Montero, Medel y las sombras persistentes de una relación peligrosa
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Montero, Medel y las sombras persistentes de una relación peligrosa

Pese a los pasos dados para limitar los vínculos entre la política y las finanzas, aún se mantienen abiertas vías por las que se cuelan reminiscencias de actitudes del pasado

Foto: Foto: EC Diseño.
Foto: EC Diseño.

El archivo en 2017 por parte de la Junta de Andalucía —con la ahora ministra María Jesús Montero al frente de la consejería responsable— del expediente abierto por el Banco de España contra el expresidente de Unicaja, Braulio Medel, puede verse como un caso paradigmático de las siempre controvertidas relaciones entre finanzas y política que tantas veces han enturbiado el legado de las cajas de ahorro en España.

Con escasas excepciones, estas entidades son ya más historia que presente de la realidad financiera nacional. Pero su papel protagonista en el rescate bancario ejecutado en España en 2012 se mantiene como una mancilla —plasmada más que en cualquier otra cosa en el control de Bankia por parte del Estado— que brota cada vez que vuelve a ponerse sobre el tapete el recurrente debate sobre la conveniencia de contar con una banca pública.

Sería injusto reducir el papel que han desempeñado las cajas de ahorro en el entramado económico español a sus episodios más lacerantes. Y precisamente la Unicaja que Medel pilotó entre 1991 y 2016 puede esgrimirse como ejemplo de entidad gestionada de forma prudente, lo que le permitió salir relativamente indemne de la crisis financiera que arrasó al sector hace alrededor de una década e incluso absorber alguno de sus competidores más afectados.

Las relaciones entre política y banca motivaron operaciones poco justificables

Sin embargo, incluso en aquellas entidades que mejor han funcionado, resulta relativamente habitual topar con ejemplos en que los intereses financieros parecen entremezclarse —cuando no supeditarse— con el provecho político. Al fin y al cabo, Gobiernos autonómicos de los más diversos colores vieron en las cajas localizadas en sus regiones una palanca muy útil para financiar sus proyectos, estableciendo en ocasiones una estrecha relación en la que las sospechas de favores en una y otra dirección parecían estar a la orden del día.

Son esas perniciosas relaciones entre la política y los gestores de las cajas, que motivaron con frecuencia operaciones difícilmente entendibles desde el punto de vista financiero —y que en la dirección opuesta pudo traducirse en un debilitamiento de la vigilancia pública de los comportamientos de estos gestores—, las que más perjudican las pretensiones de algunas fuerzas políticas de reimpulsar la figura de la banca pública. Los evidentes indicios de que fue ahí donde se originaron muchos de los errores que explican el hundimiento financiero representa un aviso que no se puede pasar por alto.

La conversión de la práctica totalidad de las cajas de ahorros en bancos ha supuesto un paso clave a la hora de poner coto a la tentación política de usar las entidades financieras en favor de sus intereses. No obstante, las fundaciones bancarias a través de las que se ha canalizado, en muchas de ellas, el control de los antiguos gestores (el propio Medel al frente de la Fundación Unicaja es un claro reflejo de esto) se mantiene como una vía por la que aún logran colarse esas viejas pulsiones.

Las fundaciones bancarias mantienen viva una vía de influencia que conviene minimizar

La disputa reciente en torno al liderazgo en la entidad resultante de la fusión entre Unicaja y Liberbank ha sido el reflejo más evidente de estos caminos aún abiertos para que la influencia política deje su sello en la gestión bancaria. Y los nocivos resultados a que dio lugar esto en el pasado deberían obligar a estudiar la manera de cerrarle el paso.

Del mismo modo que no sería justo achacar a todas las cajas los mismos vicios, sería inmerecido reducir el papel de las fundaciones bancarias al de herramientas al alcance del poder político para mantener vivos sus antiguos vínculos con el poder financiero. La importante labor que realizan a través de la obra social hace de las mismas una valiosa pieza que conviene preservar.

Pero, precisamente por la importancia de estas, podría justificarse una revisión de su funcionamiento, que haga aún más dificíl su sometimiento a intereses ajenos a los que deben guiar su proceder. Al fin y al cabo, su nacimiento forma parte del intento de desactivar esa peligrosa mezcla de intereses entre política y banca. Cualquier paso que dificulte su uso en el sentido opuesto no hará sino reforzar los méritos de las funciones que están llamadas a desempeñar.

El archivo en 2017 por parte de la Junta de Andalucía —con la ahora ministra María Jesús Montero al frente de la consejería responsable— del expediente abierto por el Banco de España contra el expresidente de Unicaja, Braulio Medel, puede verse como un caso paradigmático de las siempre controvertidas relaciones entre finanzas y política que tantas veces han enturbiado el legado de las cajas de ahorro en España.

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