Yolanda Díaz vuelve a apuntar a la banca: propaganda ante la subida de las hipotecas

La banca española vive un momento dulce. Los números dejan poco lugar a las dudas, como ha quedado refrendado en las cuentas presentadas este miércoles por BBVA, que reflejan un beneficio récord de 6.420 millones de euros, un 38% más que el año anterior.

Estos números se suman a las buenas cifras ya presentadas por Bankinter, Sabadell o Unicaja y que se espera que tengan continuidad en las cuentas de Santander o CaixaBank, confirmando que la banca es uno de los sectores más favorecidos por las subidas de tipos que tuvieron lugar en 2022.

La ocasión ha sido aprovecha por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para lanzar un nuevo dardo al sector, pidiendo la congelación de los tipos de las hipotecas. “La crisis no puede ser una excusa para ganar más. Congelar hipotecas, moderar beneficios”, reza un mensaje escrito por Díaz a través de su cuenta de Twitter.

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La mención a las hipotecas, es obvio, no resulta aleatoria. La subida de los tipos de los préstamos hipotecarios, motivada las subidas de los tipos de interés por parte del BCE, amenaza con convertirse en un problema de primera magnitud para muchas familias, que han visto dispararse sus cuotas en los últimos meses.

Precisamente, para dar respuesta a este riesgo, el Gobierno ya acordó con las entidades un plan de alivio hipotecario, llamado a favorecer hasta a un millón de hogares pero que en sus primeros compases ha arrojado unos resultados bastante modestos. Ahora, al calor de la nueva ronda de resultados bancarios, Díaz ha aprovechado para propugnar una solución más agresiva, que pasaría por la congelación de los tipos de las hipotecas (en principio y a falta de un mayor desarrollo de la idea, sin excepciones).

En la lógica que viene presidiendo la acción –al menos pretendidamente– del Gobierno, se trataría de un paso más en la dirección de proteger a los más vulnerables de una tendencia al abuso entre las grandes corporaciones, con la banca a la cabeza. Supondría, en cierto modo, dar continuidad al mismo proceso que ya dio como resultado el establecimiento de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de eléctricas y bancos.

Las cifras evidencian que la banca ha disfrutado de un escenario muy propicio en 2022

Aunque entonces se discutió, sobe todo en el caso del sector financiero, que esos presuntos beneficios extraordinarios fueran a hacerse efectivos, dado el riesgo de deterioro de la economía, ahora, aparentemente, las presentaciones de resultados de las entidades vienen a demostrar que el sector sí ha disfrutado de unas condiciones muy beneficiosas, resultando en esos beneficios récord. Pero ahora, como entonces, son muchas las objeciones que pueden hacerse a este planteamiento.

El pasado diciembre sorprendían unas declaraciones en entrevista al diario Expansión de Michele Napolitano, responsable de la agencia Fitch para el rating soberano de España, en las que se mostraba benévolo con el impuesto a la banca. “En los últimos años, los bancos han tenido bastante apoyo con las compras de deuda y las inyecciones de liquidez y, ahora que suben los tipos, creemos que hay margen para asumir un impuesto puntual”, indicaba el experto de una firma que meses antes había expresado sus recelos sobre este proyecto.

No parece difícil hacer objeciones a ese planteamiento –al fin y al cabo, el apoyo que menciona no fue otra cosa que un alivio a un escenario, ese sí, extraordinario que llevó al límite la rentabilidad del sector y que ponía en riesgo su propia función de hacer fluir el crédito– ni añadir al debate cuestiones más específicas del impuesto español (la adecuación o no del hecho imponible, la conveniencia de haber aplicado un criterio semejante a cualquier negocio y no a unos sectores concretos), pero, en cualquier caso, las palabras de Napolitano pueden entenderse como la prueba de que, sin la necesidad de caer en las corrientes más populistas, existen argumentos a favor de imponer en un momento especial una tasa igualmente puntual a ciertos negocios para sufragar los gastos destinados a ayudar a los más vulnerables.

