La factura de la deuda española crece 3.000 M en un año pese a las rebajas de tipos

La factura de la deuda española vuelve a crecer. El Tesoro Público se enfrenta actualmente a un coste por intereses de la deuda en circulación que ronda los 32.000 millones de euros, algo más de 3.000 millones por encima que al término de 2023.

Así se desprende de los últimos datos ofrecidos por la institución que dirige Paula Conthe, correspondientes al cierre de noviembre. En estos se muestra cómo el tipo de interés medio de la deuda española en circulación se ha ido incrementando a lo largo de 2024, hasta alcanzar el 2,21% al término del penúltimo mes del año, 12 puntos básicos más que el año anterior y la cifra más elevada desde 2018.

En paralelo, el saldo de deuda en circulación del Estado no ha dejado de aumentar a lo largo del año y, actualmente, supera los 1,44 billones de euros, ligeramente por debajo del récord de 1,46 billones que se registró en el mes de septiembre. En cualquier caso, la cifra de noviembre representa 6.000 millones más que al cierre de 2023.

De este modo, con estos datos se puede estimar un coste anual de la deuda pública española de unos 31.878 millones de euros, frente al coste anual de 28.843 millones que se desprendía de los datos con los que concluyó el ejercicio anterior.

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Este incremento de los costes financieros se ha producido en un momento en que el BCE ha estado llevando a cabo diversos recortes de los tipos de interés para aliviar la carga financiera a la que se enfrentan gobiernos, empresas y familias en la eurozona y facilitar así una reactivación de la economía regional.

El pasado 12 de diciembre, el organismo que dirige Christine Lagarde anunció la cuarta rebaja del precio del dinero en el año, hasta situarlo en el 3%, y el mercado especula con que pueda anunciar otras tantas a lo largo de 2025.

Efecto rezagado

Aunque pueda parecer paradójico que el coste de la deuda española haya aumentado en este escenario, se trata de una realidad en gran medida previsible, que se explica por un efecto derivado de las subidas de tipos aprobadas en los años precedentes. A medida que va llegando a vencimiento deuda emitida en los años previos al ciclo de subidas de tipos que se inició en 2022, cuando las tasas llegaron a situarse en niveles negativos, propiciando costes de financiación históricamente bajos, la institución pública se ve en la necesidad pagar intereses más elevados para refinanciarse.

De hecho, si se atiende solo al coste de la deuda emitida a lo largo de 2024, sí se aprecia un descenso respecto al año anterior. Así, el rendimiento medio efectivo de la deuda emitida a lo largo del año se situaba al cierre de noviembre en el 3,18%, frente al 3,42% del ejercicio previo. Sin embargo, habría que retrotraerse a 2012 para encontrar otro año con costes de financiación por encima de los actuales.

En este sentido, también puede reseñarse que la rebaja de los costes está siendo menos pronunciada de lo que podría haberse previsto. De hecho, los intereses de la deuda emitida en noviembre implicaron un incremento respecto a las cifras registradas tanto en octubre como en septiembre, con un encarecimiento de los costes especialmente notorio en los plazos más largos.

Las dudas sobre el rumbo de los tipos han provocado un repunte reciente del interés

Este movimiento es coincidente con el que se viene registrando en el mercado secundario de deuda, donde los intereses del bono español a 10 años se sitúan actualmente en sus niveles más elevados en dos meses, tras repuntar más de 35 puntos básicos desde mínimos.

El alza de los costes de la deuda en las últimas semanas, que ha sido generalizada en toda Europa, se explica por el creciente temor de los inversores a que los planes del próximo presidente estadounidense, Donald Trump, provoquen un repunte de la inflación en el país que impida a la Reserva Federal estadounidense bajar los tipos y dificulten también las intenciones del BCE de seguir aliviando el precio del dinero en la eurozona.

En cualquier caso, puede señalarse que España ha podido lidiar con el escenario de subida de tipos de los últimos años sin verse arrastrada a ningún tipo de espiral de desconfianza sobre su deuda, como se llegó a temer en los primeros momentos. De hecho, la prima de riesgo nacional se ha reducido a lo largo del último año desde los cerca de 100 puntos en los que se encontraba a inicios de 2024 a menos de 70 puntos en la actualidad. Además, también ha logrado dar la vuelta al diferencial con Francia, facilitado por las tensiones políticas que vive el vecino del norte, y actualmente muestra un spread positivo de unos 18 puntos.

Próximas subastas

En estas circunstancias, el Tesoro Público tiene previsto iniciar la próxima semana las subastas de 2025 con nuevas emisiones de letras y bonos, con las que espera captar entre 11.250 y 13.750 millones de euros, según los objetivos de emisión publicados el pasado viernes por el organismo público.

En concreto, el Tesoro espera colocar entre 5.500 y 6.500 millones de euros en la primera subasta del año, que se celebrará el martes 7 de enero, de letras a 6 y 12 meses. En la última emisión del 2004 de estas mismas referencias, el organismo público captó 4.784,21 millones de euros y bajó la rentabilidad marginal en ambos casos: hasta el 2,585% en las letras a seis meses y el 2,228% en las de 12 meses.

Tras la subasta del martes, con la que inaugura el calendario del nuevo año, el organismo dependiente del Ministerio de Economía volverá el jueves a los mercados, con una nueva emisión de bonos y obligaciones, con la que espera captar entre 5.750 y 7.250 millones de euros.

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Así, el jueves 9 de enero el Tesoro colocará bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,40% y fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2028; así como obligaciones del Estado a 7 años (cupón del 3,10% y vencimiento en 2031) y otra obligación con un valor residual de 21 años y 10 meses (cupón del 2,90% y vencimiento en 2046). Con estas tres referencias, confía en poder obtener entre 5.500 y 6.500 millones de euros.

El Tesoro aprovechará también la primera subasta del año a más largo plazo para colocar una obligación del Estado a 15 años indexada a la inflación de la zona euro, que presenta un cupón del 2,05% y que vence en noviembre de 2039, con la que espera colocar entre 250 y 750 millones de euros.