La AN amplía un mes la pieza secreta de la presunta estafa con 'criptos' de 280 M

El juicio por una presunta estafa con criptomonedas se demora un mes más. La Audiencia Nacional ha ampliado un mes, hasta finales de noviembre, la pieza secreta por la presunta estafa con criptodivisas de Algorithms Group, empresa al frente de la cual se encontraba Javier Biosca, para poder completar las diligencias autorizadas el pasado 23 de octubre.

En su auto, el juez señala que las razones de esta prórroga son facilitar el cumplimiento del auxilio judicial requerido y dirigido al esclarecimiento de los hechos y a la averiguación de los presuntos responsables, así como el grado de participación de cada uno de ellos y culminar así con las diligencias autorizadas por los autos que se dictaron el 23 de octubre de 2021.

El presunto líder de la trama, Javier Biosca, declaró ante el juez como imputado por un presunto fraude piramidal de inversión con criptomonedas que podría superar los 280 millones de euros; estaba previsto que declara por segunda vez el pasado 17 de septiembre, pero su testimonio fue aplazado.

TE PUEDE INTERESAR

La 'cripto' inspirada en 'El juego del calamar' se hunde al huir sus creadores con el dinero

Cotizalia

Biosca, en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado 8 de junio, negó que su intención fuera estafar a nadie y achacó la suspensión de los reembolsos al bloqueo de los bancos a los cambios de criptomonedas a moneda de curso legal. Asimismo, desvinculó de los hechos investigados a su mujer, Paloma Gallardo, y al hijo de ambos, Sergio, a los cuales se les ha retirado el pasaporte. Entre las diligencias ya practicadas destaca el registro de la casa de la madre de Javier Biosca, donde se encontró un ordenador portátil cuyo contenido fue volcado y copiado para ser analizado.

La abogada Emilia Zaballos, que representa a más de 500 afectados por la presunta estafa y ha promovido la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, ha pedido al juez que vuelva a interrogar a Paloma Gallardo y se decrete su entrada en prisión, por el riesgo que existe de destrucción de pruebas, entorpecimiento de la acción de la justicia o eludir la acción de la misma.