Los nuevos compromisos de BBVA golpean la rentabilidad de la opa al Sabadell

BBVA ha redoblado sus esfuerzos por convencer a las instituciones para tener el visto bueno para comprar Banco Sabadell. Pero cada paso que da reduce la rentabilidad potencial de la operación, según los analistas. La entidad ha propuesto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llegar hasta 2030 si hace falta con sus compromisos, algo que tendría un coste en las sinergias y, con ello, en el atractivo de la operación.

De hecho, Kepler ha cuantificado en un 30% el impacto sobre las sinergias previstas por BBVA. El banco de inversión se hace eco del incremento de los remedies, información adelantada por este medio, y calcula que las sinergias se reducirían desde los 850 planteados por la entidad que preside Carlos Torres hasta el entorno de los 590 millones. Hay que tener en cuenta que esta cifra es clave para la rentabilidad de la operación, dado que cuando hay una fusión se busca escala y reducir costes, al tiempo que se intenta mantener la mayor parte de la actividad de las partes. Sabadell siempre ha cuestionado los números de BBVA.

Los analistas de Kepler apuntan que con la reducción de sinergias, el incremento esperado del beneficio por acción disminuiría desde el 5% hasta el 3,5% para 2028, mientras que el retorno de la inversión caería en 138 puntos básicos. El retorno de la inversión sobre el capital invertido (ROIC) será del 20% para los accionistas de BBVA, según la presentación que realizó el banco al lanzar la opa hostil en mayo del año pasado.

La operación sigue bajo el análisis de la CNMC, que sigue mostrando preocupaciones sobre el impacto en la competencia. El organismo presidido por Cani Fernández sigue viendo riesgos en el posible empeoramiento de condiciones comerciales para pymes, en la posible reducción del crédito a las pymes, y en el riesgo de empeoramiento de condiciones comerciales en servicios de adquirencia. Otras amenazas para la competencia radican en el mercado de banca minorista, en localizaciones donde la entidad quedará en situación de monopolio o duopolio, en el suministro y gestión de TPV y servicios técnicos para pagos online, o en el mercado de cajeros automáticos.

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El banco ha propuesto compromisos para evitar estos riesgos y convencer a la CNMC. La entidad acepta mantener el circulante a las pymes, y la financiación a las empresas que tengan el 100% de su financiación con BBVA y/o Sabadell, durante 36 meses. Pero habrá un análisis de la CNMC a los tres años, que podría implicar una prórroga de otros dos años, llegando a 2030. Cuando lanzó la operación, BBVA habló de compromisos de 12 meses, que amplió a 18 meses durante la fase uno de análisis de la CNMC. Torres siempre ha asegurado que son compromisos sin precedentes. Pero tampoco hay precedentes para evaluar el impacto en la competencia de la operación, según ha dicho la CNMC en el documento que ha trasladado a asociaciones empresariales e instituciones para realizar el test de mercado: "Algunos de estos riesgos, así como los posibles compromisos para solucionarlos, son específicos del mercado de pymes y adquirencia y no han sido analizados en precedentes nacionales del sector bancario".

La CNMC ha iniciado otro test de mercado para conocer la opinión de los agentes afectados respecto a estos compromisos. Este test consiste en un cuestionario que la CNMC remite a terceros, quienes disponen de 10 días naturales para contestar a partir de la recepción oficial. Con la Semana Santa próxima, es difícil que el organismo reciba todas las respuestas antes del parón. Después, deberá recopilar y analizar la información, añadiéndola a su decisión y al informe definitivo, que ya se encuentra en fase avanzada de redacción.

Hasta ahora, las asociaciones empresariales se han mostrado contrarias a la OPA. Está por ver si mantienen sus críticas con estos nuevos remedies, en cuyo caso la CNMC deberá valorar si incrementar las exigencias o desestimarlas.

La incertidumbre continúa, por lo tanto, en torno al calendario de la OPA. Internamente, la CNMC preferiría no retrasar su decisión más allá de abril, pero con este test resulta complicado. Además, el ministro de Economía dispone de 15 días para, si así lo considera, someter la autorización de la CNMC y la lista de remedies al Consejo de Ministros. Cualquier ministerio puede pronunciarse y el Gobierno puede aceptar, suavizar o endurecer los compromisos por motivos ajenos a la competencia. La Ley de Competencia, en su exposición de motivos, es lo bastante ambigua como para dejar un margen amplio al Ejecutivo, que hasta ahora ha incidido en la importancia de considerar el factor de territorialidad.