Golpe al bonus de Santander: reparto de daños, ¿reparto de beneficios?

El histórico golpe que ha asestado Banco Santander a los bonus de sus empleados representa la enésima secuela de una crisis que viene de largo y que ha tenido en el covid-19 un nuevo agravante, infligiendo un severo daño a las cuentas de las entidades financieras.

El de Santander ha sido un caso extremo. Aunque motivado por una serie de ajustes extraordinarios, como los ejecutados sobre el valor contable de sus filiales internacionales, la entidad presidida por Ana Botín cerró 2020 con unas pérdidas históricas, de 8.771 millones de euros, que inevitablemente habrían de tener consecuencias.

Unas consecuencias que, cabe señalar, al menos en esta ocasión han sido ampliamente compartidas. No en vano, el ajuste de los pagos a la plantilla, en torno al 50%, se situaría en línea con el recorte del salario asumido por la propia Botín y el consejero delegado del banco, José Antonio Álvarez, desde los primeros pasos de la pandemia. Y también los accionistas de la entidad tuvieron que digerir la suspensión de los dividendos, instada por el Banco Central Europeo (BCE).

El ajuste se sitúa en línea con el recorte del salario de sus máximos directivos

Sin embargo, para la plantilla de Santander la decisión supone una nueva vuelta de tuerca a una intensa sucesión de medidas que han tenido en los trabajadores del banco a los principales damnificados, lo que se ha traducido en los últimos años en recurrentes ajustes de empleados. Solo entre 2018 y 2020, el número de trabajadores de la entidad se redujo en más de 10.000 efectivos, hasta los 191.189 con los que cerró el pasado año, y actualmente el banco tiene en marcha un nuevo ERE, pactado con los sindicatos a finales de 2020, por el que está previsto que abandonen la entidad 3.572 personas.

Es de justicia señalar que el de Santander no es, ni mucho menos, un caso aislado. Los ajustes de plantilla han sido una constante en un sector financiero en pleno proceso de reconversión. Como Botín daba a entender durante la última presentación de resultados, estos movimientos podrían leerse como pasos necesarios para garantizar la viabilidad del grupo en su conjunto en el nuevo contexto en el que se halla inmerso el negocio bancario. Y ciertamente, con frecuencia, estos ajustes se han realizado en unas condiciones muy ventajosas frente a las que han tenido que asumir miles de despedidos en otras muchas industrias.

Pero si a este episodio se le pueden colgar más justificaciones que peros, no deja de representar una clara ocasión para cuestionar el modo en el que en los últimos años el mundo empresarial —con todas las excepciones que caben en un concepto tan amplio y complejo— ha estructurado el reparto de las cargas y los beneficios de su actividad.

El desequilibrio en la distribución de ingresos es uno de los motores de la desigualdad

Existe un amplio consenso entre los economistas en señalar a la creciente desigualdad como una de las grandes debilidades a las que se enfrenta el sistema económico en la actualidad. Y no son pocas las veces en que se señala, como una de las claves de este fenómeno, a la distribución de beneficios entre propietarios y trabajadores. "La característica clave del capitalismo neoliberal ha sido un sesgo de la distribución del ingreso en contra de los empleados, lo que ha permitido aumentar la rentabilidad y la aparición de una rentabilidad sobre el capital considerablemente más alta para los accionistas que las tasas de interés libres de riesgo", escribía el economista jefe de Natixis, Patrick Artus, en un informe publicado el pasado noviembre, en el que abogaba por la implementación de fórmulas de propiedad del capital por parte de los empleados.

Por supuesto, quienes se juegan su dinero invirtiendo en un negocio tienen derecho a, cuando las cosas marchan bien, extraer un rendimiento. Pero este no puede estar apoyado en un reparto de sacrificios cargados de forma desequilibrada sobre los hombros de los trabajadores. En un momento en que la retórica de la responsabilidad social impregna cada vez más el discurso de las empresas —y en esto Banco Santander presume de estar a la vanguardia— sería deseable que este asunto estuviera entre las prioridades de las corporaciones, aunque solo sea por su propio interés, dado que se suele vincular esta creciente desigualdad con un pujante desapego de la ciudadanía hacia el sistema y el consiguiente auge de los populismos, que en poco beneficia al desarrollo de la actividad económica.

Un reparto equilibrado de los daños de una crisis entre todas las partes interesadas, como el que parece haber llevado a cabo Santander, encaja a la perfección en cualquier discurso apegado a la más pura lógica económica. Pero igualmente debería presidir los pasos a la hora de diseñar los mecanismos de reparto de los beneficios que puedan sucederse una vez se logre dejar atrás los efectos de la crisis del coronavirus. Será una buena ocasión para demostrar que el discurso de la responsabilidad social va más allá de las palabras.