Calviño acelera MiFID II para evitar una multa desde Bruselas y el "caos" en la banca
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lleva medio año de retraso

Calviño acelera MiFID II para evitar una multa desde Bruselas y el "caos" en la banca

La normativa sobre la gestión y el asesoramiento de inversores lleva medio año de retraso. La CNMV espera que se apruebe en 2018, aunque el sector cree que no será así

placeholder Foto: La ministra de Economía, Nadia Calviño. (EFE)
La ministra de Economía, Nadia Calviño. (EFE)

España tiene experiencia en transponer directivas europeas con retraso, y MiFID II no va a ser una excepción. La esperada norma sobre la gestión y asesoramiento de inversiones acumula medio año de retraso. El sector aún no conoce el reglamento definitivo, los ejecutivos admiten caos en privado y entre medias ha habido un cambio de Gobierno.

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que ahora dirige Nadia Calviño, se ha encontrado numerosos frentes abiertos. Pero entre los más acuciantes están las transposiciones de directivas europeas. Por ejemplo, MiFID II. Fuentes de Economía confirman que el equipo de Calviño ya está analizando informes al respecto tras la evaluación del Consejo de Estado para acelerar la tramitación. La directiva europea entró en vigor el 3 de enero, con cambios con los que la industria trabaja ya por ser de directa aplicación pese a no conocer el texto final, y hasta entonces hay varias incógnitas.

Junto a MiFID II, la normativa sobre pagos PSD 2, una de las grandes preocupaciones de la banca, también está empantanada. En este caso, Bruselas ya ha abierto un procedimiento de infracción a España porque la legislación española debería haberla recogido el 13 de enero. Si el trámite se sigue demorando, España podría ser multada por ambas directivas. “Normalmente se inicia con un aviso por parte de la Comisión, y en caso de que no se lleven a cabo medidas, se podría trasladar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es quien podría imponer sanciones”, señalan desde FinReg.

Foto: Román Escolano, ministro de Economía. (EFE)

Desde Economía hay malestar por la falta de celeridad previa y los retrasos acumulados en la transposición de directivas comunitarias. Calviño, después de su experiencia en Europa, está muy comprometida con acelerar las transposiciones pendientes. De esta forma, quiere evitar procesos sancionadores que, pese a tener cuantías reducidas, dañan la imagen de España en el ámbito comunitario.

Estas normas para el sector financiero deben pasar por el Congreso, aunque fuentes de la industria dan por hecho que, al ser reglamentos técnicos enfocados a la protección del consumidor financiero, no habrá problemas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) confía en que MiFID II se apruebe este año, según explicó su presidente, Sebastián Albella, el mes pasado. Aunque en el sector se da por seguro que el mercado llegará a 2019 sin el reglamento definitivo.

Por ahora, “cada entidad interpreta MiFID II de una forma”, lamenta un ejecutivo, que habla de “caos” y de que aún no se ha producido el aumento de transparencia de costes que persigue la norma. Ahora mismo hay varios modelos de cobro funcionando en la industria de forma simultánea, lo que no es un problema. Pero sí que se entrelacen y hagan difícil para el cliente discernir cuál es la opción más barata o adecuada a sus intereses. “Aún no está claro cómo MiFID II y otras normativas han llegado al cliente final. Va a suceder y habrá una mejoría de la situación, pero por ahora choca con la simetría de información entre entidades y clientes y la poca cultura financiera”, señala Josep Soler, delegado ejecutivo de EFPA España.

Comisiones diferentes

Ahora mismo coexisten varias opciones de cobro. Está la ejecución, en la que el banco o distribuidor vende un producto al cliente, obligatoriamente al mejor precio posible, lo que está reduciendo los márgenes del servicio, históricamente basado en la retrocesión (parte de la comisión que se queda el vendedor). Por otro lado, los bancos están potenciando las carteras gestionadas, con las que cobran una comisión de gestión e invierten el patrimonio del cliente en fondos, siempre en las clases más baratas. Por último, están el asesoramiento no independiente, que permite a las entidades retroceder comisiones si lo justifican con más información y oferta de terceros para los clientes, y el asesoramiento independiente, donde se cobra explícitamente por el mismo.

Por ahora, ejecutivos consultados por este medio admiten que no se está haciendo lo mismo en banca comercial que en banca personal para patrimonios medio-altos o en banca privada para grandes fortunas, con comisiones fijas, variables o mixtas en función de los resultados. Asimismo, varias entidades están potenciando el perfilado del cliente y la figura de los fondos de fondos para cumplir con MiFID II.

El Ministerio de Economía, aún con Luis de Guindos, aprobó en diciembre un reglamento básico sobre el funcionamiento del mercado y los sistemas de contratación, una pequeña parte de la abultada normativa europea. Pero el grueso queda pendiente, aunque todo parece indicar que seguirá las pautas de una nota de prensa de economía hace medio año, en la que rechazaba el supuesto que pedía el ‘lobby’ del sector financiero para cobrar retrocesiones, valorando la red de oficinas de la banca como un valor añadido.

Foto: Dinero

La industria de fondos está pendiente del equipo de Calviño por MiFID II y por el ansiado alquiler de acciones, que por ahora tendrá que esperar. Se trata de una vieja reivindicación de Inverco, patronal española de las gestoras. Desde inversores bajistas a cámaras de compensación (BME Clearing en España) suelen tomar prestados valores para su actividad. Los fondos internacionales que tienen acciones españolas pueden alquilarlas, pero los fondos locales no.

Inverco pide que se permita esta práctica para que haya una vía extra de rentabilidad mediante las comisiones que se cobran por el alquiler, que va de 20 a 30 puntos básicos. El Consejo de Estado dio luz verde a la propuesta en 2008, pero quedó enterrada primero con la crisis, y después con los cambios políticos. Con la llegada de Román Escolano se reabrió el objetivo de aprobar una orden ministerial, que no tendría que pasar por el Congreso. Tras someterse a consulta pública, el siguiente paso sería la audiencia pública, pero Economía va a posponerlo. Tiene otras prioridades.

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