El TS pone coto a las reclamaciones de los fondos contra España por dividendos

Las reclamaciones de los fondos internacionales por impuestos pagados de más por dividendos se han estrellado contra la primera barrera del Supremo, después de victorias en varios frentes. El Supremo ha rechazado la responsabilidad patrimonial del Estado en una reclamación de Fidelity, una de las mayores gestoras del mundo.

La firma estadounidense Fidelity Funds, con 4,5 billones de euros bajo gestión, tenía un pleito de 9,1 millones contra el Estado. Bajo el asesoramiento de Cuatrecasas, la entidad interpuso una reclamación de responsabilidad patrimonial que el Consejo de Ministros rechazó el 30 de junio de 2020, admitiendo por extemporánea una demanda que se basaba en impuestos pagados entre 2001 y 2005.

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Fidelity acudió entonces al Supremo para que se reconociera “su derecho a ser indemnizada”, argumentando una “infracción del Derecho de la Unión Europea”. El montante nominal era de 9,1 millones, pero había que sumar intereses de demora. Además, hubiera sido abrir una puerta para agrandar la sangría de devoluciones millonarias de Hacienda a fondos internacionales por discriminación impositiva respecto a los vehículos españoles.

El meollo del asunto está en que Hacienda retenía a los fondos internacionales impuestos por los dividendos de sus inversiones, algo que no hacía con los vehículos españoles. La Comisión Europea presionó a España y se comenzó a aplicar el mismo criterio, de tributación al 1%, para fondos europeos bajo el paraguas UCIT. Otros vehículos, como fondos de pensiones canadienses y estadounidenses, o fondos soberanos, han ganado en el Supremo el derecho a recuperar impuestos pagados de más por discriminación. El Tribunal de Cuentas calculó un daño de 1.000 millones, pero la cuenta no está cerrada.

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Todavía está pendiente una reclamación de, al menos, 161 millones de hedge funds europeos. Por otro lado, Fidelity había abogado por responsabilidad patrimonial del Estado ante “trato discriminatorio que le dispensó durante los ejercicios 2001 a 2005 la legislación española del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes”.

Fidelity invirtió con sus fondos, domiciliados en Luxemburgo, y armonizados bajo la normativa europea. Acudió a los tribunales de Hacienda y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que rechazaron su pretensión. El problema fue que Fidelity, a juicio de los tribunales, no pudo probar que las instituciones de inversión colectiva que tenía establecidas en el Gran Ducado cumpliesen con los requisitos que se les exige a las simcavs o sicavs españolas, “negando [en consecuencia] la existencia de la discriminación alegada”. Además, contra la sentencia del TSJM no cabía recurso. Por ello, Fidelity trató de abrir la vía de responsabilidad patrimonial del Estado.

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El Supremo, no obstante, ha cerrado esta puerta para Fidelity, que tiene que pagar las costas, y para el resto de fondos que podían usar esta vía. En un auto al que ha tenido acceso este medio, el Supremo da la razón a Fidelity en casi todos sus argumentos, pero considera que la infracción del Derecho de la UE no es suficientemente caracterizada.

Es decir, aunque el propio Supremo ha dado la razón a los fondos que han llegado a esta instancia, como también la Audiencia Nacional, por reclamaciones de dividendos —en UCITS previas a 2010, y en otros casos posteriores—, por vulneración de la libre circulación de capitales en la Unión Europea, en este caso Fidelity necesitaba que fuera más evidente la infracción para alegar responsabilidad patrimonial del Estado.