Varapalo bursátil a Indra: el coste de la nueva prima de riesgo político

Que los intereses de un gobierno, cuando toma parte de una empresa, no tienen por qué encajar con los de sus accionistas privados es algo que Indra está comprendiendo a base de sobresaltos. El último, este mismo miércoles, con recortes que han rozado el 10% al cierre de los mercados, después de que se conociera que el Consejo de Ministros ha autorizado a la SEPI a elevar su participación en la compañía al 28%, desde el 18,7% actual.

Lo que en otras circunstancias habría sido entendido como una noticia positiva, por la señal de confianza del inversor de referencia y por la presión compradora que introduce en torno a la acción (el 9,3% del capital que el ente público está dispuesto a adquirir supone más de lo que Indra negocia de media cada tres semanas), es visto en el caso de Indra como un factor más para acelerar la salida de inversores que se viene produciendo en las últimas semanas y que ha llevado a la compañía a cotizar en niveles del pasado verano, tras perder más de un 20% de su valor en tres meses.

La reacción a este movimiento no puede entenderse sin los precedentes más inmediatos, como son la sustitución del anterior presidente, Fernando Abril-Martorell por Murtra o la entrada de SAPA en el capital de la compañía, tras adquirir una parte de las acciones que estaban en manos de la familia March (Corporación Financiera Alba). Maniobras todas que, se entiende, van en el camino de otorgar al Ejecutivo una posición incontestable en la fijación del rumbo del grupo. De hecho, así lo ha dado a entender la propia SEPI al justificar el movimiento por el “renovado compromiso del Estado con una empresa que recientemente ha asumido retos de especial trascendencia para los intereses de nuestro país”.

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Valor Añadido

El control de una empresa por el Gobierno no tiene por qué estar reñido con los buenos resultados en bolsa, como han tenido ocasión de comprobar los accionistas de Aena en sus siete años sobre el parqué, incluso a pesar del golpe del coronavirus sobre el negocio aeroportuario. Pero la propia Aena, como Red Eléctrica y, especialmente, Indra han sido objeto de movimientos a lo largo del tiempo en los que el interés público ha chocado con los deseos del mercado.

En el caso de Indra, un refuerzo del papel del Estado en su dirección podría tener consecuencias positivas, especialmente en forma de un mayor enfoque para la obtención de contratos en el área de Defensa. Pero en tanto estos no se manifiesten de una manera palpable, lo que queda en el mercado es la percepción de un mayor riesgo político, con la sombra de ITP coleando una vez más en torno al grupo de servicios de consultoría y tecnología. “Después del varapalo del consejo de 2020 parando la compra de ITP, el Estado se quiere asegurar el control, para poder afrontar esa u otras operaciones”, apunta Víctor Peiro, director de Análisis de GVC Gaesco.

“Nuestro entendimiento de las circunstancias actuales es que Indra avanza por el camino de convertirse en otra de esas empresas con riesgo político en España (y empezamos a tener demasiadas). Los fundamentos son sólidos, el impulso de las ganancias aumenta y la valoración es atractiva, pero esperamos que el riesgo ESG se dispare”, observa, por su parte, Manuel Lorente, analista de Mirabaud Securities.

El mercado apuesta que la SEPI podría entregar el poder ejecutivo a Murtra

Estos no son, ni mucho menos, temores novedosos para la compañía, que ya sufrió una profunda agitación el pasado mayo, cuando el Gobierno forzó la salida de Abril-Martorell para reemplazarle por alguien más alineado con sus intereses. En el mercado se entiende que si aquella maniobra no ha provocado aún un viraje en la marcha del negocio se debe a que, entonces, el consejo de Indra frenó las pretensiones de la SEPI, al entregar el poder ejecutivo a Ignacio Mataix y Cristina Ruiz. Pero los últimos movimientos podrían ser la antesala de un cambio en esta situación.

Desde Mirabaud ven probable que los próximos pasos de la compañía pasen por el incremento del número de consejeros de la SEPI (de dos a tres), el traspaso del poder ejecutivo a Murtra y la compra de una participación en ITP Aero, una operación que el mercado siempre ha mirado con malos ojos, por entender que tiene un difícil encaje con el resto del negocio de Indra.

Los resultados de esta estrategia están por ver y no tienen por qué acabar siendo negativos. Pero cuando los intereses políticos toman el mando el riesgo de fricción con las prioridades comerciales se dispara exponencialmente. Baste recordar que ese 10% que adquirirá el Estado se corresponde al 10% que tienen la gestora de fondos Fidelity y que la familia March está de retirada. Ni a Fidelity ni a los March se les conoce por rechazar buenas oportunidades de negocio. Todo ello es algo que los inversores no pueden pasar por alto a la hora de valorar a Indra. Como la SEPI se ha encargado de recordarle en repetidas ocasiones a lo largo del último año.