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Algo está cambiando en el sistema impositivo español. Se trata de una revolución silenciosa, pero intensa y con consecuencias todavía difíciles de evaluar. El peso de los impuestos directos respecto de la recaudación total (incluyendo el conjunto de las administraciones públicas) está cayendo en picado; pero lo más relevante, sin duda, es el hundimiento (y no es una metáfora) del peso del Impuesto sobre la Renta en relación a la recaudación total. Si hace poco más de una década el sistema tributario español pivotaba en torno al IRPF, ahora este tributo tiene un papel cada vez menos relevante.

Los datos son contundentes. Si en 1995 la recaudación total del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) representaba el 40,68% de los ingresos totales de las administraciones públicas, en 2005 -último ejercicio publicado por Hacienda- ese porcentaje había descendido hasta el 30,05% de la recaudación total. O dicho en otros términos, en estos momentos menos de la tercera parte de los ingresos fiscales totales derivan de la capacidad de recaudación del IRPF, convertido definitivamente en un tributo que pagan casi exclusivamente los asalariados (un 80% de la recaudación total). Los datos de 2006 y el avance correspondiente a 2007 (datos de ingresos hasta noviembre) inciden en la misma dirección, lo que significa que la tendencia no ha variado con el Gobierno socialista. La progresividad del sistema fiscal se bate en retirada.

La pérdida de potencia recaudatoria del IRPF respecto de otros tributos explica -sólo en parte- el retroceso de los impuestos directos como eje del sistema fiscal español. Si en 1995, el 51,99% de la recaudación consolidada procedía de los impuestos directos (IRPF, Sociedades, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio) diez años más tarde ese porcentaje había descendido hasta el 50,18%. Por el contrario, el peso de los impuestos indirectos ha seguido una trayectoria ascendente. Del 45,53% registrado en 1995 se ha pasado al 48,14%, muy cerca ya de la mitad de la recaudación. El resto corresponde a tasas u otros ingresos. En 2005, la recaudación total por impuestos directos ascendió a 98.585 millones de euros, mientras que por imposición indirecta se ingresaron 94.500 millones de euros.

Los datos de Hacienda, sin embargo, ocultan la verdadera dimensión de la nueva realidad tributaria, toda vez que hay que tener en cuenta que los impuestos directos únicamente han perdido dos puntos de peso en el conjunto de la recaudación gracias al comportamiento extraordinariamente positivo del tributo que grava los beneficios empresariales, el Impuesto de Sociedades, que en diez años ha pasado de representar el 9,60% de los ingresos totales al 17,49%. Tanto el Impuesto sobre Sucesiones como el de Patrimonio han mantenido su peso en la recaudación, alrededor del 1% en ambos casos. Si no hubiera sido por el Impuesto de Sociedades, los impuestos indirectos recaudarían ahora bastante por encima de los directos.

Desde el lado de la imposición indirecta, lo más relevante es el avance de la potencia recaudatoria del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, a lo que no parece ser ajeno el boom inmobiliario, particularmente en el primer caso. Por el contrario, y pese a que buena parte del notable crecimiento de la economía española registrado en los últimos años tiene que ver con la fortaleza del consumo, lo cierto es que la potencia recaudatoria del IVA apenas ha mejorado 1,2 puntos en términos relativos (del 26,92% al 28,14%), un fenómeno en el que pueden tener mucho que ver los altos niveles de fraude que históricamente se manifiestan en el IVA.

El nuevo perfil tributario español tiene una indudable trascendencia desde el punto de vista del modelo de sociedad, toda vez que con el tiempo se está diluyendo la progresividad del sistema fiscal a favor de impuestos que no miden la capacidad económica del contribuyente, como establece la Constitución, sino únicamente su capacidad de consumo. Mientras que los impuestos directos se pagan de acuerdo a los rendimientos en función de una escala de gravamen (en el caso del IRPF) o de la aplicación de un tipo único (caso del Impuesto de Sociedades) los impuestos indirectos no discriminan la capacidad económica del contribuyente. La fiscalidad de un mismo bien de consumo es igual para un ‘pobre’ que para un ‘rico’

Este cambio de modelo fiscal (en busca de una mayor eficiencia tributaria) es una vieja reclamación de ciertos colectivos (Instituto de Estudios Económicos -vinculado a la CEOE- o Instituto de la Empresa Familiar), que reivindican un mayor protagonismo de la imposición indirecta (elevando los tipos de IVA) en detrimento de los impuestos directos (rebaja del IRPF o reducción del tipo único que grava los beneficios empresariales). Incluso desde el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, su presidente, el ex ministro socialista Javier Gómez Navarro, ha pedido un aumento del IVA con el objetivo de reducir las cotizaciones sociales que pagan las empresas.

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