El parón económico: proteger la salud y las empresas no debería ser incompatible

A estas alturas, pocas voces se atreverán a cuestionar que la batalla por la salud debe ser la prioridad que guíe los pasos del Gobierno en la lucha contra el Covid-19. Incluso quienes aborden el problema con una visión más economicista deben admitir que cualquier desliz en la contención de la enfermedad no hará sino multiplicar sus costes. Con esa perspectiva, la decisión anunciada ayer por el presidente, Pedro Sánchez, de detener todas las actividades productivas -salvo las esenciales- que requieran de trabajo presencial debe ser bienvenida, si ayuda a minimizar la incidencia del virus.

Esta lectura, no obstante, no puede ocultar los daños que el paso adoptado por el Ejecutivo amenaza con infligir a una economía que se dirige ya hacia su peor recesión desde la posguerra.

Es cierto que la medida ha sido planteada como una solución de muy corto plazo —apenas dos semanas—, cuya coincidencia, además, con el periodo festivo de Semana Santa limita su impacto efectivo. Pero este tipo de decisiones extraordinarias en tiempos excepcionales suelen compartir un elemento común: se sabe cuándo empiezan pero nunca cuándo acaban. Y esa incertidumbre puede ser mortal para muchas compañías. "Una prolongación del cierre total más allá de dos o tres semanas sería la ruina", alerta Javier Niederlaytner, profesor del IEB.

Sin embargo, aún asumiendo que la medida no se prolongue, son varios los expertos que advierten de que el parón total de gran parte de las actividades fabriles e industriales aboca a la economía española a una recuperación mucho más gravosa y lenta, una vez la tormenta haya escampado.

El parón temporal puede suponer a las empresas carencias de 'stock' y causar peligrosas distorsiones en sus cadenas de proveedores y clientes

"Podemos estar hablando de una recuperación que se retrasa, al menos, dos o tres meses solo por estas dos semanas", considera el economista Javier Santacruz, quien plantea el símil de que es mucho más sencillo acelerar un motor en funcionamiento que ponerlo en marcha desde cero.

En esencia, a lo que expone el parón productivo a muchas empresas es al riesgo de carecer del 'stock' necesario para reanudar la actividad a la velocidad apropiada una vez se reactive la economía, así como al riesgo de provocar unas distorsiones en las cadenas de proveedores y clientes que pueden resultar en pérdidas definitivas, especialmente en el ámbito del comercio exterior.

Sin duda, este peligro debería verse limitado por el carácter transitorio de las medidas. Pero los expertos alertan de un golpe más duradero sobre la confianza de los agentes económicos. Un golpe motivado, entre otras razones, por la adopción de unas medidas que hasta hace apenas tres días eran rehusadas por el propio Ejecutivo por considerarlas excesivamente gravosas.

Y también porque tal y como ha sido planteado, el parón de las actividades productivas recae como una carga más en el recibo a asumir por el tejido empresarial español sin la contraparte de unas ayudas que les permitan sobrellevarlo. La pretensión de que se estructuren como permisos temporales remunerados que serán recuperados a posteriori parece obviar la complejidad a la que se enfrentarán innumerables empresas para ajustar sus ritmos de producción de forma tan precipitada o el caso aún más hiriente de los autónomos, que solo podrán recuperar el tiempo perdido a base de un sobreesfuerzo ímprobo y en muchos casos inviable.

La medida llega tan solo un día después que se anunciara un endurecimiento de las condiciones en las que las empresas pueden ajustar sus plantillas para hacer frente a la compleja situación desencadenada por el Covid-19 y refuerza la sensación de que desde el Ejecutivo se considera a estas meros instrumentos de los que puede valerse para hacer más llevadero el esfuerzo a las familias.

Es indudable que evitar que el revés golpee con fuerza a los trabajadores y sus familias es no solo un ejercicio de responsabilidad social sino también la mejor forma de garantizar que, una vez se logre superar el estado de excepción actual, el siempre fundamental consumo interno se recupere con la fuerza necesaria para dejar atrás la depresión económica.

Pero tratar de garantizar esta situación a costa de debilitar a las empresas corre el riesgo de convertir unos inevitables ajustes temporales en una crisis mucho más duradera. Porque se quiera pretender —con el tan peligroso sesgo populista— que muchas grandes corporaciones tienen capacidad para asumirlos, la realidad mayoritaria de la economía española es la de las pequeñas empresas a las que unas semanas de sequía de ingresos puede hacer imposible mantenerse en pie.

Por eso resulta esencial, y se ha repetido hasta la saciedad, que esas empresas sientan que cuentan con un apoyo efectivo e incuestionable del Gobierno, que en este caso debería traducirse en su disposición, al menos en determinados casos, a asumir los costes del parón forzoso de la actividad.

Sería conveniente que el Gobierno mostrara su disposición a asumir, al menos en algunos casos, los costes del parón forzoso de la actividad

En cambio, hasta la fecha, el tejido empresarial español solo ha recibido una inconsistente promesa de avales, sobre las que los primeros pasos del Ejecutivo no han hecho sino sembrar dudas —"en muchos casos ha calado la idea de que solo va a haber 20.000 millones de euros y no los 100.000 prometidos inicialmente y eso es muy peligroso", advierte el catedrático Santiago Carbó—, mientras se mantienen sin flexibilidad alguna sus obligaciones fiscales y se les somete a una serie de rigideces que no favorecen en nada su capacidad de adaptación al difícil contexto al que conduce la emergencia sanitaria.

Resulta paradójico que mientras el Gobierno de España rechaza un mecanismo de ayudas en Europa que le fuerza a asumir un mayor endeudamiento, de consecuencias futuras difícilmente asumibles, solo sea capaz de ofrecer una solución similar a sus empresas.

No se puede cuestionar en ningún caso la necesidad de priorizar la salud. Tampoco la conveniencia de amortiguar el revés social de la crisis ni el beneficio de que el Gobierno haga un uso racional de sus recursos, sin despilfarros. Pero pasar el grueso de la factura a las empresas parece el camino más directo hacia la perpetuación de los problemas.