La guerra de demandas en banca privada mete miedo a los asesores de los ricos

“Las entidades han conseguido que los banqueros tengamos miedo a movernos”, asegura un veterano asesor de altos patrimonios en un banco del Ibex. La batería de demandas por competencia desleal, laborales o por mala praxis ha dinamitado los ánimos en un sector que, pese a su 'glamour' y la inflación de salarios de los últimos años, ofrece rentabilidades y márgenes cada vez más reducidos para la banca.

Hasta hace tres años, las demandas eran cuestiones esporádicas e inusuales en banca privada, pese a la continua rotación de banqueros. Pero desde el baile de fichajes que hubo entre 2017 y 2019, se ha intensificado la litigiosidad, lo que está metiendo miedo a los banqueros, que siguen recibiendo llamadas porque los fichajes son la vía más inmediata para crecer llevándose a clientes de la competencia.

Julius Baer protagoniza uno de los primeros embrollos jurídicos de esta ronda de demandas que ha salpicado a varias entidades, tras la salida de más de 170 clientes con un patrimonio superior a los 300 millones de euros en el banco dirigido en España por Carolina Martínez-Caro. El banco suizo interpuso una demanda por competencia desleal solidaria contra cuatro exbanqueros y contra Auriga y Quadriga. Asimismo, el banquero estrella y epicentro de este lío, Víctor del Rey, que acumulaba una antigüedad de 18 años (15 en Merrill Lynch y otros tres en Julius Baer tras la compra de la banca privada internacional), demandó a la entidad suiza por despido improcedente, y pide emolumentos no cobrados.

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Del Rey y otra exempleada que también fue despedida, Elena Merino, demandaron a Julius Baer y perdieron en la rama laboral. Ahora queda pendiente la vía mercantil, en la que Julius Baer reclama 3,9 millones de euros. El proceso ha llegado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por una demanda del expresidente de Tubos Reunidos Pedro Abásolo, quejándose de que sus datos estén en un listado que ha circulado por dos peritos, Forrest Digital y Mansolivar, y en el proceso judicial. La agencia no admitió la demanda, aunque hubo recurso y también otro en el organismo homólogo de Suiza, la Edöeb.

Los juicios por lo mercantil de este proceso deberían haberse celebrado en abril y en julio, pero el covid y las restricciones asociadas para frenar la pandemia han cancelado estas vistas, que se esperan para finales de año o, incluso, 2021. Fuentes del sector apuntan a que se prevé que sea el primero del goteo de litigios de los últimos años, porque hay muchos más.

El caso de Julius Baer está haciendo ruido en el sector, pero puede que incluso más el conato de conflicto a tres bandas que implicó, antes de la pandemia, a CaixaBank, Bankinter y dos banqueros. Bankinter, que en los últimos años ha tenido una política agresiva de crecimiento en banca privada a través de agentes, reclutó a dos profesionales que estaban en el equipo de Altium, dentro del perímetro de CaixaBank Banca Privada.

CaixaBank llegó a cursar una demanda por competencia desleal que retiró ‘in extremis’ tras varias reuniones tensas con sus exempleados Emilio Antón y Guillermo Laborda y alcanzar un acuerdo. Según fuentes financieras, Bankinter canceló el contrato de agencia con los dos banqueros. El proceso causó un terremoto entre los profesionales del sector.

Otro nombre propio importante es el de Banca March, que cambió la estrategia en banca privada y la política de remuneración de los banqueros para, según defiende siempre el grupo mallorquín, eliminar el riesgo de que haya redes pseudoagenciales. El resultado fue una rotación de varias decenas de banqueros entre 2017 y 2018, y tres demandas diferentes, según fuentes del sector.

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March presentó demandas que aún están por resolver contra UBS, Diaphanum y banqueros que ficharon estas entidades, así como contra empleados que se movieron como agentes a Bankinter en la Comunidad Valenciana. UBS se llevó una decena de banqueros en 2017, como Alejandro Vidal o Juan Orbe, mientras que Diaphanum hizo lo propio en País Vasco. Precisamente, esta sociedad de valores está presidida por Rafael Gascó, que también tuvo una disputa con su anterior casa, Andbank, que se saldó con un acuerdo.

Todas estas demandas son novedosas, ya que apenas hay casos anteriores comparables. Según fuentes jurídicas, hay un precedente en el sector que anima a estas demandas, ya que una entidad consiguió demostrar que un exempleado se descargó para su uso posterior datos de clientes mientras estaba en plantilla, ganando un pleito contra la entidad en la que recaló el banquero.

