El golpe fiscal a los dividendos corporativos: un lastre mayor de lo que dicen los números

Unos 473 millones en 2021 y otros 1.047 al año siguiente. En total, 1.520 millones de euros. Los objetivos de recaudación que acompañan los planes del Gobierno para reducir, del 100 al 95%, la exención de que disfrutan los dividendos y plusvalías obtenidos de filiales nacionales o extranjeras no parecen contar con la entidad suficiente para hablar de hachazo. Al fin al cabo, se estaría hablando de obtener en dos años de las más de 1.700 empresas que el Ejecutivo estima que se verían afectadas un equivalente apenas del 6% de los beneficios registrados solo por las compañías del Ibex en 2019 —un año que, por otro lado, mostró unos resultados extraordinariamente bajos—.

En una situación extraordinaria como la generada por la crisis del coronavirus, que aboca las cuentas públicas a sufrir un roto de enormes dimensiones, cualquier esfuerzo por aumentar la recaudación debe ser leído con cierta comprensión, dada la necesidad de obtener unos recursos que escasean. Desde este punto de vista, y haciendo una lectura simplista, el malestar que ha dejado traslucir el Ibex podría tildarse de pataleta y hasta justificar el acusar a las compañías de cierta insolidaridad.

Sin embargo, en el terreno económico, este tipo de planteamientos superficiales corre habitualmente el riesgo de ignorar una parte de la realidad tan relevante o más que la que trasciende a primera vista. Y este es, indudablemente, uno de esos casos. Porque el impacto económico de este cambio impositivo puede ir mucho más allá de lo que transmiten los meros objetivos de recaudación.

El cambio tributario encerraría consecuencias negativas para la competitividad empresarial y su capacidad para captar recursos internacionales

Los argumentos para combatir las bases de este cambio son fácilmente entendibles. No en vano, en gran medida, supone gravar por segunda vez unas rentas obtenidas por las filiales de las empresas españolas, ya sea en España o en un país tercero, en un cambio que podría encerrar incluso riesgos legales, especialmente en aquellas jurisdicciones donde existen tratados de doble imposición.

La modificación de estas condiciones no supone solo un golpe a los intereses de estas empresas en un momento crítico, en el que la mayoría de los expertos abogan por aliviar la situación de las compañías para que puedan liderar la recuperación económica. También representa un cambio jurídico que puede encerrar consecuencias negativas para la competitividad de las empresas españolas, su capacidad de captar recursos internacionales y también el atractivo de la inversión en el mercado nacional. "Esta decisión puede generar distorsiones en el futuro, porque este tipo de medidas nunca es neutral", corrobora Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada.

Si durante las últimas décadas se ha hecho un especial énfasis en la internacionalización de las empresas españolas como estrategia de refuerzo, el paso dado por el Ejecutivo con la reducción de la bonificación de los dividendos cobrados en el extranjero representa un desincentivo para la repatriación de beneficios obtenidos en otros lugares —y en última instancia, un desincentivo a la toma de riesgos a nivel internacional—, limitando los recursos a repartir entre sus accionistas o los que se puedan destinar a reinversiones en el país.

En el entorno competido y de baja rentabilidad que enfrentan las empresas, cualquier merma a su capacidad de generar retornos es decisiva

Del mismo modo, una medida de este tipo, que viene en detrimento de la rentabilidad del capital invertido en cualquier empresa española, supone un golpe a la competitividad de las empresas españolas a la hora de captar recursos frente a sus rivales europeos, ya que en la mayor parte de los países del entorno o no existe esta limitación a la bonificación o, si existe, es sustancialmente menor. Así, a la hora de analizar las distintas opciones a las que apostar su dinero, los inversores internacionales sumarán un nuevo factor en contra de las empresas españolas, a las que desde hace años vienen limitando su interés, como se refleja de forma significativa en la débil evolución del Ibex en la última década.

La mayor parte de las empresas insisten en que la economía global —y con ella, las empresas— parece destinada a moverse en los próximos años en un entorno de bajas rentabilidades, derivadas de diversos factores que conducen a unas tasas de crecimiento contenidas, en un entorno de inflación limitada y bajos tipos de interés. Un escenario que coincidirá en el tiempo con la necesidad de cuantiosas inversiones para adaptarse a las transformaciones estructurales motivadas por las macrotendencias de la digitalización y la sostenibilidad. En ese contexto, cualquier merma, por menor que parezca, a los retornos que las compañías puedan ofrecer a sus inversores puede ser un factor competitivo crucial.

Es obvio que este tipo de consideraciones, llevadas al extremo, pueden convertirse en una puerta abierta para la construcción de un sistema tributario inclinado en exceso en favor de los intereses corporativos. Diseñar un terreno de juego fiscal justo y equilibrado requiere de numerosos ajustes muy finos, que difícilmente lograrán satisfacer a todas las partes. Pero en un entorno tan competitivo como el que enfrentan las empresas —y las economías— a nivel global, alejarse de las prácticas más comunes en los países desarrollados sin más estrategia que la búsqueda instantánea de nuevos recursos puede llegar a representar un lastre al potencial de la economía española mucho más nocivo que los beneficios que se esperan obtener.