Caja Madrid tiene un problema de 145 millones de euros en el Grupo SOS. Una inversión extraordinaria que tras la salida de los hermanos Salazar, primeros accionistas y gestores de la compañía, se ha convertido en extraña. Para salir al paso de esta situación, la entidad madrileña decidió el pasado lunes, tras la reunión del consejo de administración, llevar a los tribunales a todas las partes con responsabilidad en el presunto crédito irregular autoconcedido por el presidente.

Según las fuentes consultadas, Caja Madrid emprenderá acciones legales contra los hermanos Jesús y Jaime Salazar, y contra el resto de los consejeros, incluidos los representantes de las cajas accionistas, que votaron a favor de las cuentas de 2008. De esta manera, puede abrirse un enfrentamiento entre cajas, las andaluzas Unicaja, Caja Granada y Cajasur, además de CCM, por un lado y la madrileña por otro, a pesar de que actuaran de manera conjunta para cesar a los Salazar.

La responsabilidad del presidente y vicepresidente parece evidente. Grupo Sos concedió en febrero de 2008 un préstamo de 212 millones a una empresa instrumental, Condor Plus, controlada por los dos hermanos, operación que avalaron con su porcentaje del 28%. En principio, los protagonistas han explicado que el importe estaba destinado a comprar un porcentaje significativo de la compañía que a su vez sería vendido posteriormente a un fondo de inversión soberano.

Además del visto bueno original, la formulación de las cuentas de 2008 contó con el visto bueno de los representantes de Unicaja (Ángel Fernández Noriega), Caja Granada (Antonio María Claret), Caja Castilla La Mancha (Ildefonso Ortega) y Cajasur. El resto de vocales, vinculados familiarmente entre sí y a su vez con los Salazar, votaron también a favor. Sólo dos consejeros y accionistas, Daniel Klein y Lucas Torán, votaron en contra por considerar que había operaciones contrarias al interés social.

Tampoco votaron las cuentas el representante de la andaluza Cajasol, propietaria de un 4,5%, que se salva de responsabilidades por no haber asistido ese día al consejo, ni los tres consejeros de Caja Madrid presentes en el consejo de Sos, que se abstuvieron en la votación “al no haber dispuesto del tiempo mínimo para su análisis y, además, por referirse a un ejercicio -2008- en el que dichos consejeros no era administradores ni tuvieron participación accionarial alguna”. 

Aunque Caja Madrid sustanció su entrada en la compañía de alimentación mediante una ampliación del 10,5% capital suscrita en enero de 2009, el acuerdo entre las partes se anunció en octubre de 2008. Los gestores de la caja, por tanto, debieron haber realizado con diligencia una auditoria completa antes de haber comprometido la inversión de 145 millones. Un trabajo para el que contaron con los números de la compañía disponibles hasta la fecha, salvo que le hubieran ocultado información.

El miedo a las posibles responsabilidades jurídicas ha provocado ya reacciones antes de que Caja Madrid se haya decidido a emprender acciones legales contra sus socios. A principios de mayo, los presidentes de Cajasol y de Caja Granada, Antonio Pulido y Antonio María Claret, respectivamente, dimitieron de sus cargos como consejeros de Sos aludiendo incompatibilidades de agenda, una vez que la polémica había trascendido ya a todo el parqué.