Debate sobre el salario mínimo: ¿tiene margen España para volver a subirlo?

El salario mínimo vuelve al centro del debate económico en España. Las pretensiones del Ministerio de Trabajo de dar continuidad a la revalorización del SMI (salario mínimo interprofesional) ya iniciada en los años anteriores amenaza con abrir un nuevo punto de fricción entre el Ejecutivo y el empresariado español, que mira con inquietud una medida que podría traducirse en mayores costes laborales en un momento de evidentes dificultades para miles de empresas, a causa de la crisis del coronavirus.

El del SMI es otro de esos debates económicos en los que, con frecuencia, la ideología parece anteponerse a las evidencias científicas, entre otras razones, porque no es fácil extraer evidencias del impacto aislado de una variable de este tipo sobre un mercado tan complejo como el laboral. Así, de una manera harto simplista, se puede encontrar quien justifique que la creación de empleo que registraba España antes del golpe de la pandemia es la prueba palmaria de que las alzas anteriores del SMI no habían tenido impacto negativo alguno, junto a los que atribuían toda la ralentización en el ritmo de creación de nuevos puestos al encarecimiento de los jornales más bajos. La lógica parece indicar que la realidad debería encontrarse en algún punto intermedio.

Frente a esas visiones sesgadas por la ideología, no cabe otro recurso que el análisis meticuloso de los datos. Pero ahora, como en los ejercicios anteriores, las pretensiones del Ejecutivo —espoleadas por los sindicatos— en este sentido parecen propulsadas por meras voluntades políticas sin encaje en un plan coherente de refuerzo del mercado laboral español respaldado por una evaluación rigurosa de la situación. Pese a que la ministra del ramo, Yolanda Díaz, haya asegurado que los datos que manejan sobre la subida de SMI son favorables a la medida, la falta de transparencia en torno a esos informes genera muchas dudas entre los expertos, que advierten, además, de que cualquier análisis sobre esta materia debe ser continuado para poder responder a las necesidades de cada momento.

No parece haber evidencia de un daño severo a causa de las últimas subidas del SMI

Recientemente, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se hacía eco de un análisis del que se desprendía que, en términos generales, a día de hoy, no hay evidencias de que los movimientos en el SMI tengan un impacto negativo en la evolución del empleo. Una visión global que se puede asumir también como real en el caso más reciente de España, pues, a falta de un análisis más específico —el ejercicio más profundo hasta la fecha fue el publicado el pasado junio por AIReF, en que se cifraba en un máximo de 33.000 los puestos de trabajo perdidos a causa de la subida del SMI en 2019—, no parece haber motivos para concluir que las últimas alzas han tenido un efecto negativo destacable sobre el mercado laboral nacional.

Pero no puede perderse de vista que estos no son procesos automáticos, sino que dependen de la voluntad política y, por lo tanto, suelen aprobarse en condiciones entendidas como idóneas para ello, lo que 'a priori' limitaría los riesgos de un efecto dañino. En el caso de España, Marcel Jansen, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador asociado de Fedea, admite que en el momento en que se acordaron las anteriores subidas del SMI (que suman un 29% en dos años), la economía española ofrecía margen para absorber un movimiento de este tipo, tras varios años de fuerte crecimiento.

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Sin embargo, es evidente que las circunstancias ahora no son ni mucho menos equiparables, tras el severo revés que ha supuesto la crisis, también en términos de empleo. Y, en especial, sobre empleos de baja cualificación —buena parte de los ligados a la hostelería y la restauración—, cuyas remuneraciones suelen encontrarse en muchos casos muy próximas al SMI y, por ende, su recuperación puede verse más directamente afectada por una subida ostensible de este. "Ahora el margen es mucho menor y la economía se encuentra en una situación bastante más vulnerable", comenta Jansen, quien cree que la situación actual haría aconsejable una congelación (o una subida mínima) y la fijación de un acuerdo plurianual entre los distintos agentes sociales.

Por supuesto, pueden encontrarse, también en la coyuntura actual, argumentos para justificar la conveniencia de una revalorización del SMI. Así lo defiende Juan José Dolado, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. "La subida, aunque sea testimonial, es una medida necesaria en un momento de gran incertidumbre, aumento del poder monopsónico de las empresas que sobreviven y caída tendencial de la participación de las rentas del trabajo en el PIB", señala, al tiempo que resta fuerza al peligro de que la subida se extienda al resto de la escala salarial y subraya el impacto positivo que podría tener sobre "muchos trabajadores que, siendo autónomos en sectores de la 'gig economy' muy beneficiados por la pandemia, pueden pasar a convertirse en asalariados o autónomos dependientes si continúa la tendencia marcada por las recientes sentencias judiciales".

Aceptar esta visión, no obstante, no finiquita, ni mucho menos, el debate, que también se vuelve intenso a la hora de valorar a cuánto debería ascender una nueva alza del SMI. Actualmente, los sindicatos reclaman una subida de hasta el 5,3% (para elevar a 1.000 euros las 14 pagas), mientras que el Gobierno espera fijarla en negociación con los empresarios. El problema que subyace, nuevamente, es la percepción de que cualquier decisión en este sentido carecería de los pertinentes estudios de impacto, mientras se emplea el salario mínimo como casi la única herramienta de lucha contra la precariedad laboral en España.

Los sindicatos abogan por un nuevo incremento del SMI de hasta el 5,3%

"Hace falta una política coherente para combatir la pobreza laboral, que parta de un análisis permanente de los datos", defiende Jansen, quien cita el ejemplo de Reino Unido, que cuenta con la Low Pay Commission (LPC) para hacer recomendaciones, basadas "en la mejor evidencia posible", sobre los niveles apropiados de salario mínimo, con capacidad de adaptar sus consejos a las circunstancias de cada momento.

Como resalta Jansen, un debate fundamentado en los datos sobre el SMI podría permitir introducir matices que pueden ser muy relevantes para su éxito, como sería una variedad de niveles en función de la edad —de modo que el SMI pueda garantizar al mismo tiempo unos salarios dignos a los trabajadores de cierta edad sin perjudicar la capacidad de acceso al mercado de los más jóvenes— o también regionales.

El del SMI es un debate complejo, en el que las posturas maximalistas no son de ayuda para la comprensión del problema y las posibles opciones. Subir el salario mínimo no es una cuestión que pueda zanjarse en términos binarios (sí o no, bueno o malo), sino que requiere una reflexión profunda, en la que se contemplen sus pros y sus contras, para lo cual resultan imprescindibles los datos y sus análisis detallados y continuados. Sin ellos, cualquier nuevo paso no dejará de resultar una decisión eminentemente política, cuyos resultados económicos corren el riesgo de situarse en el lado opuesto de lo pretendido.