¿De quién es el cliente?

El debate habitual en el sector es si el cliente es del banquero o de la entidad. Antes tenía menor importancia, explican fuentes de banca privada, porque el sector crecía con fuerza por diversas razones. El propio crecimiento económico y, con ello, de la renta disponible de los ahorradores, el ciclo alcista en los mercados, la regularización de patrimonios que estaban antes en Andorra o Suiza, o la venta de empresas familiares ante el apetito del capital riesgo en la última década engordaban el perímetro de banca privada, que se suele estimar en el entorno de 500.000 millones de euros.

Pero en los últimos tres años se ha ido agotando este ciclo mientras que, de forma paralela, ha habido una inflación de salarios en los banqueros. Cada vez que se mueven de un sitio a otro, es con un incremento de su remuneración, ya sea fija o, más habitualmente, por bonus, con emolumentos que llegan a superar el medio millón de euros al año.

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Asimismo, las comisiones han seguido una tendencia a la baja porque es más difícil cobrar en un entorno de tipos de interés bajos o negativos, por la presión regulatoria que encabeza MiFID II y por la competencia creciente de jugadores independientes y de las renovadas estrategias de la banca tradicional, con los jugadores suizos o americanos defendiendo también su cuota. Todos estos ingredientes invitan a pensar en un proceso de concentración que no llega y que por ahora conduce a un juego de casi suma cero con márgenes descendentes.

Los banqueros creen que las entidades están intentando marcar precedentes y desincentivar fichajes que llevan aparejada la fuga de clientes, que son la vía más evidente para crecer a corto plazo. Hasta el punto de que algunas incorporaciones ya se realizan con compromiso de no agresión. A finales del mes pasado, Singular Bank, el nuevo proyecto de Javier Marín, fichó a Carlos Vázquez, banquero hasta entonces de Edmond de Rothschild, tal y como avanzó ‘Bolsamanía’. Vázquez, que será jefe de equipo, llevaba algo más de un año en la entidad suiza, y se ha comprometido a no tocar clientes.

Las demandas no son solo por competencia desleal, también hay varios casos por supuesta mala praxis. Banco Alcalá, propiedad en un 85% de Crédit Andorra, interpuso a principios de 2019 una querella por delitos de administración desleal, estafa y descubrimiento de secretos empresariales contra Frank Martínez, que fue consejero delegado entre 2011 y 2017, y contra Héctor Mora, ex responsable de Cataluña y Baleares, área clave de la entidad. El juzgado número 10 de Barcelona sobreseyó la causa en noviembre de 2019, según fuentes jurídicas, al considerar que no había evidencia de que estuvieran montando un proyecto mientras trabajaban en Banco Alcalá, como había denunciado la entidad.

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El proceso que sigue su curso es el que mantiene BBVA contra el que era uno de sus banqueros estrella, J. F., que trabajó en el asesoramiento de clientes que se acogieron a la regularización de patrimonios procedentes de Suiza con la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro de 2012, y que en los últimos años era una pieza importante del área de grandes patrimonios en Madrid, con clientes que cuentan con al menos dos millones para invertir, y cuya operativa procede del antiguo Privanza.

El banco descubrió que estaba realizando operaciones para tres clientes con ETF apalancados contra la volatilidad, que estaba en mínimos a principios de 2018, dejando las cuentas al descubierto. El banquero dejó BBVA cuando se conoció internamente la operativa, y el banco deshizo las posiciones de los clientes y restituyó el dinero, poniendo más de 50 millones, que es la cantidad que reclama por tres posibles delitos: falsedad en documentación mercantil, administración desleal y fraude.

La volatilidad se disparó en febrero de 2018, pero BBVA había vendido los ETF previamente, asumiendo el daño. Asimismo, inició una investigación interna a partir de la que en verano de ese año decidió despedir a sus tres responsables, aunque admitió que no tuvieron conocimiento ni culpa en las acciones del banquero. Estos tres ya exejecutivos también han demandado por la vía laboral al banco.

BBVA, de hecho, está inmerso en otro proceso judicial de más envergadura y notoriedad por el caso Villarejo en la Audiencia Nacional, en el que la entidad está imputada como persona jurídica. El otro gran banco español, Banco Santander, también tiene un proceso glamuroso pendiente, ante la demanda de un banquero, pero con mayores cifras que los citados anteriormente. Tras la cancelación de su fichaje como consejero delegado, Andrea Orcel reclama 112 millones. La vista previa se celebrará el 14 de septiembre.