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BBVA hace la calculadora de pensiones que debería (por ley) hacer el Gobierno
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la seguridad social incumple la ley de 2011

BBVA hace la calculadora de pensiones que debería (por ley) hacer el Gobierno

El banco ha presentado la herramienta ‘BBVA Future Planner’, que estima la pensión futura y plantea estilos de vida para el ahorro. La Seguridad Social aún incumple la ley de 2011

Foto: Sede de BBVA. (Reuters)
Sede de BBVA. (Reuters)

Los españoles tendrán que recurrir a herramientas del sector privado para tener una estimación de su futura pensión, a pesar de que la Seguridad Social debe “informar” sobre esta cuantía a los cotizantes, según la ley de 2011, la última reforma consensuada. Ocho años después, tras los Gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez sigue incumpliéndose esta norma.

[Calculadora de pensiones de BBVA]

El texto fue claro, pese a que los ministerios de Fátima Báñez y Magdalena Báñez, lo han omitido. Al menos parcialmente, al no ofrecer información sobre la futura pensión teniendo en cuenta el ritmo actual de cotización a la Seguridad Social, la inflación futura y los topes máximos para la pensión.

BBVA ha lanzado una herramienta para ello, “la primera para planificar económicamente el futuro a través del móvil”. Así ha presentado el banco ‘BBVA Future Planner’, instrumento con el que pretende fomentar el ahorro a largo plazo y desintermediar el dinero de depósitos a fondos o planes de pensiones.

Foto: Foto:Corbis

El año pasado la gestora de BBVA fue la que más creció en captación de dinero junto a la de CaixaBank, y tiene los mayores éxitos comerciales con los fondos Quality, con los dos productos españoles con más patrimonio. Son fondos de fondos -un mixto conservador y un moderado- con dos y tres estrellas Morningstar, clasificación que va de una (los peores) a cinco (los mejores) por rentabilidad y riesgo respecto a competidores. Sin embargo, la red de BBVA ha exhibido músculo comercial en un momento en el que por los tipos al 0% para las entidades es más rentable captar recursos fuera de balance (fondos, planes, etc) que en balance (depósitos).

Desde BBVA confirman que la herramienta tiene en cuenta la inflación, con lo que los datos de la pensión futura están a valor presente, y tiene en cuenta los topes, ya que el máximo actual es de una mensualidad de 2.659 euros. Sin embargo, la información que ofrece la Seguridad Social en caso de simularla a través de su página web es mucho más optimista, ya que no deflacta ni limita, con lo que para un cotizante mileurista con dos décadas para trabajar en adelante, la cifra estimada será de una pensión de más de 3.000 euros mensuales.

Protestas

La industria de activos bajo gestión, con asociaciones como Inverco -de gestoras- y Unespa -de aseguradoras-, ha puesto el grito en el cielo desde hace años con este tema. Aunque tampoco los fondos de pensiones están ofreciendo la información sobre la futura pensión complementaria.

Lo curioso es que el Gobierno publicó un Anteproyecto de Ley en diciembre desarrollado por Economía transponiendo una directiva europea sobre planes de pensiones con el que sí obliga a estos productos a realizar la simulación que la Seguridad Social evita. La ley de 2011, aprobada con consenso entre partidos y agentes sociales bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, expresa que la Seguridad Social “informará a cada trabajador sobre su futuro derecho a la jubilación ordinaria prevista”.

La Seguridad Social nunca ha hecho el ejercicio activo de informar, aunque llegó a presupuestarse el envío de una carta durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy, nunca se llevó a cabo. La solución fue establecer de forma pasiva la posibilidad de informarse en la Seguridad Social, pero con datos sin deflactar ni limitar por pensión máxima. Es decir, creando ilusión monetaria. O “desinformando”, según los más críticos.

Los españoles tendrán que recurrir a herramientas del sector privado para tener una estimación de su futura pensión, a pesar de que la Seguridad Social debe “informar” sobre esta cuantía a los cotizantes, según la ley de 2011, la última reforma consensuada. Ocho años después, tras los Gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez sigue incumpliéndose esta norma.

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