A la Metrovacesa de los Sanahuja se le acumulan los problemas. A la posibilidad de que los bancos acreedores tomen el control de la compañía, tal y como informó este online la pasada semana, se añade la imputación de su presidente, Román Sanahuja, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en una querella por presuntas irregularidades contra dos directivos de El Monte de Huelva y Sevilla, ahora Cajasol. La imputación también se hace extensiva al ex consejero de la empresa, Domingo Díaz de Mera. El Confidencial ya explicó el pasado mes de febrero el motivo de la presente querella. Se refiere a la venta de acciones de Metrovacesa con descuento a los Sanahuja cuatro meses antes de que lanzaran una OPA sobre la inmobiliaria de Joaquín Rivero.

En noviembre de 2005, tan sólo cuatro meses antes de que los Sanahuja presentaran la oferta por el 20% de la Metrovacesa que rescataron de las garras italianas, esta familia de inmobiliarios catalana le compró a El Monte el 30% de HC, que a su vez ostentaba el 5,03% de la cotizada Metrovacesa. Según fuentes cercanas a la operación consultadas, “la venta se hizo valorando la acción de Metrovacesa en torno a los 40 euros, cuando en ese momento cotizaba a 57”.

“Aquí lo único que ha pasado es que la caja le vende a la familia Sanahuja la participación en una sociedad dueña del 5,03% de Metrovacesa y con el paso del tiempo discute sobre las valoraciones. Porque, claro, al cabo de cuatro meses se lanza una OPA, la acción se dispara y ese paquete vale mucho más. El problema de El Monte, además de la fuerte presencia de CCOO, es que no entiende que en el mundo mercantil se gana y se pierde. ¿O es que acaso cuando se vendió no era pública la cotización de Metrovacesa?”, se preguntan.

José María Bueno Lidón sigue siendo consejero de Metrovacesa

Por esta operación, Cajasol presentó una demanda civil frente a la sociedad Old New Investment (de la familia Sanahuja), así como al ex responsable del Grupo Empresarial El Monte, José Selfa y al ex presidente de la caja, José María Bueno Lidón, quien fue recompensado con un puesto en el consejo de la inmobiliaria que aún hoy perdura. Por la citada demanda, Grupo Empresarial solicita el resarcimiento de un daño patrimonial de 17,9 millones de euros. En abril pasado, la Fiscalía denunció a los ex directivos de la caja por presuntos delitos de fraude, omisión de información y disposición fraudulenta de los bienes de la sociedad.

En este acuerdo intervinieron un miembro del grupo Sanahuja, a través de la instrumental mencionada, Oldnew Investment S.L., y José Selfa, a pesar de que éste carecía de facultades representativas para vender valores mobiliarios, salvo autorización previa del Consejo de Administración cuando el valor fuese superior a los 6 millones de euros. La valoración del paquete accionarial que el grupo empresarial El Monte tenía en HC -incluyendo la participación de MVC- nunca fue sometida a un estudio, valoración o tasación previa, según la Fiscalía.

Además, la operación de venta de las acciones de HC formalizada el 5 de octubre de 2005 se presentó por primera vez ante la comisión del grupo empresarial y mercados el 17 de octubre, es decir, doce días después de firmarse el contrato de opción de compra. Los hechos fueron denunciados por los actuales dirigentes de Cajasol, que entendieron que la entidad debería haber percibido por la operación 17,9 millones de euros más, según cuatro auditorías. En mayo pasado, Bueno Lidón y Selfa declararon ante el juez de instrucción 14 de Sevilla y negaron los delitos que les atribuye la Fiscalía Anticorrupción.

La investigación del Banco de España

A la denuncia de la caja le siguió una investigación del Banco de España, que analizó un total de 99 operaciones de inversión y desinversión en el Grupo Empresarial de El Monte. Una vez finalizado el proceso de investigación, realizado por Price Waterhouse Coopers y Garrigues, concluyó que tan sólo en 3 de las 8 compañías analizadas exhaustivamente, existía un conocimiento exacto y probado de las que se puedan derivar el ejercicio de acciones de responsabilidad, en distintos niveles. Se trata de las sociedades HC, Caymasa y Soto de Paniagua.

Las operaciones irregulares tienen su origen en una agresiva línea de negocio que adopta El Monte –germen de lo que hoy es Cajasol- desde los tiempos de la Expo de Sevilla en 1992: su red de empresas participadas. La entidad ahorra pasaba así de simple caja local a cabecera de cartera industrial. De este modo, no sólo financia compañías sino que también participa en su capital social y se convierte en socia con beneficios. ¿Y cuál era el sector estrella? El ladrillo.

Efectivamente, en la gestión de las participadas de esta caja andaluza se encuentra la raíz de muchos de los hitos inmobiliarios que han marcado la historia económica reciente española, como el ascenso al olimpo del sector de Luis Portillo o la OPA hostil de los Sanahuja sobre Metrovacesa en marzo de 2006.