Revés de la justicia europea a las 'telecos': ¿qué significa para Orange y MásMóvil?

La Justicia europea tiene un mensaje para el sector de telecomunicaciones español. La opinión emitida este jueves por la abogada general ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la alemana Juliane Kokott, representa un aviso de que las autoridades de Competencia de Bruselas siguen teniendo mucho que decir en la redefinición del mapa de la industria.

Más de dos años después de que el Tribunal General de la UE decretara la nulidad del veto de Bruselas a la fusión entre la filial británica de Telefónica, 02, y el grupo hongkonés Hutchison, Kokott ha cuestionado los argumentos en que se basó aquel fallo y anima a reevaluar. Si entonces, los magistrados entendieron que los criterios en que habían basado su decisión las autoridades de Competencia no estaban suficientemente fundamentados, la abogada del TJUE advierte de la poca racionalidad de solicitar pruebas objetivas para vetar ‘ex ante’ una operación que se considera dañina para la competencia. Según la abogada, por su propia naturaleza, las autoridades deben tener margen para justificar su decisión en hipótesis y no exclusivamente en hechos probados.

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No es difícil entender que a estas alturas lo de menos en torno a este caso es lo referente al hecho concreto del proyecto fallido de Telefónica y Hutchinson, una vez que, seis años después del descarrilamiento de la operación, ambos grupos han encontrado caminos alternativos para sus negocios en Reino Unido.

Pero en el sector, se acogió el fallo del Tribunal General como una puerta abierta hacia un terreno de juego más propicio para las operaciones de integración, ante las que las autoridades de competencia, con la danesa Margrethe Vestager al frente, se han mostrado extremadamente restrictivas. El caso se encuentra ahora en manos del TJUE, y aunque su fallo, que se espera para la primera mitad de 2023, no tiene por qué amoldarse a la opinión de la abogada general, es habitual que la lógica de esta marque el guion de lo que será el fallo definitivo.

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Todo esto representa un considerable jarro de agua fría para las aspiraciones de una industria que habitualmente ha achacado sus males a las limitaciones impuestas por Bruselas, que han significado compañías más pequeñas, con menor capacidad para extraer sinergias y sometidas a una intensa competencia que erosiona sus rentabilidades. Según advierten, esta situación representa un lastre para el crecimiento y la inversión de las compañías de telecomunicaciones y, por lo tanto, sitúa a Europa en franca desventaja frente a América del Norte o China en el desarrollo de infraestructuras tan esenciales como las relativas a la tecnología 5G.

En este escenario, el mercado español se ha evidenciado como uno de los más penalizados por la fuerte competencia entre operadoras y, por ende, como uno de los que más tenía que ganar con una suavización forzada del enfoque de Bruselas sobre los procesos de concentración.

No en vano, es en España donde está en marcha una de las fusiones más trascendentales de los últimos años en Europa, con Orange y MásMóvil llamados a crear el segundo mayor operador nacional, con un valor de negocio de unos 18.600 millones de euros.

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“La posible fusión de las operaciones españolas de Orange y Másmóvil es una prueba importante para el enfoque de la Comisión Europea en los acuerdos. Esto se debe a su tamaño material (valor de empresa de 18.600 millones de euros) y tipo, con el segundo operador más grande fusionándose con el cuarto más grande”, advertían los analistas de Moody’s en un informe publicado a inicios de octubre.

En el mercado se ha tendido a dar por seguro que la operación superaría sin demasiados problemas los escollos regulatorios y que contribuirá a aliviar las presiones competitivas en el mercado nacional. Sin embargo, como advertía Moody’s en su informe, Bruselas no ha dado hasta la fecha muestras de una actitud más liviana en este terreno, abriendo investigaciones en profundidad sobre el posible daño a la competencia incluso para operaciones de mucho menor calado, como la planteada por la propia Orange en Bélgica, con la propuesta de adquisición de VOO. Según señalaba en declaraciones a ‘Financial Times’ Karen Egan, analista de Enders Analysis, la opinión de los reguladores sobre el acuerdo Orange-MásMóvil es “más incierta de lo que las empresas muestran al mercado”.

Un respaldo definitivo por parte del TJUE al criterio de Vestager y su equipo supondría, sin duda, una amenaza para las intenciones de Orange y MásMóvil, pero no tendría por qué representar ni mucho menos un obstáculo insalvable para la operación.

Al fin y al cabo, como observaban los analistas de Fitch en un informe reciente, existen argumentos para justificar la operación, incluso siguiendo la premisa imperante en Bruselas de que reducir de cuatro a tres operadores principales puede ser lesivo para los consumidores. Como la agencia recuerda, en 2021, los operadores de redes móviles virtuales y los operadores alternativos acapararon el 16% del mercado, “lo que confirma que existe un buen nivel de competencia por debajo de los cuatro principales”.

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Eso sí, una autorización de la integración no significaría, ni mucho menos, que Europa no fuera a exigir compensaciones. De hecho, estas se dan por seguras, en forma de exigencia de venta de determinados activos. Y ahí puede estar una de las claves para el éxito de la operación, dado que si estos “remedios” fueran demasiado exigentes podrían facilitar que alguno de los operadores más pequeños (probablemente Digi) ganara suficiente escala para plantar cara a medio plazo a los grandes de la industria.

No en vano, esto fue ya lo que sucedió cuando la anterior oleada de fusiones entre las ‘telecos’ en España (cuando Orange adquirió Jazztel y Vodafone se hizo con Ono) y acabó resultando en que el esperado alivio de la competencia acabó anulado por el meteórico ascenso precisamente de MásMóvil.

Pero, en cualquier caso, no puede perderse de vista que el proceso judicial en torno al que este jueves se pronunció la abogada general del TJUE está llamado a alargarse en el tiempo, presumiblemente más allá de lo que tardará la Comisión en valorar la fusión de Orange y MásMóvil.

Si el alto tribunal se apegara al criterio defendido por la abogada general, el caso volvería al Tribunal General para que volviera a juzgarlo, sin que pudiera descartarse una ratificación del fallo original (aunque fuera, a través de otros razonamientos). Con esa posibilidad en mente, algunas voces conocedoras del sector vaticinan que Bruselas no se arriesgaría a adoptar una postura extremadamente severa ante las próximas fusiones a valorar, con el riesgo de que sus decisiones pudieran verse desmontadas próximamente en los tribunales.

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Además, recuerdan que “2022 no es 2016”, lo que significaría que los acontecimientos más recientes han hecho a la Comisión Europea más sensible a las cuestiones relativas a la defensa de la industria regional, lo que, en última instancia, debería implicar mayor disposición a aceptar los reclamos del sector de telecomunicaciones y abrir la mano en el campo de las fusiones.