Hacia un nuevo déficit de tarifa en el sector eléctrico

Las últimas disposiciones del Gobierno han generado cierta controversia en el sector eléctrico. Las garantías de suministro impuestas desde el Ejecutivo son vistas, en algunos casos, como un estímulo a la morosidad de las empresas, y la suma de cargas vertidas sobre la industria alimenta cierto temor a que algunas comercializadoras queden en el camino.

Poco de esto, sin embargo, ha tenido reflejo sobre el parqué español. La industria sigue haciendo valer su condición de refugio en tiempos de incertidumbre y, aunque ni mucho menos ha resultado indemne en las convulsiones de las últimas semanas, las pérdidas de en torno al 20% que acumulan Iberdrola y Red Eléctrica o de poco más del 23% de Acciona desde los máximos del pasado 19 de febrero representan recortes mucho menos pronunciados que el 35% que cae de media el Ibex.

Entre los analistas existe cierto consenso en que para los grandes grupos cotizados las exigencias del Gobierno suponen un perjuicio muy limitado y manejable. Sin embargo, la situación desencadenada por la crisis del coronavirus sí amenaza con destapar otro frente de incertidumbres de mayor relevancia.

Alantra calcula que el déficit tarifario podría ascender este año a unos 500 millones de euros, que se sumarían a los 900 de 2019

La fuerte caída de la demanda de electricidad, motivada por el parón de la actividad económica, y el consiguiente hundimiento de los precios amenazan con privar al sistema de una parte relevante de sus ingresos, lo que se traduciría en un incremento del agujero conocido como déficit de tarifa, uno de los grandes quebraderos de cabeza del sector desde hace varios lustros.

De los más de 30.000 millones de euros en que llegó a cifrarse en 2012 este agujero (que consiste, 'grosso modo', en la diferencia entre la tarifa de la luz y su coste real), hoy persisten unos 18.000 millones, que van camino de volver a incrementarse.

Porque lo cierto es que, a falta de datos definitivos, el sistema ya arrojó un nuevo déficit, que firmas como Alantra estiman entre 850 y 900 millones de euros. Y los cálculos, a día de hoy, ya hablan de otros 500 millones de desfase.

"A pesar de que este gap será cubierto por presupuestos generales del Estado, podría llegar a ser preocupante si el estado de alarma se prolonga mucho en el tiempo", advierten los analistas de Sabadell.

Precisamente, el tiempo es actualmente el factor clave para que esta cuestión no se convierta nuevamente en una amenaza de riesgo regulatorio para las firmas del sector. Aunque la CNMC ya ha aprobado un ajuste a las retribuciones a la energía para el sexenio iniciado en 2020, estos podrían resultar insuficientes para equilibrar las cuentas del sistema, ante la desviación generada por el Covid-19. Y los analistas advierten de que un nuevo agujero significativo podría alentar al regulador a evaluar alternativas para contener el déficit, con la posibilidad de un nuevo ajuste de la retribución.

Si el desfase provocado por la crisis del Covid-19 se hiciera más grande, el Gobierno podría llegar a plantearse un nuevo ajuste a la retribución

Es cierto que ni el déficit de tarifa ni la incertidumbre regulatoria son elementos novedosos en la industria y no han impedido que el energético haya sido uno de los sectores más sólidos de la bolsa española en los últimos tiempos.

Además, como explica Ángel Pérez, analista de Renta 4, para los grandes grupos cotizados españoles, cualquier amenaza de este tipo afectaría a una parte limitada de sus ingresos, lo que contendría el riesgo.

Pero es igualmente cierto que en tiempos de incertidumbres como los actuales, la apertura de nuevos frentes de inquietud resulta mucho menos digerible.