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La presidenta de la CNE, Maite Costa (Efe).

Aunque estaba previsto que la CNE aprobara en su primera reunión del año su resolución sobre las inspecciones a parques eólicos, en realidad el organismo que preside Maite Costa sólo conoció una aproximación preliminar. Entonces explicó que las comprobaciones se centraban en 37 parques eólicos puestos en marcha durante los últimos meses de 2007, en otras 20 instalaciones sobre las que había duda de si habían cumplido con la obligación de adscribirse a un centro de control y en la inspección de 15 de esos centros de control. Fuentes del supervisor aseguran que ya en diciembre se sabía que no había grandes desajustes, pese a que la CNE advertía que faltaba la elaboración de las actas por los inspectores y su envío a las empresas para posibles alegaciones antes de que llegaran oficialmente al consejo.

El cambio normativo que entró en vigor el 1 de enero de 2008 provocó una avalancha de parques en 2007 para aprovechar que la ley permitía a los que se pusieran en marcha antes de la fecha límite mantenerse hasta el 31 de diciembre de 2012 con las condiciones más favorables de la norma anterior. Y las carreras se vieron en las cifras. La potencia instalada en España en 2007 alcanzó los 15.145 megavatios, tras incrementarse en la friolera de 3.515 en el año, una tasa de crecimiento de récord del 30%. Un escenario que no ayudó a disipar las sospechas de la CNE, teniendo en cuenta que los incrementos sostenibles de la eólica, según reconoce el sector, estarían en torno a los 1.600 megavatios anuales.

Con las primas en el alero

Desde las empresas dedicadas a la energía eólica se espera casi con ansiedad la publicación de un informe definitivo. Primero, para borrar sospechas; pero también porque tienen en un horizonte no demasiado lejano la fijación del nuevo marco retributivo en un año en que podría aprobarse la nueva norma sobre energías renovables. Y hay inquietud ante todo lo que implique la demonización del sector en medio de la negociación que Industria mantiene a cara de perro con las eléctricas sobre el déficit de tarifa. “La decisión sobre el marco retributivo tiene que ser global y no tomarse en función del déficit de tarifa”, afirmaba en una reciente rueda de prensa José Donoso, presidente de la AEE, dando muestras de esta preocupación.

Y es que si finalmente el ministro de Industria, Miguel Sebastián, logra cerrar un acuerdo con las compañías para la eliminación de dicho déficit –cosa que había previsto para este mes-, tendrá que acometer impopulares subidas de la luz, diferidas en tres o cuatro años, pero que al menos en este ejercicio se producirán en lo más crudo de la crisis. Y muchos buscarán culpables y hasta algunos apuntarán entonces a las subvenciones que reciben las energías renovables, que el ministro de Economía, Pedro Solbes, ha vetado sacar de la factura e incluir en los Presupuestos Generales del Estado. No hay que olvidar que las primas que recibió la energía eólica en 2008 alcanzaron los 1.100 millones de euros y en 2009 llegarán a los 1.300 millones. Todo en plena negociación del nuevo marco retributivo.

En paralelo, la CNE prevé, en su plan de inspecciones para este año, poner bajo la lupa 5.529 instalaciones, de las que 4.189 corresponden a plantas fotovoltaicas. Y aquí las cosas podrían estar más crudas, con el cambio de normativa. De hecho, en la primera inspección que realizó el organismo de 30 huertos solares, sólo 13 tenían la documentación y la instalación en regla, habiendo vertido energía a la red antes del 30 de septiembre. Esa era precisamente la fecha tope para beneficiarse de la anterior legislación, más beneficiosa en las primas. En el eólico, 70 serán las instalaciones que recibirán una visita de los inspectores de la CNE.

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