El déficit público de España: mucho más que un problema temporal

El déficit público de España está de vuelta en niveles de 2009. El Gobierno nacional ha confirmado este lunes que el desfase entre los ingresos y los gastos públicos superó al cierre del pasado ejercicio el 10%, más que triplicando las cifras del año anterior.

El dato tiene poco de sorprendente si se sitúa en el contexto de la profunda crisis económica que atravesó España a lo largo de 2020, a causa de la pandemia del coronavirus, y que tuvo entre sus efectos un sensible recorte de los ingresos públicos y un muy notorio aumento de los gastos, que se incrementaron en unos 53.000 millones, como consecuencia, en una proporción muy relevante, de las medidas de respaldo a empresas, autónomos o desempleados.

Incluso, y a pesar de las abultadas cifras finales de déficit, que suponen más de 113.000 millones de desequilibrio (un 10,9%), el Gobierno puede presumir de haber mejorado las estimaciones no solo de las distintas firmas e instituciones públicas y privadas, sino las suyas propias, que habían fijado el pasado octubre el objetivo en el 11,3%. Y el saldo final podría ser aún mejor -y de hecho así ha pretendido venderlo el Ejecutivo- si se elimina el déficit vinculado a Sareb, con el que no se contaba hasta hace unas semanas.

El desequilibrio de 113.000 millones en las cuentas de 2020 mejora la mayoría de pronósticos

Sea de un modo o de otro, lo cierto es que el deterioro de las cuentas públicas a causa de la crisis representa una de esas consecuencias inevitables y que, por su propio carácter, debería suponer un impacto puntual. Si como se espera 2021 acaba siendo el año del inicio de la recuperación económica -por mucho que esta se siga retrasando-, el agujero generado en las cuentas públicas por el covid-19 debería ir reduciéndose progresivamente. Y el respaldo que el BCE sigue prestando a la deuda pública europea se mantiene como un seguro que hace que, al menos a corto plazo, la gestión de ese déficit resulte relativamente cómoda.

Sin embargo, cabe señalar que en su presentación de este lunes, el propio Ministerio de Hacienda ha estimado que de los más de 53.000 millones de euros en que se incrementó el gasto público el año pasado, un 85% estuvo directamente relacionado con la pandemia, lo que significa que el restante 15% -poco menos de 8.000 millones de euros- tuvo otras causas y estaría revestido de un carácter estructural que puede hacer mucho más complejo el reequilibrio (y eso sin considerar el riesgo de que, una vez analizadas las cuentas españolas, Bruselas entienda que el porcentaje de gasto estructural es mayor del asumido por el Gobierno).

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Javier G. Jorrín

Con independencia de su mayor o menor justificación, medidas como el ingreso mínimo vital o el incremento de los salarios de los funcionarios y de las pensiones contributivas representan pasos dados por el Gobierno a lo largo del pasado ejercicio que estarían llamados a generar unos costes duraderos para las arcas públicas. Un asunto que no es baladí, a tenor del persistente problema con el que se ha encontrado España en la última década para reequilibrar sus cuentas públicas.

Tal y como reflejaban los profesores José Félix Sanz Sanz y Desiderio Romero Jordán en un artículo reciente publicado en la revista de Funcas Cuadernos de Información Económica, "en la crisis de 2008, los países de la UE-15 tardaron una media de cinco años en reconducir sus niveles de déficit por debajo del 3%, mientras que España tardó una década. De hecho, fue el país que más tiempo invirtió en alcanzar dicho nivel".

España lleva dando pruebas desde hace años de que sin reformas estructurales, las pretensiones de equilibrar las cuentas públicas representan poco menos que una quimera. Máxime si se tiene en cuenta que las dinámicas de longevidad amenazan con agravar el agujero actual de las pensiones en los próximos años. En esas circunstancias, las medidas adoptadas a lo largo del último año han tenido el efecto de hacer más compleja la corrección del déficit público español.

Sin reformas estructurales, los intentos de corregir el déficit son casi una quimera

Parece fuera de toda discusión que las circunstancias de la crisis del coronavirus hacían indispensable activar la palanca del gasto público, dejando aparcadas consideraciones de disciplina fiscal, y de hecho se puede achacar al Gobierno de Pedro Sánchez un exceso de rigidez a la hora de plantear algunas ayudas, sin las cuales los daños de la crisis podrían resultar más profundos. La flexibilidad aplicada por Bruselas a los criterios fiscales y el fuerte respaldo del BCE han creado un escenario idóneo para financiar cualquier gasto requerido para aliviar el shock de la pandemia.

Pero es evidente que este representa un escenario tendente a desaparecer y algunos movimientos ya permiten atisbar la incomodidad dentro de países como Alemania con algunas de las políticas excepcionales aplicadas por instituciones como el propio BCE para combatir las consecuencias de la crisis. Aunque la retirada vaya a resultar inevitablemente muy paulatina, España no puede perder de vista que ni Bruselas hará la vista gorda 'sine die' ni el BCE seguirá asumiendo unos ritmos de inversión en deuda pública como los actuales si la recuperación económica se asienta en la región.

Es preciso, por lo tanto, diseñar un plan de consolidación fiscal a medio plazo asumible y fiable, que permita rebajar la vulnerabilidad de España a un deterioro de las condiciones de financiación y favorezca la reducción de las elevadas cifras de deuda que emborronan el balance nacional. La recuperación económica, si finalmente se hace patente, será una manera esencial de limar los daños que la crisis ha infligido a las cuentas públicas. Pero no será suficiente si no se acompañan de medidas con las que se asuma de una vez que el problema de las cuentas públicas españolas representa algo mucho más profundo que un efecto coyuntural.