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Sin embargo, la congelación de hipotecas planteada ahora —nuevamente– por Díaz representa un paso que vulnera la propia lógica de la estrategia económica que rige en la propia Europa. No en vano, el encarecimiento del crédito no es sino la consecuencia de los pasos que viene dando el BCE para combatir la inflación, una estrategia que, inevitablemente, pasa por infligir un daño a la economía de las familias –y también de las empresas–, para enfriar la economía y evitar una espiral prolongada de subidas de precios. Tratar de anularlo significa socavar esta estrategia.

Además de que poner coto al encarecimiento de los créditos variables supone una peligrosa distorsión de la lógica de la rentabilidad-riesgo de cualquier actividad financiera, que convertiría en grandes perdedores a todos aquellos que en su momento, con el fin de aminorar los riesgos, decidieron contratar un crédito (más caro) a un coste fijo. Ante los problemas más acuciantes, el Gobierno cuenta con otras herramientas (menos llamativas, eso sí) para limitar el daño de las familias afectadas.

Podría entenderse, no obstante, este señalamiento hacia el comportamiento del sector en el negocio de las hipotecas si el Gobierno y la propia Díaz contaran con datos que evidenciaran una actitud abusiva del sector, con incrementos de los tipos por encima de lo que se consideraría lógico en el actual entorno de subidas de tipos. No en vano, una reciente encuesta del Banco de España evidencia que es mayor la proporción de bancos españoles que esperan aumentar sus márgenes hipotecarios que en el conjunto de Europa.

Pero lo que muestran los datos, hasta el momento, es que el coste de las hipotecas en España se ha movido en los últimos tiempos en paralelo a como la ha hecho en el conjunto de la región e, incluso, se sitúa sensiblemente por debajo (según, el BCE, el tipo medio en España se sitúa en el 2,7%, frente al 2,81% de la Unión Europea).

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Nuevamente, lo que subyace en la actitud de Díaz –seguramente respaldada por parte de sus compañeros en el Consejo de Ministros–, es un entendimiento inexacto de la realidad del sector financiero español, que si bien disfruta ahora de unas condiciones favorables, arrastra años de dificultades (a causa, precisamente, de unos tipos de interés extraordinariamente bajos), que han lastrado su rentabilidad, lo que se evidencia con crudeza en las pérdidas cercanas al 30% que aún arrastran sus cotizaciones en los últimos seis años.

A menudo, se ignora que buena parte del crecimiento de sus resultados no responde a su actividad en España y, más relevante aún, que esos millonarios beneficios son insuficientes para cubrir el coste del capital de unos negocios sometidos a una intensa regulación. Y, finalmente, que contar con unos bancos sólidos y rentables, lejos de ser una mala noticia para el país, es una condición sine qua non para contar con una economía saludable y capaz de aprovechar su potencial de desarrollo.

Nada de esto viene en menoscabo de la conveniencia del papel redistributivo que debe jugar todo Estado a través de su política fiscal. Algunos datos del sector bancario –sin ir más lejos, el porcentaje de banqueros millonarios en España– alertan de ciertas dinámicas que casan mal con las pretensiones de mayor igualdad social que, con buenas razones, dice defender el Gobierno. Poner límites a estas brechas o a la acumulación de beneficios en unas pocas manos en una función que se puede considerar lógica y deseable, siempre dentro de unos parámetros que no atenten contra la seguridad jurídica, la libertad competitiva o el derecho a la justa recompensa del riesgo que se asume en cualquier inversión.

Para ello resulta imprescindible ejecutar una reforma fiscal integral, que subsane los múltiples cabos sueltos de sistema impositivo español, como vienen alertando desde hace años los expertos, con escaso éxito entre los partidos políticos. Se trataría de todo lo contrario a lo que representa el nuevo dardo de Díaz hacia la banca. Pero es obvio que, con independencia de su eficacia real, este tiene mucho mejor venta en los titulares.