EN LA REVISIÓN DE MIFID II

La CNMV se abre a prohibir totalmente las retrocesiones en la venta de fondos

El supervisor español asegura a la Comisión Europea que apoyaría esta medida extrema en minoristas si se aplica también a los ‘unit links’. También pide otras mejoras de MiFID II

Foto: Sebastián Albella, presidente de la CNMV. (EFE)
Sebastián Albella, presidente de la CNMV. (EFE)
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La industria española de fondos se ha articulado durante muchos años a través de las retrocesiones, que son las comisiones que se queda el vendedor y no la propia gestora. Pero la normativa de MiFID II, que está revolucionando la distribución de productos de inversión, ha limitado su uso. Y en el futuro podrían desaparecer, según se desprende de un documento enviado a la Comisión Europea por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La institución presidida por Sebastián Albella acaba de enviar a la Comisión Europea sus comentarios sobre la normativa que regula la gestión y el asesoramiento de inversiones y los mercados en el contexto de una consulta pública para su revisión que lanzó Bruselas en febrero. En esta respuesta, la CNMV se abre a una prohibición total de los incentivos de terceros al distribuir fondos o asesorar al cliente cuando es público minorista, que es el universo donde es más común la cesión de comisiones. Es decir, las retrocesiones.

Antes de MiFID II, llegaron a suponer más del 70% de las comisiones que paga el partícipe por la gestión de sus fondos, y aún superan la mitad. Entre 2016 y 2018, representaron el 57,2%, según un análisis de María Isabel Cambón, Juan Ángel Gordillo y Gema Pedrón, los tres del departamento de Estudios y Estadísticas de la CNMV, que está incluido en el último boletín trimestral del supervisor.

MiFID II entró en vigor en Europa el 3 de enero de 2018, aunque en España se transpuso tarde y por partes entre 2018 y 2019. El Ministerio de Economía, primero con Luis de Guindos y luego con Nadia Calviño, usó el margen que dejaba la directiva europea para, a instancias de la CNMV, ser más duro que otras legislaciones al restringir estos incentivos. También es cierto que en otros países las retrocesiones y los riesgos de conflictos de interés al seleccionar fondos no son tan evidentes.

La CNMV va ahora un paso más allá. “La CNMV respaldaría una evaluación de la posible introducción de una prohibición de incentivo completa para todos los productos minoristas en toda la Unión, siempre que (esto es muy importante) la prohibición se aplicara no solo a los productos MiFID sino también a productos similares a MiFID, como los instrumentos de seguro de inversión, para garantizar la igualdad de condiciones necesaria”, señala el supervisor.

También señala a los 'unit links'

Así, abre la puerta a ir más allá, aunque condiciona el apoyo a que también se restrinjan los incentivos sobre instrumentos de inversión en los que no tiene competencias, ya que menciona como ejemplo los seguros de vida para invertir. Esto es, los ‘unit links’, que al ser seguros están supervisados en España por la Dirección General de Seguros (DGS) y en Europa por Eiona y no por ESMA, instituciones europeas que coordinan la regulación de seguros y mercados respectivamente. Aunque ESMA, en un análisis para Bruselas, deja claro que los costes de distribución no son incentivos.

Sin embargo, los profesionales enfocados en la distribución de ‘unit links’ advierten de que la CNMV cada vez tiene más influencia en el mundo de la inversión a través de pólizas. Tanto es así que la ley de distribución de seguros que se está tramitando en el Congreso restringe las retrocesiones para los corredores que trabajen con ‘unit links’. Hay una enmienda para evitarlo, ya que podría provocar que el corredor que distribuye un ‘unit link’ cobre al venderlo, pero nunca más, pese a que tendrá obligación de prestar asesoramiento durante toda la vida del vehículo, que puede eternizarse al pasar al heredero.

“Es justo decir, en cualquier caso, que una prohibición completa de incentivo, en esta etapa, tendría un fuerte impacto en los modelos de negocio de muchas empresas”, admite la CNMV en el documento enviado a Bruselas. Por ello, prosigue en línea con un asesoramiento técnico de ESMA a la Comisión Europea, pide una evaluación “profunda y granular, que incluya aspectos como el impacto que el régimen de incentivos MiFID II ya ha tenido en la distribución de productos de inversión minorista en toda la Unión”, así como comparar los modelos de distribución que ha habido estos dos años en los Estados miembro y ver riesgos y consecuencias no deseadas de una prohibición.

En España, solo se pueden cobrar retrocesiones si en la oferta se incluyen fondos de terceros, hacer un seguimiento de las carteras del inversor al que se venden estos productos o mejorar el asesoramiento no independiente con servicios adicionales. La CNMV destaca que “la legislación española es más estricta en este campo que otras”, incluyendo la prohibición de que los grupos bancarios sorteen la norma con dividendos. Es decir, que el banco deje de recibir retrocesiones de su gestora pero esta mantenga las comisiones y eleve el pago de dividendos al grupo, algo que recomienda a la Comisión Europea estudiar para incorporarlo a la revisión de MiFID II.

