La guerra de la banca contra la Ley que más molesta y el incentivo perverso del ICO

Los bancos han perdido la capacidad de deducir qué empresas refinancian y salvan y cuáles no. Las reglas del juego han cambiado con el nuevo marco concursal y las entidades se han puesto en pie de guerra. Además, hay un incentivo perverso desde los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El sector cada vez es más explícito en defender una modificación legal de la reforma de 2022, que estableció un nuevo marco que elimina la capacidad de bloqueos a accionistas y acreedores con el fin de incentivar reestructuraciones de empresas viables a medio y largo plazo, pero que sufran por problemas financieros coyunturales. Incluso una minoría del pasivo puede imponer el salvavidas de la empresa al resto y si lo valida un juez.

Esto ha eliminado la posibilidad de que los accionistas amenacen con concurso si hace falta con tal de no perder el control de la empresa. Los Rubitalta lo comprobaron con Celsa. Pero también impide a la banca decidir qué empresas se reestructuran o refinancian y cuáles no. Los bancos cada vez están más molestos por la oleada de operaciones en las que se les impone quitas a la deuda pendiente. La banca se ve obligada a provisionar y asumir pérdidas sin haber participado en la decisión.

Porque por ahora, los bancos están adoptando una posición inflexible. Y lo que están haciendo es acudir a todo tipo de foros para criticar aspectos de la Ley Concursal que consideran nocivos, amenazando incluso con futuros problemas de financiación al circulante a empresas que estén en problemas si continúa la dinámica de quitas no consensuadas. Aunque cuando se plantan siempre, es difícil consensuar.

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El responsable de reestructuraciones del Santander, Luis Sánchez Velo, se ha erigido en una especie de portavoz de la banca en el tema. Todos los organizadores de eventos le llaman y él no se arruga. Expone la necesidad de modificar la Ley Concursal para proteger a las mayorías del pasivo. Dicho de otra manera, recuerda que la banca no quiere que un fondo o un acreedor, con un 10% de la deuda, les diga cuál es el plan a futuro de la empresa, y menos cuando este conlleva que los bancos sufran una quita. Está habiendo reestructuraciones con quitas de entre el 50% y el 90% de la deuda pendiente de la banca.

Sánchez Velo se ha convertido en la cara visible de los bancos en reestructuraciones. Santander, de hecho, suele tener una posición de liderazgo en las negociaciones de este tipo de operaciones delicadas. En su caso, además, proviene de Banco Popular, entidad muy expuesta a las empresas en su balance y que se pasó la última década refinanciando y reestructurando, por el aumento de la morosidad.

"El responsable de reestructuraciones del Santander, Luis Sánchez Velo, se ha erigido en una especie de portavoz de la banca en el tema"

Acostumbrado a sentarse en la mesa con empresarios a negociar refinanciaciones y reestructuraciones, y domar a empresarios agitados por los problemas puntuales tras décadas de trabajo con Popular primero, y Santander después, ahora tampoco tiene reparos en enzarzarse con juristas y asesores. O con Cofides, como ocurrió recientemente en un foro, según fuentes jurídicas, en un debate con Damián Flores, subdirector del área legal y servicios generales del fondo público, incorporado en junio desde la Sareb para reforzar a la institución ante el aluvión de reestructuraciones que se espera.

La banca y Cofides, como adelantó este medio, están enfrentados por la reestructuración impugnada de Terratest, firma de ingeniería y construcción de los fondos Nazca y Tikehau (era acreedor y ha capitalizado deuda). Los bancos defienden que tienen una posición más privilegiada que Cofides. Para ello, consideran que la deuda de Cofides tiene un peor rango concursal, porque fueron préstamos participativos. Y todo lo contrario opina el Ente público. Hay mucho dinero en juego aquí, para los bancos y para el fondo del Estado, que controla un 53%, aunque en el capital, paradójicamente, también están Santander, BBVA y Sabadell.

El papel del ICO

Ahora hay varias reestructuraciones importantes en la mesa. Está por empezar la negociación de Soltec, y por decidirse la impugnación de operaciones validadas por un juez, pero que un acreedor puede llevar a la Audiencia Provincial, como Naviera Armas.

Aquí, por supuesto, ha sido la banca quien ha impugnado. Está siendo una constante que si no hay acuerdo para recalendarizar la deuda, y se plantean quitas relevantes, la banca se oponga. En caso de que el juez valide el plan, porque una clase acreedora (los acreedores se dividen en clases según el tipo de deuda) puede imponerlo al resto cumpliendo varios requisitos, impugnan ante la Audiencia Provincial. Lo que no se está viendo desde los bancos es flexibilidad o imaginación.

Y aquí está el fino debate entre primar que los bancos, que son los principales acreedores de la mayoría de empresas, tengan mayor capacidad de decisión en el pasivo, acorde a su peso, o poner el foco en salvar empresas en problemas, como busca la Ley Concursal, aunque se exijan esfuerzos importantes a los acreedores que financiaron con buena fe. No en vano, imita la experiencia jurídica de Reino Unido (el Scheme of arrangement del derecho inglés) y Estados Unidos (Chapter 11).

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En medio de todo este debate, la base de datos Sabi Informa apunta a que van 500 reestructuraciones de empresas en problemas, y que quedan muchas más. Especialmente si no se prorroga la moratoria concursal y se empiezan a computar las pérdidas incurridas durante la pandemia para calcular los fondos propios. Y, también, ante el aluvión del grueso de los 140.000 millones prestados a las empresas con avales del ICO, de más de 100.000 millones, durante 2020 y 2021.

De hecho, el ICO está empezando a ser una especie de incentivo perverso para la banca. Cada vez se escucha más este argumento entre asesores y jueces que debaten en corrillos de la multitud de foros sobre reestructuraciones que se han celebrado al calor de la nueva Ley Concursal.

Los bancos pueden perseguir que no haya reestructuración, aunque la sostenibilidad financiera de la empresa no esté garantizada, cuando el grueso de los préstamos estén avalados por el ICO. Si lo consiguen, tienen dos opciones. Que la empresa sobreviva y se libren de provisionar, aunque siga siendo un zombie financiero de forma indefinida, con incertidumbre para sus trabajadores y sin capacidad para crecer. O que acabe en concurso, que es el peligro de que no salga bien una negociación para reestructurarse.

Los bancos pueden perseguir que no haya reestructuración, aunque la sostenibilidad financiera de la empresa no esté garantizada

En este último caso, los bancos recuperarían el 70% del crédito por el aval del ICO, que no tendría nada que decir. De hecho, lo que habría hecho el banco al fin y al cabo es negarse a que haya una quita sobre ese crédito. Aunque el banco tiene que provisionar en este caso sobre un 30% de pérdida (o menos, si se recupera algo en el concurso), recupera ya un 70% y se evita un problema a medio y largo plazo, ya que hay reestructuraciones que no están garantizando la viabilidad.

Por eso, los bancos se están abriendo a aceptar recalendarización del calendario de pagos del crédito, pero no quitas. Así, en algunas ocasiones están enfrentados a la empresa y al resto de los acreedores. Y, en otras, se ha consensuado un plan con la banca que no ha sido suficiente, porque ya se están viendo negociaciones de reestructuraciones apenas un año después (mínimo de plazo que tiene que pasar por ley entre una y otra) de haber acometido una. Está pasando con Mr Wonderful o con Transbiaga, que ultiman su segunda reestructuración en dos años.