La CNMC y la imagen de la banca: ¿otra ocasión perdida para recobrar la confianza?
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Expediente sancionador

La CNMC y la imagen de la banca: ¿otra ocasión perdida para recobrar la confianza?

El expediente abierto a la banca por la CNMC por la gestión de los avales del ICO puede suponer el enésimo golpe a la reputación del sector

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Foto: EC.

Tras el anuncio por parte de la CNMC de un expediente sancionador contra cuatro bancos (Sabadell, Santander, CaixaBank y Bankia) resulta pertinente hacer bandera en primera instancia de la presunción de inocencia que debe presidir cualquier investigación —aunque con frecuencia se evite—. Resulta obvio que la institución que dirige Cani Fernández no habría dado un paso de este tipo sin indicios de un comportamiento inadecuado por parte de las entidades afectadas, pero las reglas del juego obligan a no asumir esos indicios como una realidad probada sin esperar a la resolución de un procedimiento que podría acabar sin sanciones de ningún tipo.

Planteado esto, es obligado admitir que, con su decisión, la CNMC ha asestado un doloroso golpe en uno de los puntos débiles del sector financiero español: el de su reputación. No son necesarios muchos estudios para confirmar que la banca es, desde hace varios lustros, un sector que despierta escasas simpatías en la sociedad española. Y la mera sospecha de que algunas entidades han tratado de sacar provecho —más del justamente permitido— de unas ayudas articuladas por el Gobierno, a través del ICO, para ayudar a las empresas afectadas por una crisis tan tremenda como la del coronavirus, contiene los ingredientes suficientes para azuzar esa mala fama.

"Tras el análisis realizado, la CNMC considera que la actuación de los bancos investigados se alejaría de la buena fe exigida a las empresas en sus relaciones con los clientes. En consecuencia, sus prácticas podrían haber alterado el comportamiento económico de los consumidores que acudieron a estas entidades para suscribir los créditos ICO. Todo ello podría suponer un falseamiento de la libre competencia y habría afectado al interés público", resalta el comunicado publicado por la autoridad de competencia.

La importancia de las entidades investigadas puede tener implicaciones generales

La banca española lleva años luchando por sacudirse los problemas de reputación que arrastra desde la pasada crisis financiera. Desde el sector se ha lamentado con frecuencia que sobre sus espaldas se han cargado culpas como el rescate financiero, propiciado por un segmento muy particular del negocio, el de las cajas de ahorro, que prácticamente ha desaparecido. Sin embargo, el estigma del rescate, alentado por algunas fuerzas políticas, ha perseguido a un sector que desde entonces ha ido encadenando escándalos más o menos justificados, desde la polémica de las preferentes al IRPH, pasando por la salida a bolsa de Bankia o la ampliación de capital de Popular, sin olvidar las cláusulas suelo, los desahucios o los casos de blanqueo de capitales.

Los intentos de pasar página han sido constantemente torpedeados por nuevas polémicas que, aunque a veces de forma poco justificada, han vuelto a poner en el disparadero a los bancos a ojos de la opinión pública. Los posibles abusos de parte del sector en la gestión de los préstamos avalados por el ICO pueden ser el enésimo tropiezo en la misma piedra.

Porque, como ya ha quedado demostrado en muchos de los casos citados anteriormente, el sector ni siquiera puede confiar en que la mancilla de estas supuestas malas prácticas quede restringida a las entidades involucradas. Aunque es de presumir que la mayor parte del sector ha obrado de forma correcta en la gestión de los avales públicos, las entidades objeto de la investigación de la CNMC representan una parte muy sustancial del mercado, capaz de provocar un daño extensivo al conjunto del sector.

La crisis del covid ha sido vista como una ocasión para mejorar la reputación del sector

A este caso le añade especial gravedad el hecho de estar relacionado con una de las más fundamentales políticas de soporte articuladas por el Gobierno para contener los daños de la crisis del coronavirus. Precisamente, en España y a nivel internacional, se ha asumido desde un principio que el papel esencial protagonizado por la banca en la gestión de estas ayudas podría suponer el impulso necesario para restañar las heridas del pasado y dar un nuevo lustre a la reputación del sector. Un estudio de la consultora internacional Brand Finance publicado el pasado febrero detectaba que la reputación de los bancos había mejorado en 27 de los 29 países incluidos en el análisis (y entre ellos España) durante la crisis del coronavirus.

Sería injusto ahora ningunear esos esfuerzos críticos desempeñados por el sector (que abarcan también moratorias crediticias o rebajas temporales de comisiones) para, del mismo modo que hace en tiempos de normalidad, mantener abiertas las vías de circulación del dinero y evitar un colapso económico mayor durante los momentos más duros de la pandemia. Pero en el sector deben ser conscientes ya de que el trabajo bien hecho puede quedar fácilmente sepultado por el menor desliz.

Este, de confirmarse, parece suficientemente serio para deshacer buena parte de lo avanzado en los últimos años, pues al fin y al cabo significaría haber tratado de exprimir las oportunidades de negocio en un momento sumamente delicado y a costa de unos clientes que podían estar jugándose la propia pervivencia de sus negocios. Y en esta ocasión el sector tendrá mucho más difícil echar las culpas hacia fuera, por mucho que los supuestos responsables sean solo unos pocos.

Tras el anuncio por parte de la CNMC de un expediente sancionador contra cuatro bancos (Sabadell, Santander, CaixaBank y Bankia) resulta pertinente hacer bandera en primera instancia de la presunción de inocencia que debe presidir cualquier investigación —aunque con frecuencia se evite—. Resulta obvio que la institución que dirige Cani Fernández no habría dado un paso de este tipo sin indicios de un comportamiento inadecuado por parte de las entidades afectadas, pero las reglas del juego obligan a no asumir esos indicios como una realidad probada sin esperar a la resolución de un procedimiento que podría acabar sin sanciones de ningún tipo.

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