Las enmiendas de PSOE-UP abren la veda a los recursos contra el impuesto a los ricos

El Ejecutivo no se esconde y deja claro, y por escrito en su propuesta para el nuevo impuesto a los ricos, que tiene un fin armonizador, además de recaudatorio. Se trata de un argumento que usarán los departamentos jurídicos de comunidades autónomas del PP para pleitear contra el nuevo impuesto, que nace con un carácter temporal de dos años, pero con la puerta abierta a que se extienda.

El Gobierno ha presentado el texto con la primera propuesta para establecer el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas en una enmienda sobre la Proposición de Ley con la que crea, también, impuestos para la banca y las energéticas. Los abogados fiscalistas estaban a la espera de saber cómo se iba a configurar el nuevo tributo para asesorar a los patrimonios afectados con cambios en sus estructuras y para evaluar las posibilidades de pleitear.

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Una de las cuestiones más controvertidas es si se puede considerar que el Ejecutivo invade competencias, ya que Patrimonio está cedido a las comunidades autónomas. Hacienda lo que hace es proponer un nuevo impuesto, no tocar Patrimonio, pero copia este tributo y señala que tiene un fin recaudatorio pero también armonizador.

De esta forma, los abogados consideran que las formaciones socialista y morada, que han elaborado la enmienda con la primera propuesta de impuesto, dan munición a los que quieran litigar contra el mismo. Hay dos frentes. Por una parte, las comunidades autónomas más beligerantes con el mismo, especialmente el Gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid, que ya dijo que acudirá al Constitucional. La otra vía, explican algunos fiscalistas, es que los grandes patrimonios afectados recurran la liquidación, después de presentarla para evitar multas, con el argumento de que es anticonstitucional o confiscatorio, según cada caso. Los abogados están aconsejando iniciar el trámite tras tributar en junio, para lo que tendrán que ir a los tribunales económico administrativos y, después, acabar en el Supremo o en la Audiencia Nacional.

Lo que está claro es que el Gobierno ya ha abierto la veda para que se inicie el proceso de recursos y pleitos, una vez que se conoce el diseño del nuevo impuesto, que copia al de Patrimonio. La configuración del nuevo impuesto "coincide básicamente con el del Impuesto sobre el Patrimonio, tanto a su ámbito territorial, exenciones, sujetos pasivos, bases imponible y liquidable, devengo y tipos de gravamen, como en el límite de la cuota íntegra".

También se mantiene lo que se conoce como escudo fiscal: que la cuota de Patrimonio y Renta no puede sobrepasar el 60% de la base imponible del IRPF, con un máximo de reducción del 80% en la tributación del nuevo tributo. Los tipos aplicables serán del 0% hasta tres millones, del 1,7% entre esta cifra y los 5,34 millones; del 2,1% hasta los 10,7 millones, y del 3,5% en adelante.

Además de la meta recaudatoria, aludiendo a la solidaridad exigida a las grandes fortunas, el Gobierno habla de que hay un objetivo “armonizador”. Deja por escrito que pretende “disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas CCAA, especialmente para que la carga tributaria que los contribuyentes residentes en aquellas CCAA que han desfiscalizado total o parcialmente el Impuesto sobre el Patrimonio no difiera sustancialmente de la de los contribuyentes de las CCAA en las que no se ha optado por reducir la tributación por dicho impuesto".

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El trámite para el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas nace a través de una enmienda con el objetivo de que se aprueba antes del 31 de diciembre para que se devengue en junio el actual ejercicio, en un ‘timing’ para el que no hay precedentes, y que también servirá de argumento contra el tributo.

Otro argumento con el que trabajan los abogados que estudian pleitear es que Hacienda ha optado por la vía más compleja, según el comité de expertos que designó hace un año el propio ministerio que dirige María Jesús Montero. Los expertos, coordinados por el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Jesús Ruiz-Huerta, analizaron cuatro opciones para armonizar Patrimonio, y concluyeron que superponer un impuesto estatal era la vía más compleja, que es por la que ha optado Hacienda.

En concreto, esta propuesta “supondría una profunda modificación de nuestro ordenamiento” y tendría la mayor “complejidad técnica”, señaló el Libro Blanco que presentaron en febrero, y que quedó marzo en algún cajón. Las otras tres opciones barajadas por los expertos, ordenadas de más a menos complejidad y de menos a más limitación de la autonomía fiscal, eran establecer un sistema de cesión para que el Estado y las comunidades puedan regular, a partir de una única base imponible, un tramo estatal y otro autonómico; que la norma estatal regulase todos los elementos del impuesto hasta la base imponible con un tope máximo para elevar el mínimo exento, y establecer horquillas sobre el mínimo exento, la tarifa y las deducciones y bonificaciones.