Los últimos datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo indican que la inversión española efectuada a través de paraísos fiscales se sitúo en sólo 113,89 millones de euros durante los tres primeros trimestres del año pasado (últimas cifras publicadas). Se trata de un cantidad irrelevante respecto de los 23.295 millones de euros que invirtieron las empresas en el exterior (apenas un 0,5%), lo que da idea de la escasa importancia que tienen en la actualidad estas plataformas de ahorro fiscal.

La importancia también es irrelevante desde el punto de vista de la presencia de empresas extranjeras en España. La inversión exterior a través de paraísos fiscales se situó en los nueve primeros meses del año pasado en 141,04 millones de euros, cifra que contrasta con los 33.789 millones que invirtieron las empresas extranjeras en nuestro país.

Atrás quedan, por lo tanto, los años en los que los paraísos fiscales cumplían un papel determinante en los flujos comerciales españoles. Hay que tener en cuenta que en los últimos 15 años, la inversión española en el exterior a través de paraísos fiscales ha superado los 8.329 millones de euros en términos brutos, es decir sin tener en cuenta la repatriación de fondos. Eran los tiempos en los que la Islas Cayman (un enclave en el Caribe dependiente de la Corona británica) copaba casi la totalidad de la operaciones offshore. En 2008, sin embargo, las empresas españolas únicamente invirtieron en ese territorio 28,3 millones de euros, cantidad sólo superada por el principado de Lichtenstein, con unos escasos 48,63 millones de euros ‘legales’. Aquí, lógicamente, no se incluyen las operaciones delictivas que se realizan por razones fiscales.

Al margen de Lichtenstein e Islas Cayman, los paraísos fiscales utilizados por las empresas españolas son Andorra, Bahrein, Emiratos Árabes, Gibraltar, Guernsey, Hong Kong y Panamá.  En total, las legislación española incluye como paraísos fiscales a 48 países y territorios, entre los que se encuentran Mónaco, Andorra o Líbano.

Gibraltar, ¿en la lista negra?

Destaca el caso de Gibraltar, territorio en el que, según las estadísticas oficiales, las empresas españolas invirtieron una cantidad insignificante, apenas, 680.000 euros, cuando es algo más que notorio que el dinero procedente de España desviado al Peñón para eludir el pago de impuestos es sensiblemente mayor, principalmente el derivado de operaciones inmobiliarias. El papel de Gibraltar es tan relevante en el blanqueo de capitales que el Gobierno español llegó a anunciar que pediría a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que revise la condición de la colonia británica como paraíso fiscal cooperante y que sea devuelto a la lista negra de los "no cooperantes" en la lucha contra el fraude fiscal.

Las estadísticas oficiales sugieren, por lo tanto, que si antes los paraísos fiscales cumplían un papel importante para las empresas legales a la hora de optimizar sus inversiones en el exterior por razones fiscales, en la actualidad los centros financieros offshore han centrado sus actividades en proteger a capitales ilícitos, ya que las grandes empresas han abandonado esos territorios, al menos en el caso español. Básicamente por dos razones. Por un problema reputacional ante sus clientes y accionistas, y también por el hecho de que los países han optado por rebajar la fiscalidad de las inversiones en el exterior, lo que hace menos atractivos a los paraísos fiscales, que se han quedado como último refugio del dinero ilegal.

Las cifras oficiales contrastan, en cualquier caso, con las que da el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, que en su último informe estima que el 69% de las empresas del IBEX 35 tienen presencia en paraísos fiscales. Además las empresas, en general, evitan pronunciarse sobre si tienen algún tipo de política donde se establezca su posición al respecto o se presente un plan para ir abandonando progresivamente este tipo de prácticas.

Los paraísos fiscales son territorios en los que el sistema fiscal ofrece una escasa o nula tributación, generalmente en relación con los impuestos directos y que facilita la elusión fiscal de contribuyentes mediante la opacidad de la identidad de los inversores.

En el caso español, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales ha detectado en los últimos años un fraude creciente a través de paraísos fiscales utilizando las remesas de los inmigrantes. En su última Memoria anual da cuenta de la existencia de transferencias ordenadas  con fondos de origen ilegal mediante giros de escasas cuantía, lo que les permite evadir los controles.