El desafío de resucitar la economía: faltan información y test selectivos

En la lucha contra el coronavirus, las certezas son un bien muy escaso. Ante una pandemia de estas características no existen manuales de actuación a los que aferrarse. Y si bien unos modelos se han mostrado más eficaces que otros, incluso aquellos que han cosechado las mayores alabanzas se han visto forzados a rectificar sus actuaciones.

Es por eso que casi cualquier decisión en torno a la enfermedad es objeto de controversia. Si hace apenas dos semanas las críticas hacían alusión al daño económico que podía producir el cierre total de la actividad decretado por el Gobierno español, hoy es el levantamiento de esta medida, cuando en España aún mueren cada día más de 500 personas a causa del Covid-19, la que concentra protestas desde muy diversos ámbitos.

Los esfuerzos para detener la pandemia se enfrentan a la necesidad de un siempre difícil equilibrio entre salud y economía. Y aunque con una visión simplificadora serán mayoría los que defiendan que las consideraciones sanitarias deben ser prioritarias, el terrible daño económico —con sus secuelas sociales y, a la postre, también de salud— de las medidas de confinamiento más radicales obliga, cuando menos, a plantearse soluciones en que los riesgos en uno y otro ámbito resulten digeribles.

A raíz de esta enfermedad se han puesto de nuevo en boga los análisis economicistas basados en el llamado valor de una vida estadística, que trata de estimar el valor monetario de la reducción del riesgo de muerte. Basado en este concepto, economistas como Miguel Almunia consideran que, al menos hasta la fecha, “el coste económico de las medidas relacionadas con las primeras seis semanas de estado de alarma será sustancialmente menor al beneficio de haber evitado cientos de miles de fallecimientos”.

La lucha contra el Covid-19 ha puesto en boga los análisis que tratan de poner cifras al beneficio de salvar vidas frente al coste económico

La cuestión está en cómo gestionar los pasos siguientes, dado que cada día que se extienden las medidas su impacto económico se acrecienta. Y a falta de vacunas, que no parece lógico esperar en al menos un año, la respuesta más eficaz debe abordarse desde dos frentes: el de la logística y el de la información.

Los trabajadores que desde este lunes retornan a sus trabajos en obras, fábricas, tiendas u oficinas lo hacen, en términos generales, sin el equipamiento adecuado para limitar el riesgo de contagio y sin siquiera el conocimiento sobre si ellos mismos o quienes les rodean pueden ser portadores o estar ya inmunizados frente al Covid-19.

Solo la responsabilidad de trabajadores y empleadores, tratando de garantizar unas condiciones de salubridad mínimas —no siempre factibles—, se presenta como el valladar que debe evitar un rebrote de las tasas de contagio que aleje aún más el escenario de una vuelta a la normalidad.

Ese regreso a la normalidad se observa aún muy lejano, pero debe tratar de acelerarse lo máximo posible, sin menoscabo de la salud. Es ahí donde resulta esencial un mayor conocimiento de la enfermedad: de su incidencia, de la proporción de individuos inmunizados y, con ello también, de su verdadera tasa de letalidad.

Son estos datos, que deben obtenerse a través de pruebas masivas a la población, los que pueden ir ofreciendo un salvoconducto para el retorno a la normalidad de los trabajadores y las familias. El proyecto de los grandes grupos empresariales de obtener pasaportes sanitarios para trabajadores inmunes es una muestra de cómo puede abordarse el progresivo retorno a la normalidad económica.

Es innegable que plantear, a día de hoy, una aplicación masiva de test sobre el Covid-19 resulta una pretensión irrealizable, por cuestiones logísticas y de coste, para las arcas públicas. Pero una aplicación selectiva de los mismos —algunos expertos sugieren empezar por trabajadores del transporte público, la logística y distribución de bienes esenciales o los empleados de estaciones de servicio, entre otros— abriría, al menos, un resquicio a un desconfinamiento progresivo, que permita limitar el daño económico sin perjuicios para la salud.

La colaboración público-privada debe ser la base en torno a la que se articule la aplicación de test masivos a la población

Y precisamente los mencionados proyectos de las grandes empresas españolas plantean la conveniencia de que desde la Administración se articulen vías para una colaboración público-privada efectiva que favorezca que estos test puedan tener el mayor alcance posible con un coste asumible para las arcas públicas y sin una aplicación descontrolada de los mismos.

Hasta ahora, en la lucha contra el coronavirus ha primado el trazo grueso. Parece lógico que así fuera en un momento de máxima incidencia de la enfermedad y sin las herramientas oportunas para aplicar soluciones menos genéricas. Incluso, desde el punto de vista económico, puede aplaudirse esa vía.

Pero pasado un mes desde la aplicación del estado de alarma, con las primeras señales de estabilización de la epidemia, y con los primeros datos del derrumbe económico al que se enfrenta el país, no se puede dejar de plantear el escenario de una progresiva reactivación económica que conviene no dilatar más de lo necesario.

Una fase que debe estar presidida por la seguridad que solo pueden otorgar la logística y sobre todo la información que puedan proveer esos test masivos a la población.