Golpe de Blackstone al alquiler: los costes de convertir la vivienda en campo de batalla

Han pasado solo unos días desde que el todavía vicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias, se refirió a la regulación de los alquileres como una batalla para dirimir "quién manda" en España y Blackstone, el mayor propietario de vivienda de España, ya ha dado los primeros pasos para evitar verse envuelto en esa lucha. Y esto no representa, ni mucho menos, una buena noticia.

La decisión del gigante de la inversión de traspasar una parte significativa de su oferta de pisos en alquiler a su cartera de activos disponibles para la venta representa la confirmación de un riesgo que lleva sobrevolando desde hace meses el mercado inmobiliario español, a medida que desde ciertos sectores del Ejecutivo —especialmente, los más vinculados a Unidas Podemos— han ido lanzando propuestas que tratan de cargar la solución a los incuestionables problemas de la vivienda en España sobre los oferentes.

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Es cierto que la última propuesta lanzada desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos, rehúye varios de los puntos más polémicos de cuantos se han venido planteando en los últimos meses —limitaciones de precios, cesión forzosa de inmuebles a alquiler social o, incluso, expropiaciones—, pero el debate aún abierto entre los distintos miembros del Gobierno hace poco por transmitir seguridad a los propietarios. Además, buena parte de las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas y en algunas de ellas, como Cataluña y recientemente Baleares, el entorno es cada vez más hostil para los propietarios de inmuebles.

El problema no es tanto limitar la rentabilidad de la inversión como la seguridad jurídica

Los grandes fondos de inversión han sido, a lo largo de los últimos años, grandes dinamizadores del mercado inmobiliario español, contribuyendo a su levantamiento tras el colapso de la pasada crisis financiera. Esa apuesta ha salido, en términos generales, muy rentable. Pero hoy, cuando las perspectivas del mercado aparecen sumidas en la más profunda de las incertidumbres y desde el propio Ejecutivo se ponen en tela de juicio algunos de los derechos más elementales de los tenedores de vivienda, parece inevitable que muchos opten por replegarse, en busca de otros mercados que ofrezcan no tanto mayores rentabilidades, sino, sobre todo, la seguridad jurídica más elemental.

No puede negarse que el mercado de la vivienda en España se enfrenta a problemas muy serios —principalmente en las grandes urbes— que requieren soluciones políticas, pues, como bien recordaba, en un artículo reciente en el blog Nada es Gratis, Antonia Díaz, profesora de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, este no es un mercado de competencia perfecta, que deba dejarse en manos de la autorregulación. Medidas para paliar las dificultades de acceso a la vivienda a las que se enfrenta una parte considerable de la población resultan indispensables.

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Los problemas surgen cuando un asunto tan complejo como este se trata de remediar a partir de postulados simplistas, que tratan principalmente de satisfacer planteamientos muy ideologizados, y se soslaya la tan necesaria cooperación entre los distintos actores del mercado, sometiendo a una parte de este a sospechas poco fundadas (¿por qué interesaría a los grandes propietarios acaparar una amplia oferta de vivienda vacía antes que sacarla al mercado en un momento de auge de los precios?).

A menudo se marginan datos y ejemplos que pueden ser útiles en el diseño de soluciones

Porque con frecuencia se suele obviar que para que exista un mercado de alquiler que funcione de forma eficiente es tan necesario que exista un arrendatario con capacidad para acceder a una vivienda como un arrendador dispuesto a poner una vivienda en el mercado. Y cuanto menores sean las seguridades de las que dispongan estos últimos más difícil será que se animen a hacerlo. Movimientos como el de Blackstone conducen a una reducción de la oferta de vivienda en alquiler cuyas consecuencias serán, inevitablemente, contrarias a los objetivos que persigue la nueva regulación del mercado.

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Mientras tanto, con frecuencia, se dejan al margen los datos y las enseñanzas que pueden extraerse de las regiones que ya han aplicado, con mayor o menor éxito, distintas fórmulas para tratar de subsanar un problema que no es ni mucho menos exclusivo de España. En este sentido puede señalarse, como subraya la profesora Díaz en el artículo anteriormente citado, el caso del programa Bizigune implementado en el País Vasco como fórmula de fomentar la oferta de vivienda en alquiler social, y que 'grosso modo' consiste en una actuación de la Administración local para, actuando de intermediario, ofrecer, al mismo tiempo, seguridad jurídica al propietario de un inmueble vacío para que lo aporte al mercado del alquiler y una renta razonable al inquilino.

El caso, tantas veces mentado como ejemplo, de la ciudad de Viena, basado igualmente en una amplia provisión de oferta pública, podría resultar igualmente útil a la hora de valorar posibles opciones para el alivio de los problemas del mercado inmobiliario español en el que este tipo de oferta se sitúa muy por debajo de la media europea. Fórmulas que no pasan en ningún caso por convertir este campo en un terreno de lucha, porque expulsar a una mitad del mercado solo puede resultar un perjuicio para todos.