Euro digital: menos bulos, más preguntas clave

El euro digital (CBDC) se ha convertido en uno de los debates más polarizados sobre el futuro del dinero en Europa. Para unos, es la antesala de un sistema de control masivo donde cada pago puede ser observado o condicionado. Para otros, una solución innecesaria en un entorno donde ya existen pagos digitales eficientes. La realidad, como suele ocurrir, es menos extrema y bastante más incómoda.

Porque el euro digital no va solo de pagar con el móvil. Va de quién controla la infraestructura del dinero, qué papel debe seguir jugando el Estado en los pagos cotidianos y hasta dónde llegan las garantías reales de privacidad cuando el dinero deja de ser físico.

Esa es la base de la conversación mantenida con José Manuel Marqués, director del departamento de Innovación Financiera e Infraestructuras de Mercado del Banco de España, que puede escucharse íntegra en el podcast que acompaña a este artículo.

Uno de los bulos más extendidos es que el euro digital implicará la desaparición del efectivo. Según Marqués, el planteamiento es exactamente el contrario, pues el proyecto nace para garantizar el acceso al dinero del banco central en un mundo cada vez más digitalizado, del mismo modo que hoy lo hace el efectivo en el mundo físico. De hecho, en paralelo al desarrollo del euro digital, la Unión Europea trabaja en reforzar por ley la aceptación y distribución del efectivo para que siga siendo utilizable en todos los países de forma homogénea.

Otra de las grandes inquietudes ciudadanas es el miedo a la moneda programable… ese dinero que caduca, que solo puede gastarse en determinados bienes o que permite imponer condiciones desde el emisor. Aquí la respuesta es clara, ya que esa opción se descartó desde el diseño. Un euro digital con condiciones dejaría de ser equivalente a un euro físico o a un euro en cuenta corriente, y rompería el principio básico de igualdad entre formas de dinero público. Lo que sí se permite es que los ciudadanos contraten servicios voluntarios en sus monederos (por ejemplo, límites de gasto), pero eso no forma parte de la moneda, sino de los servicios privados que se construyen sobre ella.

El asunto más delicado sigue siendo la privacidad. En el mundo digital no existe el anonimato absoluto del efectivo físico, y el euro digital no es una excepción. Pero el diseño busca limitar al máximo la información que sea accesible al Banco Central. El BCE no conocerá quién paga, dónde ni en qué gasta, pues solo manejará identificadores técnicos. La información personal queda en manos de las entidades de pago, como ocurre hoy con tarjetas o transferencias, y solo puede revelarse bajo orden judicial. Además, se ha introducido la posibilidad de pagos offline, donde las transacciones quedan registradas únicamente en los dispositivos, acercándose mucho al nivel de privacidad del efectivo.

Esto introduce otro debate incómodo que pasa por el riesgo en caso de pérdida o robo del dispositivo. En el modo offline, el euro digital funciona como el efectivo y perder el dispositivo puede implicar perder el dinero. Es una decisión consciente de diseño para ofrecer opciones, no una imposición. Nadie estará obligado a usar el euro digital.

También hay inquietud sobre la estabilidad financiera. ¿Podría el euro digital provocar una fuga masiva de depósitos bancarios? Para evitarlo, el diseño incluye límites a los saldos, ausencia de remuneración y restricciones para entidades jurídicas. El objetivo no es competir con los depósitos, sino ofrecer un medio de pago público, no un activo de ahorro.

En el plano geopolítico, el euro digital responde a otra preocupación menos visible pero creciente centrada sobre la dependencia europea de infraestructuras de pago no europeas. Hoy, la mayoría de los pagos digitales dependen de esquemas internacionales privados. El euro digital introduce una alternativa pública, paneuropea y homogénea, que actúa como contrapeso y reduce vulnerabilidades estratégicas.

Nada de esto significa que el euro digital esté exento de riesgos o de decisiones aún abiertas. Muchos aspectos como los límites, costes o gobernanza final, entre otros, dependen todavía del proceso legislativo. Si este culmina en 2026, la decisión de emisión podría tomarse hacia 2029.

Este artículo y el pódcast asociado pretenden abrir un debate informado, no cerrarlo. Y sirven también como punto de partida de una conversación más amplia que continuará el 15 de septiembre, en la IX edición del Foro de Activos Digitales de El Confidencial, donde se abordará sin dogmas cómo está cambiando el dinero, quién gana poder en ese proceso y qué garantías deben exigirse. Podéis reservar plaza aquí.

Porque cambiar el dinero nunca es un detalle técnico. Es, siempre, una decisión política y social. Y por eso merece preguntas incómodas, no eslóganes.