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“¿Cómo es posible que haya emergido un sistema bancario hasta ahora oculto sin provocar ninguna reacción oficial de inquietud?” No vayan a pensar que la pregunta que encabeza este artículo procede de un peligroso izquierdista. De esos que quiere acabar con el libre mercado con preguntas capciosas con la única pretensión de poner  en evidencia las contradicciones del sistema capitalista (ver La refundación del capitalismo II). Todo lo contario, la pregunta puede leerse en la versión en castellano del último informe anual del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en el inglés), en el que los redactores del documento vienen a reconocer algo que -a estas alturas de la película- todo el mundo sabe: el planeta se enfrenta a su peor crisis económica (y sin duda la más compleja) de los últimos 80 años.

Y lo que es la vida. Las dificultades son de tal envergadura que el Estado, ese Leviatán de Hobbes, vuelve a aparecer como el credo redentor. El ‘mal necesario’ en aras de esquivar el diluvio universal. No sólo algunas naciones defensoras del libre comercio han nacionalizado total o parcialmente bancos, sino que, además, la batería de medidas destinadas a paliar el desaguisado indican que el ‘compañero Estado’ acompañará durante mucho tiempo al sistema financiero internacional, que, como un bebé impotente, es incapaz de salir adelante sin la ayuda de los poderes público.

Probablemente por algo que reconoce el propio BIS en su informe. Las innovaciones han puesto de relieve lo que parece ser un rasgo inherente a los sistemas financieros liberalizados: su comportamiento procíclico.  A medida que la expansión crediticia estimula el crecimiento,  aumentan los precios de los activos y, por ende, el optimismo de los agentes económicos produciendo un desplome de la aversión al riesgo. Esta falsa e ilusoria percepción, a su vez, favorece la expansión del crédito; sobre todo porque el mayor valor de las garantías permite un mayor endeudamiento, lo que da lugar a patrones de gasto que, a la larga, son insostenibles. Es decir, dicho en roman paladino, se cae en una especie de círculo vicioso  que acaba con ser letal. Lo que en un principio parecía una «exuberancia racional» acaba por volverse «irracional», allanando así el terreno para un posible colapso, como sostiene el BIS.

El papel del Estado

Un análisis superficial del papel del Estado en la economía, llevaría a pensar que el aumento de la presencia de los poderes públicos es una vuelta atrás. Una especie de regreso al estatismo. Pero esa visión de una economía liberalizada que se asoma a sus propios fantasmas, sería errónea. Algunos datos ilustran esta conclusión. El peso del sector público respecto del PIB en los países industrializados que forman parte de  la OCDE se situará a finales de este año en el 40,7%. Como se ve, un porcentaje nada despreciable que, en cualquier caso, pone de manifiesto que los poderes públicos tienen todavía mucho que decir en economía. Frente a lo que se suele creerse, el peso del Estado se ha mantenido prácticamente igual en los últimos años, toda vez que en 1990 se alcanzaba el 40,9%, lo que supone un recorte de apenas dos décimas. No se trata de un fenómeno exclusivo de la OCDE.

En la zona euro, donde más se ha avanzado en las reformas en las últimas dos décadas, se ha pasado de un gasto público equivalente al 50,4% en 1990 al actual 46,1%. Y ni siquiera en países como EEUU o Reino Unido el Estado ha perdido su capacidad de influencia directa (sin contar el marco regulatorio). En Estados Unidos, el gasto público ha pasado en casi dos décadas del 41,9% al 38,3%; mientras que en las islas británicas es donde se ha producido un mayor recorte. 59,7% frente al al 45,1% actual. Aún así, Reino Unido –pese a la época Thatcher-  sigue siendo uno de los países europeos con mayor intervención de los poderes públicos.

¿Y España? Pese a que el Partido Socialista ha gobernado las dos terceras parte de los 30 años de democracia, el gasto público se sitúa en el 39,1%, frente al 42,8% de 1990, lo que significa que lejos de haber aumentado el tamaño del Estado respecto del PIB, ha caído en más de tres puntos.

Esta fuerte presencia del Estado en la economía se ha producido, pese a todo, en un contexto de tensión del gasto público. Un dato lo ilustra. Desde 1990, la zona euro sólo ha tenido un año de superávit presupuestario (el 2000), mientras que en EEUU tan sólo se han registrado tres ejercicios (entre 1998 y 2000), coincidiendo con la última etapa de Bill Clinton. Pero es que si se ajustan las cuentas públicas al ciclo económico, el resultado es todavía más elocuente. Ni en la zona del euro ni en la OCDE se ha alcanzado jamás superávit estructural de las cuentas públicas en los últimos 20 años.

Dicho esto, al Estado le sucede lo que al personaje de la copla: ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio. Y hasta el BIS -como posteriormente ha hecho el Fondo Monetario Internacional- ha aconsejado a los gobiernos que intervengan de forma decidida y no timorata para frenar  tanto desaguisado.

Acción rápida y contundente

En primer lugar, dicen los banqueros de Basilea, la actuación de los gobiernos debe ser “rápida y contundente”, con un objetivo claro: eliminar cualquier incertidumbre sobre pérdidas futuras en el sector  Eso es, precisamente, lo que ocurrió durante la crisis bancaria de Suecia a comienzos de los años 90, cuando el Ejecutivo intervino directamente en la crisis comprando bancos. Al contrario, en Japón el Ejecutivo tardó “demasiado en actuar con decisión”, y eso alargó la crisis.

Ahora bien, ¿quién debe pagar los platos rotos? Los banqueros centrales lo tienen claro (al menos cuando hablan en Basilea) Las pérdidas deben recaer sobre todo en quienes incurrieron en ellas: primero, los prestatarios, y después, sus “imprudentes prestamistas”. Más claro, agua.

El BIS da una última pincelada que no deja de tener su importancia en un contexto como el actual.  El riesgo moral que conlleva el uso de fondos públicos debería compensarse introduciendo medidas prospectivas para prevenir la aparición de problemas similares en el futuro. Aceptando la necesidad de que haya intervención pública se plantea, entonces, otro problema. Una ayuda generalizada plantea la injusticia de que con fondos públicos se pueda ayudar  a sobrevivir a entidades financieras insolventes que han incurrido en errores de bulto.

Esto fue, precisamente, lo que ocurrió en Japón, donde las ayudas indiscriminadas acabaron por arrastrar al conjunto del país. De ahí que hasta el propio Banco de Pagos Internacionales sugiera moderación  a los gobiernos en su capacidad de intervención. Las ayudas sin filtro alguno, dice el BIS, chocarían de frente con la necesidad de dejar que el mercado encuentre su propio equilibrio para poder funcionar. En todo caso, sería mejor nacionalizar un banco viable antes de dejarlo caer, con todo lo que ello conlleva. Exactamente, lo mismo que han hecho los gobiernos de EEUU y Reino Unido haciendo de tripas corazón en un ejercicio de pragmatismo económico. Y es que, como recordaba el profesor Xavier Vives en La Vanguardia, citando una frase de Winston Churchill, EEUU siempre hace lo correcto tras agotar todas las otras posibilidades.

Refundación del capitalismo (I): La crisis del billón de euros 

Refundación del capitalismo (II): Réquiem por el 'consenso de Washington'

Refundación del capitalismo (III): ¡Mercado, ríndete! Vuelve el Estado

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