El Estado afronta otros 800 millones por la sentencia del Supremo sobre preferentes

La sentencia publicada la semana pasada por el Tribunal Supremo sobre las participaciones preferentes de CatalunyaCaixa abre la puerta a unas consecuencias muy serias para el dinero de los contribuyentes. Si todos los ahorradores que aún no han recuperado su dinero lo reclaman y los tribunales les dan la razón siguiendo al Supremo -o si se pone en marcha un proceso automático de devolución-, el coste para el erario público puede superar los 800 millones. Algo que se deriva del dinero que no se devolvió en los arbitrajes y de las garantías otorgadas por el FROB (el fondo público de rescate bancario) en las ventas de Novagalicia (hoy Abanca) y la citada CatalunyaCaixa.

El fallo del alto tribunal echa por tierra la premisa de la que partían los arbitrajes realizados por estas dos entidades y por Bankia, que consistía en que los clientes con mayor patrimonio e inversiones en otros productos complejos eran conscientes de qué eran las preferentes y de sus riesgos, por lo que no procedía devolverles el dinero. Sin embargo, el Supremo establece que el hecho de tener conocimientos financieros o un elevado patrimonio no anula la mala comercialización de estos productos y, en consecuencia, el derecho de los clientes a recuperar su dinero.

Lo lógico es que los tribunales inferiores apliquen este criterio a partir de ahora en todas las sentencias y que eso, a su vez, constituya un efecto llamada para que los ahorradores que no hayan reclamado hasta ahora en los tribunales lo hagan. El problema es que, si esto es así, el principal 'pagano' de la devolución de todas estas cantidades será el Estado, puesto que es propietario al 100% de BFA, la matriz de Bankia en cuyo balance están las preferentes, y porque asumió el 85% de este coste para 'endulzar' la privatización de CatalunyaCaixa y Novagalicia y conseguir, teóricamente, un mejor precio por estas entidades.

Abanca: 165 millones, pero Escotet paga primero

¿De cuánto dinero estamos hablando? En el caso de las antiguas cajas gallegas, el arbitraje dirigido por PwC devolvió el dinero a 58.017 clientes, por importe de 496 millones. Tras su venta al venezolano Banesco de Juan Carlos Escotet en diciembre de 2013, este llegó a un acuerdo con otros 20.200 afectados, lo que dejaba a más de 33.000 sin recuperar el dinero. A la entidad, rebautizada como Abanca, le quedaban 194 millones en provisiones para estas contingencias al cierre de 2014. Banesco consiguió esa garantía pública por el 85% del coste, y el FROB estima que tendría que hacer frente a una pérdida máxima de 165 millones.

Fuentes cercanas al fondo de rescate explican que, en todo caso, no hará frente a ningún pago mientras persista una deuda superior de Escotet con el Estado español. Hay que recordar que, hasta la fecha, solo ha abonado 400 de los 1.003 millones en que se fijó la venta de la entidad; por tanto, todavía debe 600. Mientras esta deuda sea mayor que lo que el FROB debe a Abanca, se netearán ambas cantidades y el Estado no pondrá dinero adicional. El FROB ya impidió a Escotet pagarse dividendos el año pasado mientras no abonara una parte mayor del precio.

CatalunyaCaixa: faltan unos 80 millones

En cuanto a CatalunyaCaixa, el arbitraje realizado en su caso por Ernst & Young devolvió 463 millones a 68.349 clientes tenedores de preferentes y subordinada. Tanto en el caso de esta entidad -vendida a BBVA en verano de 2014- como en el de la gallega, no hace falta devolver todo el dinero porque los afectados ya cobraron parte del mismo mediante la liquidez que les concedió el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Únicamente les queda por recuperar las dos quitas sufridas (conocidas popularmente como 'la quita y la requita'), la primera impuesta por la Comisión Europea y la segunda, por el propio FGD.

Este recorte se situó en una media del 32% de la inversión en el caso de la entidad catalana, y como tenía algo más de 1.700 millones emitidos, el total reclamable asciende a unos 555 millones. A eso hay que restar los 463 millones ya devueltos, lo que deja un importe pendiente de 92 millones que pueden solicitar los 54.236 tenedores de estos instrumentos que no recuperaron su inversión en el arbitraje. Y de eso, el FROB se haría cargo del 85%, lo que supone unos 78 millones.

Bankia: 500 millones, pero puede necesitar más

Finalmente, queda el caso de Bankia, que es más complicado. Aquí no existió esa liquidez del FGD, ya que las preferentes se canjearon por acciones cotizadas que el cliente podía vender en bolsa. Según la Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos (preferentes y subordinada), de los 6.231 millones emitidos por Bankia, el arbitraje devolvió 2.166 millones; es decir, quedan 4.065 millones teóricamente reclamables, de los que 1.749 corresponden a solicitudes de arbitraje rechazadas y el resto a clientes que no acudieron a este proceso.

Ahora bien, eso no significa que puedan reclamar todo ese dinero: hay mucha gente que ya ha recuperado el dinero en los tribunales, otros pudieron vender las acciones recibidas con beneficio -es el caso sobre todo de la deuda subordinada- y, en todo caso, lo que habría que devolver es la diferencia del valor de las acciones recibidas en ese momento con la inversión inicial, es decir, la quita. La entidad no ha facilitado a El Confidencial una aproximación a la cifra que se podría reclamar.

BFA, la matriz de Bankia cien por cien pública, tiene todavía provisionados unos 500 millones después de gastarse los citados 2.166 del arbitraje y de las condenas sufridas con posterioridad, puesto que es la pérdida máxima esperada por estas reclamaciones (ese dinero ya se ha anotado como pérdida, pero si no se utiliza, revertirá en el futuro como beneficio, y eso es lo que dejará de ganar la entidad). Sumado a las cantidades de las otras dos entidades, salen aproximadamente los 800 millones citados. Ahora bien, si la sentencia del Supremo genera un efecto llamada, esta provisión puede quedarse corta y Bankia tendría que dotar más.

Desde la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri, señalan que la sentencia de CatalunyaCaixa no es aplicable a su caso. Primero, porque hay que probar que hubo mala comercialización (engaño) en todos los afectados; es decir, esto no es como la salida a bolsa porque no se basa en que las cuentas no fueran reales, sino en la venta del producto. Segundo, porque los criterios del arbitraje de Bankia no fueron fijados por la entidad -a diferencia de las otras dos- sino por la citada comisión donde están presentes Economía, Banco de España, CNMV y autoridades de consumo. Y tercero, porque aquí la pérdida se deriva de que las acciones recibidas de Bankia se desplomaron en mercado, algo que también han sufrido los accionistas que acudieron a las ampliaciones de capital realizadas por los principales bancos españoles en los últimos años.