El pacto PSOE - Podemos rescata la 'tasa Tobin' y apunta a los 'mariachis' en las sicav

Ya hay pacto entre PSOE y Podemos de cara al intento de investidura de Pedro Sánchez. El texto consta de 50 páginas, con incrementos impositivos para las rentas más altas, regulación del alquiler o derogación de la ‘ley mordaza’. También hay puntos clave para muchos inversores, como el impuesto sobre las transacciones financieras, mal apodado ‘tasa Tobin’, presión sobre las sicav y un incremento impositivo para las rentas de capital de más de 140.000 euros. Por su parte, no toca el incentivo fiscal a los planes de pensiones, que la formación morada proponía eliminar en su programa electoral.

El documento no especifica cuál será esa tasa, aunque en el proyecto de presupuestos para 2019 fue del 0,2% para títulos de compañías cotizadas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. Lo que único que dice el acuerdo es que se aprobará el impuesto “consistente en gravar las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero”.

La tasa es una amenaza para Bolsas y Mercados Españoles (BME), en pleno proceso de venta con la oferta pública de adquisición (opa) de su homólogo suizo SIX y posibles nuevas pujas. La Bolsa de Madrid ya es una de las más caras de Europa, hecho que podría agravarse con una tasa específica que ya existe en Francia, solo que allí Euronext impone costes más competitivos. Según cálculos de BME, la tasa del 0,2% multiplicaría en 66 veces el coste de comprar un título español. Asimismo, se producirían situaciones como que para un inversor local sea más barato comprar una acción de Wall Street que del Ibex 35.

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Otro punto relevante para los inversores es el que afecta a las sociedades de inversión de capital variable (sicav). Son vehículos son instituciones de inversión colectiva (IIC) como fondos o planes de pensiones, que al igual que estos, tributan un 1% del beneficio. Su peculiaridad es que cotizan en el mercado alternativo bursátil (MAB) y cualquiera puede acceder a ellos, pero la realidad es que se han usado como instrumentos de banca privada.

Dicho de otra manera, cualquier persona puede tener una cartera de inversiones y tributará por cada plusvalía o dividendo. Pero si la cartera es una sicav, tiene un trato mejor. Para ello, debe haber al menos 100 partícipes. Muchas fortunas copan el 99% del capital del vehículo y el resto se reparte entre accionistas facilitados por la entidad depositaria o gestora, y que se conocen en la jerga como ‘mariachis’.

Todos contra las sicav

En otros países, como en Luxemburgo, las sicav son como fondos de inversión. En España de forma son como otras IIC, pero de facto son instrumentos de banca privada. En la política española ha habido cierto consenso en los últimos años sobre atacar la figura de los ‘mariachis’, aunque ningún Gobierno ha dado pasos al respecto. PP lo incluyó en su programa con Mariano Rajoy al frente -con Pablo Casado ya no-, así como Ciudadanos, PSOE o Podemos.

En el nuevo acuerdo para investir a Pedro Sánchez, se especifica que los órganos de inspección de la Agencia Tributaria tendrán competencia para declarar el incumplimiento de los requisitos, entre los que se incluirá un tope a la concentración de capital en manos de un mismo inversión, incluyendo participación de personas físicas o jurídicas.

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Si esta idea sale adelante, será el fin definitivo de muchas sicav. Aunque también hay vehículos que son de verdad una IIC, la mayoría tiene la citada concentración. Por ejemplo, Morinvest, de Alicia Kopolwitz, tiene 109 accionistas, pero uno de ellos cuenta con el 99,78% del capital, valorado actualmente en 526 millones de euros. Otro ejemplo habitual es el de Swift Inversiones, de la familia Del Pino, con 250 accionistas. Dos de ellos tienen el 99,9% del patrimonio.

La patronal de gestoras, Inverco, recordó este año que las sicav generan 30.000 puestos de trabajos, entre directos e indirectos, y aportan ingresos fiscales para Hacienda de 340 millones anuales. Sea como fuere, la tendencia es a que se reduzca el número de sicav. Muchas sociedades, ante la amenaza fiscal, se han transformado en carteras de gestión discrecional, ‘unit link’, otro tipo de sociedades o se han mudado a Luxemburgo.

En el segundo trimestre, según los últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, actual supervisor de las sicav), había 2.455 sicav con entre 100 y 300 accionistas. Es decir, vehículos susceptibles de tener ‘mariachis’. El número representa el 93% de las sicav, aunque se ha reducido un 24% desde el cuarto trimestre de 2015.

El castigo para las grandes fortunas puede ser doble. Además de perseguir a las sicav que no son de facto IIC, PSOE y Podemos plantean un tipo estatal cuatro puntos superior al actual para las rentas generadas vía capital de más de 140.000 euros, lo que supone añadir un cuarto tipo impositivo. Actualmente, estas rentas se gravan en un 19% hasta los 6.000 euros; un 21% para cantidades entre 6.000 y 50.000 euros; y un 23% para las ganancias en adelante de esta cuantía. Ahora, se establecería un 27% para el beneficio a partir de 140.000 euros.

El documento también incluye un escueto punto para las socimi, vehículos para lo que “se reformará el régimen jurídico y fiscal”, “aplicando un gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos”. Por otro lado, refleja que habrá un plan de actuación para Sareb, el banco malo, con el fin de que se garantice la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulse la utilización de viviendas para alquileres sociales. También se evitará que la vivienda de protección pública se venda o se explote por fondos buitre.