Otro frente para los fabricantes de alimentos: los seguros triplican precios y limitan cobertura

Tormenta perfecta para los productores alimenticios. A la inflación, que no siempre pueden trasladar a precio por la presión de los distribuidores, se juntan los problemas que están teniendo para asegurar sus naves. Algunos incendios en los últimos años, desde Campofrío a Aldanondo, han elevado los precios y las restricciones que fijan las aseguradoras en las pólizas.

Se trata de un elemento crucial, ya que muchas de estas compañías irían a bancarrota si hay un incendio o cualquier otro problema en su fábrica, que es su materia prima. Sin embargo, como durante muchos años fue común por eficiencia la construcción de las plantas con panel sandwich, que ha acabado siendo muy inflamable, un mercado de seguros cada vez más duro se traduce en mayores costes y restricciones.

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El ramo de daños materiales, que ampara las coberturas de incendio bajo la modalidad de todo riesgo o multirriesgo, es el que está siendo cada vez más duro. Los brókeres de seguros, a los que recurren las empresas para contratar y renovar pólizas, están teniendo cada vez más difícil satisfacer las necesidades de sus clientes en el segmento de producción alimenticia.

"Las tasas técnicas de referencia para el sector de alimentación se han encarecido más que las tasas del promedio del mercado. Si el endurecimiento acumulado del mercado en promedio en los últimos cuatro años ha sido del 50%, en el sector de alimentación la referencia de endurecimiento para actividades de apetito de riesgo moderado o restringido estaría por encima del 100% para el mismo periodo", resume Álvaro Borderías, managing director de Marsh España. Aunque el aumento ya supera el 200% en muchos casos, según coinciden los brókeres.

"El endurecimiento de mercado e incluso el riesgo de quedarse sin seguro está siendo un motivo de preocupación en los consejos de administración de muchas empresas", explica Álvaro Martín, responsable de alimentación y bebidas en Aon España. La gravedad, añade, depende de la calidad de los riesgos por el tipo de construcción y el porcentaje de elementos combustibles, si hay protecciones contra incendios o el histórico de siniestralidad.

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Aunque la amenaza ya arrastra varios años —de hecho el famoso incendio de Campofrío en Burgos, que tardó 11 días en extinguirse, fue en 2014—, ha sido desde 2019, y más notablemente desde 2021, cuando se ha endurecido el mercado. En algunos casos, comenta Martín, las primas han llegado a encarecerse por encima del 200%. Y peor aún: "Si tenemos en cuenta además los incrementos de franquicia, dichos aumentos llegan a ser muy superiores. También se están reduciendo los límites máximos de indemnización para poder completar cuadros de coaseguro. Cuando no resulta posible renovar con aseguradoras que operan directamente en España y se requieren elevadas capacidades por parte del mercado de Londres o de reaseguro facultativo, el porcentaje de incremento puede ser muy superior al 200%", puntualiza.

Hay dos razones que justifican el endurecimiento, sostiene Ivan Pasarisa, director técnico y de operaciones de RibéSalat. Por una parte, "por la tipología de materiales que se emplean en la construcción de las naves", poniendo como ejemplo el uso del citado panel sándwich, "caracterizado por ser altamente inflamable" y protagonista de grandes siniestros e indemnizaciones como consecuencia.

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La segunda razón es que, "en algunos casos, las empresas de alimentación no cuentan con las medidas de protección contra incendios necesarias para evitar daños materiales masivos". Así, faltarían a menudo rociadores, sensores de detección automática o compartimentación de la nave, dado que las compañías cumplieron con la normativa al construir las naves que "está pensada en proteger a las personas, pero no a las instalaciones", arguye Pasarisa.

Los precios se están moviendo en torno al 2,5 por mil o 3 por mil en la gran industria alimenticia, con importantes incrementos también en las franquicias, que es la parte que tiene que pagar el asegurado ante un siniestro. Así, "actualmente son habituales franquicias de uno o dos millones de euros, cuando anteriormente se situaban entre los 20.000 y 30.000 euros".

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De esta forma, coincide en que las empresas del sector están teniendo problemas para asegurarse, ya que hay "falta de capacidad del mercado para ofrecer soluciones que cubran el 100% de la operación". De hecho, el experto indica que las aseguradoras están estableciendo cláusulas conocidas como risk quality que obligan al cliente a realizar grandes inversiones para adecuar sus instalaciones a requerimientos solicitados en plazos determinados. También hay complicaciones, en la misma línea, con las renovaciones.

Otro problema se ve cuando hay un siniestro y el asegurado quiere cobrar la indemnización. El problema, avisa Antonio Velasco, director de mercados de March R.S., es que en muchas situaciones las regularizaciones de existencias y de pérdida de beneficios no han sido realizadas por los clientes, "y en algunos casos encontramos infraseguros que sí afectan a la baja en el cálculo de la indemnización".

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Los brókeres están optando por un grupo de aseguradoras que se hagan cargo del seguro. También están organizando visitas de inspección con antelación a los requerimientos de las propias empresas para alertar a los clientes de normas incumplidas con tiempo, indica Velasco. Asimismo, apostilla el ejecutivo de March R.S., "la falta de capacidad en el mercado español está haciendo que los brókeres busquemos soluciones en mercados alternativos, como reaseguro facultativo en mercados de Reino Unido o Estados Unidos, pero son soluciones que encarecen mucho el coste del seguro".

Álvaro Borderías, de Marsh España, enumera varios factores que monitorizan las aseguradoras y que son fundamentales para que suscriban riesgos: existencia de sistemas de extintores, hidrantes exteriores, abastecimiento de agua, sistemas de bombeo y red de protección contra incendios, sistemas de detección automática de incendios, control adecuado de salas eléctricas y salas de baterías y también de almacenamientos externos, sistema de sectorización o sistemas adecuados de extinción automática de incendio con rociadores.

Algunos siniestros, además, han acabado en conflicto judicial, como es el sonado caso de Aldanondo, empresa que era antes de un incendio el líder en fabricar quesos Idiazábal, la denominación de origen vasca. El incendio ocurrió en 2018, y Generali se negó a pagar en primera instancia y, después, no hubo acuerdo entre las partes sobre la cuantía. Una sentencia obligó a la aseguradora a pagar 29 millones, pero ha recurrido al Supremo. Mientras, Aldanondo no ha podido reconstruir su nave y está sin trabajadores y sin producción.