La deuda pública cae al 119% del PIB: una mejora que no elimina los deberes

La deuda pública ha ofrecido al Gobierno español un motivo para sacar pecho. Este jueves se ha conocido que el nivel de deuda sobre el PIB se situó al cierre de 2021 en el 118,7% del PIB, una cifra 1,3 puntos inferior a la del año anterior y que mejora en ocho décimas el objetivo de reducción que el Ejecutivo se había marcado.

La combinación de unas tasas de crecimiento sólidas -aunque decepcionantes-, unas condiciones financieras extremadamente favorables y el empuje de la inflación propiciaron un resultado que, aunque favorable, no deja de evidenciar el enorme reto que encara la economía española por el lado de su situación fiscal, con más de 1,4 billones de euros de deuda pública.

Un reto que no fue pasado por alto por el FMI en la radiografía que hizo de la economía nacional en su informe del Artículo IV, publicado el miércoles. En el mismo, planteaba que, tras el fuerte incremento del endeudamiento derivado del ‘shock’ del coronavirus, el camino a la baja de la deuda pública española tiene, sin medidas adicionales, un recorrido muy corto. De hecho, la institución proyecta que se estabilizará en torno al 115% del PIB en el medio plazo.

Las razones de esto son claras y vienen señaladas en la nota del FMI, donde se evidencia que España saldrá de la crisis del coronavirus con un déficit estructural casi un punto superior al que tenía antes de la pandemia, al elevarse desde el 3,1% al entorno del 4%.

El FMI prevé que el déficit estructural de España tras la pandemia será del 4%

A nadie escapa a estas alturas que la crisis sanitaria generó unas necesidades de gasto público inusitadas, pero imprescindibles, lo que justificó que la propia Unión Europea dejara de lado sus reglas de estabilidad fiscal para otorgar margen suficiente a los distintos Estados. España no ha sido, ni mucho menos, una excepción en el incremento del gasto público -de hecho, en muchos aspectos se mostró especialmente remiso-. Sin embargo, en paralelo a la puesta en marcha de colchones temporales de respaldo social y empresarial, el Ejecutivo ha ido implementando una serie de políticas de gasto de carácter estructural que, hasta la fecha, no han tenido una compensación equiparable por el lado de los ingresos. El resultado es que España es hoy un país con unos compromisos de desembolso públicos que no puede satisfacer sin elevar sus ya abultados volúmenes de deuda.

Es por eso por lo que desde el FMI se aconseja al Gobierno la “formulación temprana de un plan creíble de consolidación fiscal a mediano plazo” que, estiman, “podría ayudar a generar el consenso social necesario y respaldar la confianza de los inversores”.

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Se trata de una recomendación nada baladí en un momento en el que España debe hacer frente al más que previsible final del programa de compra de bonos del BCE en los próximos meses. El repunte de más de 90 puntos básicos que ha experimentado ya el interés del bono español a 10 años en apenas dos meses es una muestra de lo que puede suponer el paso atrás del banco central para la capacidad de financiación del país.

Cabe señalar, no obstante, que pese al reciente repunte, el coste actual de la deuda para España se mantiene en niveles históricamente bajos, que le otorgan un margen nada desdeñable. Según cálculos de Oxford Economics, si el interés del bono a 10 años se duplicara hasta 2030, el coste medio de la deuda española se mantendría prácticamente estable, en torno al 1,5%.

España tiene margen aún para seguir reduciendo los costes medios de su deuda

Pero las experiencias del pasado no tan lejano ofrecen sobradas muestras de que la pérdida de confianza en la capacidad financiera de un país puede resultar mucho más brusca de lo que se asume en esos números. Y, de hecho, el mercado podría anticipar -y precipitar- una situación de insolvencia mucho antes de que los números reales condujeran a ello.

La economía española se enfrenta ahora a un importante desafío por el lado de la inflación, pero también a unas condiciones muy favorables, con una expectativa de crecimiento del PIB en 2022 en el entorno del 5,5% y el apoyo que viene derivarse en este y en los próximos ejercicios de los fondos europeos, que, bien empleados, deberían contribuir a impulsar el crecimiento potencial de la economía española.

Dejar pasar esta oportunidad sin hacer los deberes en el terreno del equilibrio fiscal, podría resultar demasiado costoso a largo (y no necesariamente tan largo) plazo. El Gobierno parece ser consciente, cuando desde el Ministerio de Asuntos Económicos se afirma que el dato de 2021 supone tan solo el inicio de “la reducción de la ratio de deuda pública sobre el PIB, que se intensificará en los próximos años”. Faltan aún las evidencias de que para ello existe un plan creíble que va más allá de esperar que la coyuntura siga ayudando.