La inflación se come 70.000M del ahorro de las familias y 'ayuda' con 16.000M al Estado

La represión financiera coge impulso. La inflación se disparó en diciembre hasta el 6,7% interanual en España, lo que supone máximos desde 1992. E implica una erosión sin precedentes recientes para el ahorro más conservador, tanto en depósitos como en seguros de vida o fondos de inversión sin riesgo, productos que aglutinan gran parte del dinero de los españoles.

La luz es la principal variable que impulsa el IPC, aunque la inflación subyacente (sin energía ni alimentos perecederos), la que más vigilan los bancos centrales, ya ha tocado el 2,1%. Mientras que se intensifica el debate entre expertos sobre si habrá efectos de segundo orden, la inflación que provoca inflación por actualización de rentas o contratos, el impacto a corto plazo es notable para las familias españolas.

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En realidad, se trata de la represión financiera que busca el Banco Central Europeo (BCE). Esto es, que los tipos de interés bajos o negativos penalicen el ahorro conservador e incentiven el gasto y la inversión, facilitando además el endeudamiento para invertir.

La represión financiera ya existía antes de la crisis sanitaria, con rentabilidades reales negativas (descontando la inflación) en los últimos años. El retorno de los depósitos o de la deuda a corto plazo no alcanzaba los niveles de inflación antes del covid. Pero esta vez hay un retorno promedio del 0,04% frente a un IPC anual del 6,7% en diciembre. Cada euro en depósitos ha perdido entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, de media, un 6,66% de su poder adquisitivo.

Una escalada tan repentina amenaza los planes del BCE y el equilibrio entre acompañar la recuperación para generar una inflación sostenida a medio plazo del 2% y la presión por este impulso de precios a corto plazo que alimenta las críticas de los miembros más heterodoxos, como los halcones alemanes. La institución que preside Christine Lagarde ya ha iniciado la cuenta atrás para retirar los estímulos, reduciendo ya las compras que lanzó contra los efectos del covid con el objetivo de terminar en octubre.

Por ahora, lo que está claro es que la inflación perjudica a los ahorradores y beneficia a los deudores. Con números, se ve fácilmente el efecto ocurrido en 2021. Los hogares españoles tenían 916.681 millones en cuentas corrientes y depósitos en el cuarto trimestre de 2020, según datos del Banco de España. Este montante se ha visto erosionado con la inflación, ya que las familias, lejos de haber invertido o consumido parte de esta montaña de ahorro, la han aumentado a lo largo del año.

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Las cuentas son sencillas con esa cifra. La inflación ha devorado en un año 61.050 millones de poder adquisitivo de este ahorro. Pero el deterioro no se queda ahí, dado que el dinero en cuentas y depósitos ha crecido hasta sobrepasar los 1,016 billones (millones de millones) de euros, a lo que se suman seguros de vida y fondos conservadores, tanto monetarios como de renta fija. El golpe sobrepasa holgadamente los 70.000 millones.

Este efecto negativo contra la riqueza de los ahorradores no es una destrucción de valor en la economía, sino un trasvase. Hay muchos agentes económicos que se ven beneficiados, al menos a corto plazo, siempre que esta inflación no frene la recuperación económica, ya sea por lastrar el consumo o por provocar una retirada más rápida de lo esperado de los bancos centrales.

Los ganadores son aquellos agentes económicos que vean cómo se incrementan, en términos nominales, sus ingresos por la inflación, y están endeudados. Esto es evidente con los alquileres. Es fácil imaginar una persona física que está pagando una hipoteca por un piso en el que no vive, sino que lo tiene alquilado. Suponiendo que sea a tipo variable, la cuota no sube porque el euríbor sigue en negativo, pero sí lo harán sus ingresos si se actualizan con el IPC. Hay un efecto riqueza favorable automático. También para empresas inmobiliarias que tengan inmuebles alquilados y deuda, donde el efecto será mayor.

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Aunque quizás en donde es más evidente es en el Estado. Esto ya ocurrió tras la II Guerra Mundial. Las potencias aliadas que vencieron en la guerra, especialmente Estados Unidos, se endeudaron para pagar tanques, aviones, soldados y, en última instancia, la investigación y el desarrollo de las bombas nucleares estadounidenses a tipos bajos. En los siguientes años, la Reserva Federal (Fed) y otros bancos centrales mantuvieron a raya los tipos pese a la inflación, mientras el PIB crecía hasta devolver a los niveles anteriores la ratio de deuda sobre PIB.

La variable que mide el crecimiento es la variación real del PIB. Es decir, descontando la inflación. Y esto debe ser así para ver la creación de riqueza de una economía. Pero para la evolución de la ratio de deuda sobre PIB, lo relevante es comparar la evolución de la deuda con el crecimiento nominal. En un periodo de inflación, con los tipos reales negativos para no encarecer el ‘stock’ de deuda, hay un descenso automático sin necesidad de recortes del gasto o aumento de impuestos para elevar la recaudación.

En 2021, por ejemplo, siguiendo en este caso las previsiones de BBVA Research, el PIB español acabará el año en 1,193 billones, con un crecimiento real del 5,2%, y nominal del 6,3%. La ratio de deuda pública acabará, según las proyecciones del servicio de estudios del banco, en el 119,8%, lo que supone un endeudamiento de más de 1,4 billones.

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La diferencia entre el crecimiento nominal y el real permite al Estado haber incrementado su deuda en 16.000 millones sin haber elevado más su endeudamiento. O, dicho de otra manera, sin este repunte de la inflación que abre una brecha entre el crecimiento nominal y el real más que en años anteriores, serían 16.000 millones que no podría haber destinado a gasto público o ayudas como los ERTE sin empeorar su posición financiera.

La tendencia continuará, al menos, otros dos años, según las previsiones del BCE. La autoridad monetaria no prevé subir tipos de interés el próximo año, y si lo hiciera en 2023, sería muy tenue. Pero proyecta una inflación en la eurozona del 3,2% en 2022 y del 1,8% en 2023. En estos años, prevé un crecimiento real del PIB del 4,2% y del 2,9% respectivamente. Solo con no tener déficit, los Estados reducirán su ratio de deuda pública en los próximos dos años, como ocurrió a gran escala en la recuperación de posguerra.