El administrador de Banco Madrid reclama tres millones a Meliá por el edificio de Colón

Banco Madrid pagó tres millones a Meliá Hotels en 2013 para poder acometer una remodelación de su edificio en la Plaza de Margaret Thatcher, una plazoleta anexa a la de Colón, en la capital de España, cuyo solar es propiedad de la hotelera. Con la intervención de la filial del andorrano BPA y las elecciones municipales y autonómicas, el proyecto quedó en nada, y ahora los administradores han demandado a la empresa de la familia Escarrer para reclamarle la devolución de la cantidad. Asimismo, han abierto un nuevo frente contra la CNMV, ya que han recurrido ante la Audiencia Nacional la retirada de su licencia como depositario de fondos por parte de la CNMV.

Lo que pretendían los gestores de Banco Madrid era construir más plantas en su edificio para igualr la altura de los colindantes, los hoteles Meliá Fénix y Sanvy (propiedad de NH). Para conseguirlo, debía solicitar lo que se denomina "derecho de vuelo y cesión de aprovechamientos urbanísticos futuros", que es para lo que efectuó el pago de tres millones a Meliá como propietaria del solar, ya que era preciso hacer un desarrollo de la plaza que debía contar con la aprobación del ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid.

A pesar de que el edificio en que tenía su sede la entidad española era propiedad de su matriz, BPA (Banca Privada d'Andorra), el pago fue realizado por Banco Madrid. Así pues, de entrada la filial no debería haber desembolsado ese dinero, sino que debería haber corrido a cargo de la matriz, a juicio de los administradores Francisco Vera y Pedro Bautista Martín. Pero, además, como la entidad no ha conseguido ningún provecho de esa inversión por su propia intervención y por los cambios en los gobiernos municipal y autonómico, consideran que se ha ocasionado un perjuicio a Banco Madrid, según se recoge en el primer informe trimestral sobre el estado de la liquidación de Banco Madrid.

 

 

Técnicamente, lo que han presentado los administradores es una acción rescisoria al amparo del artículo 71 de la Ley Concursal, que implica que el contrato entre Banco Madrid y Meliá no debió haberse firmado nunca, es nulo y, por tanto, debe resolverse y anularse sus efectos, que en este caso se limitan al abono de los citados tres millones a la hotelera. De ahí que solicite su restitución a la filial española, para incluirlos en la masa con la que se hará frente al concurso de acreedores.

Nuevo frente contra la CNMV

Los administradores de Banco Madrid también han reabierto la guerra que les ha enfrentado con la CNMV desde que tomaron las riendas de la entidad intervenida. Como ha venido informando El Confidencial, consideraron inicialmente que el efectivo de los fondos de inversión y sicavs mantenido en la entidad como depositario debía pasar a formar parte de la masa concursal, el famoso 'agujero negro', algo que impidió el supervisor que preside Elvira Rodríguez. Posteriormente, Martín y Vera llegaron a plantear que, como todo el dinero de estos productos estaba en una única cuenta, les correspondían solo los 100.000 euros que asegura el Fondo de Garantía de Depósitos a repartir entre todos los partícipes. De nuevo, la CNMV plantó cara a los administradores y finalmente estos se rindieron, lo que permitió el inicio de los reembolsos del dinero de los partícipes.

Ahora, los administradores han impugnado ante la Audiencia Nacional la decisión de Rodríguez de retirar la autorización a Banco Madrid para actuar como depositario de fondos porque consideran que "tiene incidencia directa en la obligación legal de la Administración concursal de elaborar el plan de liquidación y de conservación de la masa activa, pues el acuerdo impide la enajenación en conjunto de su negocio de depositaría". Es decir, esta suspensión deja sin valor un negocio que se podría haber vendido y por el que se podría haber obtenido algo en la liquidación, a su juicio. La CNMV inadmitió un primer recurso en septiembre, por lo que ahora recurren a la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia.

En el citado informe también se recoge que la Fiscalía Anticorrupción no respondió a la invitación de los administradores para examinar el contenido de las cajas de seguridad del banco en busca de posibles pruebas de blanqueo de capitales u otros delitos. De esta forma, los clientes han recuperado sus pertenencias sin contratiempos, e incluso hay todavía pertenencias depositadas en una notaría a la espera de que sus dueños las recojan.