado entrever su rechazo de las pretensiones del consorcio húngaro, que cuenta con el Gobierno de Budapest en el 45% del capital. De fondo, el primer ministro magiar, Viktor Orbán; su mala relación con Bruselas y sus supuestos vínculos con Rusia. Recelos que desde el grupo húngaro no han logrado suavizar con su insistencia en las motivaciones exclusivamente empresariales de una propuesta que debía contribuir a hacer de Talgo uno de los caballos ganadores ante el boom internacional de la inversión ferroviaria.

En ausencia de evidencias (conocidas) de los oscuros vínculos políticos del consorcio húngaro, lo que queda tras la decisión gubernamental son muchas dudas. Dudas que parten del mismo planteamiento de Talgo como una empresa estratégica. Como vienen señalando voces con amplio conocimiento del sector, la tecnología de ancho de vía variable de la que hace gala el grupo dirigido por Gonzalo Urquijo no es exclusiva de la compañía, sino que también es empleada por el fabricante vasco CAF. La propia Adif contaría con una patente al respecto.

¿Empresa estratégica?

La variedad de trenes de distintos fabricantes (y de distintos países) que transitan por las vías españolas sería otro argumento en contra de esa idea. "Se está planteando como estratégica una empresa que prácticamente no obtuvo ningún pedido en el último gran concurso", apunta César Sánchez-Grande, director de análisis institucional de Renta 4, que se muestra escéptico sobre la consideración como estratégica de la compañía.

A menudo, se ha considerado que España ha pecado de una política industrial endeble, con una disposición amplia a aceptar la caída de compañías españolas en manos extranjeras. Una apertura del mercado que, en muchos casos, no ha sido recíproca. La adquisición de Endesa por parte de Enel o la absorción de Gamesa por el gigante alemán Siemens son solo alguno de los episodios más controvertidos de las últimas décadas.

Por eso se puede entender que haya voces desde el terreno económico que aplaudan la actitud del Gobierno de Sánchez, como si se tratara de una nueva estrategia de defensa de la industria nacional.

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Pero tanto el caso de Talgo, como otros movimientos recientes del Ejecutivo (el de Telefónica, sin ir más lejos) evidencian una actitud reactiva del Gobierno ante circunstancias sobrevenidas que en poco se parece a una estrategia industrial convenientemente perfilada.

Al contrario, enarbolando a conveniencia —y con llamativa asiduidad— la bandera de "empresa estratégica", el Gobierno deja cierta sensación de estar actuando de manera arbitraria para bloquear aquellos movimientos que no le gustan, en un posicionamiento que parece dictado en mayor medida por los intereses políticos que por los económicos.

Porque esta decisión, además, implica un golpe profundo a aquello que se supone que viene a representar el proyecto de mercado común europeo. Sin perder de vista las dudas legales que arroja la decisión, y a las que indudablemente se aferrará Ganz MaVag para defender sus derechos ante los tribunales europeos, el veto a la inversión de una empresa proveniente de la Unión Europea representa un golpe que no solo resquebraja los principios de la libertad de establecimiento y movimiento de capitales en el ámbito de la Unión, sino que socava la idea que sostiene la misma Unión.

Una política industrial efectiva solo puede pasar por favorecer los negocios nacionales

Si a nadie se le ocurriría vetar que una empresa catalana comprara un grupo arraigado en Murcia, no debería resultar fácil defender un bloqueo similar entre países del mismo bloque europeo. Todo lo contrario, es tan flagrante la vulneración de los principios comunitarios, que tanto los accionistas de Talgo, como la opinión pública merecen más explicaciones que vayan más allá del despachar el asunto manteniéndolo como clasificado.

La apelación a "riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público" expone una señal más que preocupante sobre los socios a los que estamos ligando una parte esencial del futuro del país y, sobre todo, sobre los mecanismos existentes para contrarrestar eventuales prácticas indeseadas. La falta de transparencia sobre esos peligros conforma un terreno abonado para las suspicacias.

En cualquier caso, cuando de lo que se habla es de la defensa de la industria nacional, no debería obviarse que el proyecto más efectivo, a fin de cuentas, es aquel que propicia que se den las condiciones para que las empresas españolas puedan desarrollarse y competir de forma efectiva en los mercados internacionales. Mantener bajo capital español negocios ineficientes y carentes de capacidad competitiva no acaba siendo sino un dispendio de recursos.

Mantener bajo capital español negocios ineficientes y carentes de capacidad competitiva no acaba siendo sino un dispendio de recursos

No son estos los rasgos que caracterizan a Talgo (para empezar porque ni siquiera el capital dominante en la actualidad es español), pero la incapacidad del Gobierno para encontrar una solución alternativa a la propuesta de Ganz MaVag resulta elocuente sobre los desafíos que enfrenta su negocio. El fabricante creado por las familias Goicoechea y Oriol se ha mostrado a lo largo de los años como uno de los actores más pujantes de la industria ferroviaria en Europa, lo que se plasma hoy en día en una cartera de pedidos récord, de más de 4.223 millones.

Sin embargo, el grupo se ha visto afectado a lo largo de los años por una serie de problemas que han lastrado su valoración. Desde que se estrenó en bolsa a inicios de 2015, ha perdido más de la mitad de su valor. Actualmente, se enfrenta a un importante cuello de botella en términos de capacidades productivas para atender esta demanda de pedidos, que es lo que, en teoría, venía a remediar la propuesta húngara.

Sin esta solución sobre la mesa y con su principal accionista explorando las pocas vías de salida que quedan a su alcance, el riesgo de que Talgo se mueva en desventaja en el muy competido campo de los suministros ferroviarios resulta preocupantemente obvio.