La venta de fondos cada vez es más importante para los bancos, dado que venía suponiendo una creciente —aunque ha caído con la crisis del coronavirus— fuente de ingresos a través de comisiones. El efecto de pasar a clientes de depósitos a fondos (desintermediación de clientes, en la jerga) es positivo doblemente para los bancos, por incrementar sus comisiones y evitar la penalización del exceso de liquidez de hasta el 0,5% por parte del Banco Central Europeo (BCE).

En este sentido, las retrocesiones han caído porque los bancos han incentivado otros esquemas, principalmente la gestión discrecional de carteras. Se trata de portafolios de fondos, principalmente propios, aunque también incluyen de terceros, para diferentes perfiles de riesgo. El cliente paga una comisión explícita por estar en una de estas carteras, además de las implícitas que llevan los fondos que están dentro, y no hay retrocesiones.

El volumen de activos en gestión discrecional alcanzó los 77.221 millones a 31 de diciembre, según los últimos datos de la patronal Inverco. El 93%, según la asociación, corresponde a inversores minoristas. Apenas un tercio, el 36%, está en fondos de terceros. El resto es de fondos del propio banco, que recibe ingresos de la comisión de gestión de la cartera y por la comisión del fondo. La CNMV emitió en diciembre un análisis con un ‘tirón de orejas’ a la industria al detectar “un reducido número de gestoras” con la “mala práctica” de cobrar comisiones por distribuir sus propios fondos en carteras del grupo.

CaixaBank es líder en gestión discrecional de carteras, con 26.521 millones, un 45% sobre el volumen total de fondos de la gestora, incluidos fondos de terceros y alternativos. Banco Santander no facilita los datos, mientras que BBVA tiene 11.944 millones, lo que equivale al 32% de los 37.099 millones que tenía de patrimonio en sus fondos al cierre de abril. En Bankia, las carteras de gestión discrecional pesan un 18% del patrimonio gestionado en fondos, con 3.414 millones. El porcentaje es similar en Bankinter, con 1.400 millones. Banco Sabadell, por su parte, cuenta con 2.432 millones en gestión discrecional, el 16% respecto a su patrimonio en fondos, que está en 15.144 millones, o el 10% si se compara con la suma de activos gestionados y asesorados. En Ibercaja, la cifra en carteras gestionadas es de 1.853 millones, equivalente al 13% de los 13.396 millones en fondos, según datos de la patronal Inverco. Entre los bancos más especializados en servicios de inversión, los porcentajes son mayores. Andbank, por ejemplo, cuenta con 554 millones en gestión discrecional de carteras, frente a un volumen en fondos propios de 950 millones, o el 10% del total gestionado entre fondos propios y de terceros.

Sin análisis de 'small caps'

Otra cuestión relevante que incluye la Comisión en sus comentarios a la consulta pública es lo que en la jerga se conoce como ‘unbuilding’, que consiste en la separación entre los gastos de brokeraje y los de análisis. Tradicionalmente, el bróker imputaba un coste al fondo en el que incluía tanto el de su actividad como análisis de empresas y sectores. Pero MiFID II exigió que se separaran y los fondos publicaran si la gestora asume los costes de análisis o sus clientes, al imputarlos al fondo.

La mayoría de las gestoras optó por la segunda opción, aunque lo más importante de la medida es que muchas pequeñas y medianas empresas cotizadas se quedaron sin cobertura. “Está afectando significativamente a la cantidad y, probablemente, también a la calidad de la investigación disponible para los gestores de carteras y fondos”, avisa la CNMV, que cree que “es preocupante en el clima macroeconómico actual y en el contexto del relanzamiento del proyecto CMU (Unión de Mercados de Capitales)”, añade.

En este sentido, el supervisor sugiere dar marcha atrás, poniendo el foco en la transparencia sobre estos costes para evitar conflictos de interés. Si no, hay riesgo de implicaciones contraproducentes como perjudicar la financiación a ‘small y mid caps’, evitar la existencia y desarrollo de firmas de inversión locales que enriquezcan los ecosistemas de financieros o perjudicar la calidad de gestión, además de que se impulse el servicio de análisis pagado por las propias empresas analizadas.

Por otra parte, la CNMV rechaza crear una figura adicional a las de inversor profesional y particular o minorista, ya que no ha detectado problemas al respecto y, en gran parte de sus comentarios, lo que pide es simplificar la normativa. De hecho, aboga por hacer más sencilla la información sobre costes en inversores profesionales.

En la misma línea, también cuestiona que haya que analizar la idoneidad en un mismo cliente para cada inversión distinta. “Los inversores profesionales deberían poder, por ejemplo, suscribirse a una ‘declaración de política de inversión’ con sus asesores que establezca objetivos y restricciones de inversión y solo requiera pruebas de idoneidad renovadas cuando estos objetivos o restricciones cambien”, recomienda la CNMV.

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